El pasado jueves 16 de mayo coronó una semana de espanto para el gobierno de Carlos Alvarado, con un potencial riesgo para lo que viene.
Tres hechos propinaron golpes a la confianza; tomará mucho trabajo recuperarla.
El primero de los hechos ocurrió la noche del lunes, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunció que Costa Rica incumple con las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y, por tanto, le rebajó la calificación de seguridad aérea.
La decisión tiene como consecuencia que a las aerolíneas que operan con código costarricense, como Avianca o Volaris, no se les permitirá establecer nuevos servicios a los EE. UU. ni variar las rutas que ya tienen en ese país.
En síntesis, una mala gestión del Estado golpea al sector privado en un área estratégica para la economía del país: el turismo.
El otorgamiento de la categoría 2 significa que “la autoridad de aviación civil es deficiente en una o más áreas, como experiencia técnica, entrenamiento de personal, mantenimiento de registros o procedimientos de inspección”.
La mala nota a la Dirección General de Aviación Civil exige ponerse alerta sobre la labor de las numerosas y costosas oficinas del gobierno, encargadas de garantizar el buen funcionamiento de servicios indispensables para la población.
La labor ejecutiva, la que no depende de reformas legales ni de dinero, empieza a quedar en deuda.
El segundo de los hechos fue la revelación de que, desde la Casa Presidencial y bajo el conocimiento del presidente Alvarado, se le envió a la Cancillería una lista de personas para ser nombradas en consulados alrededor del mundo, la cual incluía a personas con fuertes vínculos políticos: partidarios del PAC, excandidatos a diputado del PAC, familiares de jerarcas actuales, exjerarcas de la administración de Luis Guillermo Solís y hasta el padrino de bodas del mandatario.
Según un memorando del despacho del canciller Manuel Ventura, a todos se les llamó a una capacitación para ser designados en consulados en países como China, Argentina, México o Ecuador.
¿Cuál es el problema? Que varios de ellos carecen de experiencia diplomática e, incluso, de las profesiones requeridas para ser cónsul: Derecho, Relaciones Internacionales o Economía.
Cuando reventó el asunto, el presidente Alvarado asumió la tarea de dar las explicaciones, el jueves, y alegó que habían hecho dos concursos para llenar las plazas y que ningún diplomático de carrera las ocupó.
Entonces, dijo, recurrieron a un registro de personas elegibles que había sido creado cuando formó su gobierno y de ahí salieron los nombres recomendados para nombrarlos por inopia (bajo el argumento de que no había oferentes).
Casualmente, muchos tenían vínculos con el PAC. El ligamen político no puede ser más evidente, cosa que la ciudadanía y el propio PAC le criticaron mucho a partidos como el PLN, por ejemplo, cuando ocurrieron casos similares en el pasado.
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Sin embargo, quizá lo que más costo tendrá será la declaración del presidente, quien alegó que los recomendados son personas con méritos y que el “pecado” de ellos es ser parte de un partido o tener una relación de confianza con él.
Esa posición se contrapone a lo que el Partido Acción Ciudadana (PAC) siempre propuso en campaña: nombramientos por concurso, abiertos al público, con igualdad de oportunidades para todos. Incluso se contradice con la decisión de abrir concursos públicos para llenar los puestos vacantes en las juntas directivas de instituciones públicas.
Hay muchos profesionales que podían cumplir con el perfil para ser cónsul.
El costo de este hecho es la confianza de la ciudadanía, la cual es un insumo indispensable para continuar adelante con las reformas que necesita el país. El gobierno se abrió un punto débil.
El tercer hecho es la decisión del gobierno de trasladar a la economista Edna Camacho del cargo de ministra de coordinación económica al de representante de país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington.
La presencia de Camacho le otorgó confianza al sector económico cuando fue anunciada para integrar el equipo gubernamental, luego de la alianza entre Rodolfo Piza y Carlos Alvarado antes de la segunda ronda electoral del 2018.
El presidente Alvarado argumenta que encontró una buena opción de poner a una persona que conoce las necesidades fiscales del país en un organismo de financiamiento internacional. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, asumirá la coordinación económica.
En la oposición, hay preocupación por lo sucedido. Bien lo dijo el presidente del Congreso, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides: “Ojalá que no se trate de un debilitamiento de un conjunto, de un gobierno que apostó por determinados objetivos y que, por las críticas que han recibido de ciertos sectores, comiencen a replegarse”.