Silvia Artavia. 23 enero
Wenceslao Rodríguez, presidente de Coopevictoria; Guido Vargas, de Coopeatenas; Juan Carlos Álvarez, gerente general de Coopeatenas; y Gonzalo Chaves gerente general de Dos Pinos, defendieron ante los diputados por qué se oponen al cobro del impuesto sobre la renta. Fotos de Diana Méndez.
Wenceslao Rodríguez, presidente de Coopevictoria; Guido Vargas, de Coopeatenas; Juan Carlos Álvarez, gerente general de Coopeatenas; y Gonzalo Chaves gerente general de Dos Pinos, defendieron ante los diputados por qué se oponen al cobro del impuesto sobre la renta. Fotos de Diana Méndez.

Se autodenominan “frente agropecuario de cooperativas” y, este miércoles 23 de enero, presentaron un documento a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para oponerse a que se les cobre el impuesto sobre la renta.

Se trata de 13 organizaciones que adversan el proyecto de ley 21.017, el cual propone que las cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones paguen un tributo sobre sus utilidades.

Si el plan se aprueba, Hacienda cobraría un 10% de impuesto sobre los excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones, así como un 20% sobre las ganancias superiores a los ¢750 millones.

El bloque que asistió este miércoles al Congreso está conformado por Coopeatenas, Coopevictoria, Cooprole (Dos Pinos), Coopemontecillos, Coopeagri, Coopepalmares, Coopelibertad, Coopetarrazú, Coopedota, Coopebrisas, Coopepuriscal, Coopronaranjo y Coopeleche.

“Estas cooperativas, juntas, representan a 27.500 productores y sus familias. Dan empleo a 8.000 personas e, indirectamente, a 80.000 personas, y son aliadas de la reactivación económica de las zonas rurales”, dijo Francisco Arias, gerente de Relaciones Corporativas y Ganaderas de Dos Pinos.

Las agrupaciones piden “que se respete la esencia del modelo cooperativo: la no sujeción de renta”, dicta el documento que le entregaron al presidente de la Comisión de Económicos, Pablo Heriberto Abarca.

Asimismo, solicitan que los legisladores hagan la diferencia entre una entidad de origen social, como las cooperativas –según ellos explican– y una de índole mercantil.

“Es importante arrojar luz a los señores diputados ante esas diferencias. Por ejemplo, el hecho de que somos una cooperativa conformada por personas, no por capitales... En una cooperativa como Cooprole, generamos excedentes que son ahorros de los asociados de la cooperativa, y no utilidades como tales”, prosiguió Arias.

Por su parte, Guido Vargas, presidente del consejo de administración de Coopeatenas, dijo que no están de acuerdo con el cobro del impuesto, sobre todo después de que la reforma fiscal aumentara de un 5% a un 10% el tributo a la repartición de excedentes de las cooperativas.

“Las cooperativas agropecuarias estamos más expuestas, todavía, porque tenemos que competir interna y externamente con los productos agrícolas y, además, porque hay efectos de clima. Nosotros no producimos; inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros”, expresó.

Abiertos a 'otros espacios de discusión’

En general, los cooperativistas piden que el proyecto de ley, tal y como está planteado, sea dictaminado negativamente y se archive.

Sin embargo, aclaran que estarían dispuestos a abrir espacios de discusión para analizar diferentes alternativas.

Además de Francisco Arias y Guido Vargas, en la comparecencia ante los diputados participaron Gonzalo Chaves, gerente general de Dos Pinos, Juan Carlos Álvarez, gerente general de Coopeatenas, y Wenceslao Rodríguez, presidente del consejo de administración de Coopevictoria.

A la audiencia también asistieron personeros del sector cooperativista de ahorro y crédito, quienes afianzaron su desacuerdo con el cobro del impuesto sobre la renta.

Daniel Mora, gerente general de Coocique, y Francisco Montoya, gerente general de Coopealianza, fueron los representantes.

La semana anterior, otras dos grandes cooperativas asistieron al Congreso para expresar su oposición al proyecto de ley 21.017.

En esa ocasión, Coopelesca alegó que el tributo impactaría las tarifas que cobran a los usuarios de servicios eléctricos, mientras que Coopesa dijo que se trataría de una “doble imposición tributaria” y que, por lo tanto, la medida sería “inconstitucional”.