El pasado miércoles 20 de marzo, diputados de seis partidos (Restauración, PLN, PUSC, PAC, Republicano y Nueva República) presentaron un proyecto de ley para permitirles a los trabajadores retirar el 100% del fondo de su pensión complementaria, al momento de retirarse, en lugar de recibir una pensión como tal.

Actualmente, el sistema permite al trabajador retirar la totalidad del fondo, alimentado por sus cotizaciones y por las de sus patronos, solo si la jubilación complementaria no supera el 10% de la pensión básica del IVM u otro régimen.

De no ser así, el dinero se le entrega en tractos mensuales como un ingreso adicional, durante su retiro, porque para eso fue creado el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP): para complementar la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyas finanzas están delicadas.

Aunque el jefe de fracción de Restauración, Carlos Avendaño, califica la restricción de "injusticia", el proyecto de ley podría crear injusticias peores.

El superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, criticó el proyecto el mismo día y ofreció datos importantes. Por ejemplo, en países donde se ha liberado el uso de estos recursos, el 70% de los pensionados acaba con el dinero en menos de 10 años. ¿Con qué se queda para el resto de la vida?

Además, Ramos estima que, en 20 años, el ROP podría equivaler al 30% de la pensión básica, lo cual no es despreciable. Esta podría ser la diferencia entre tener una pensión de ¢800.000 o tener una de ¢1 millón, por ejemplo.

El sistema fue creado en el año 2000. Conforme más años pasen, mayores serán las pensiones de los trabajadores que se retiren. Las primeras fueron concedidas a personas con pocos años de cotizar.

Algunos podrán alegar que quieren la totalidad del dinero para pagar deudas, pero pueden surgir riesgos, como abusos a personas mayores de edad o, simplemente, un malgasto con el consecuente riesgo de un empobrecimiento de la población adulta mayor.

En la Asamblea Legislativa, Álvaro Ramos ya les había advertido también a los cotizantes del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio, con razones técnicas, de que sus pensiones están en riesgo de perder poder adquisitivo. En general, las reacciones suelen atacar al mensajero con tal de no hacer cambios, en vez de analizar la advertencia.

La canasta y la dieta

El presidente Carlos Alvarado ofreció una declaración sobre la nueva canasta básica que pagará un 1% de IVA, en la que citó la necesidad de cambiar los gustos de la población hacia productos más nutritivos.

“¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Cambiar las actitudes y gustos para que esto sea más generalizado en el consumo (de alimentos sanos) de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la canasta básica en su diseño está hecha para proteger lo que sí está consumiendo la gente más humilde”, dijo el gobernante.

Su respuesta respondía a un cuestionamiento sobre algunos de los productos que quedaron excluidos, como el arroz integral, el apio, las lentejas, la fresa, el atún en agua y los embutidos de pavo, los cuales pagarán un 13% de IVA a partir de abril.

El asunto es que, según la ley, la canasta básica debe calcularse con base en las estadística de consumo de las clases con menos recursos. Uno deduciría, entonces, que las personas más pobres no consumen esos productos saludables, de ahí la crítica de que ahora, con un 13% de IVA, menos que los comerán.

El presidente Alvarado dijo que, con educación, se podría pensar en un cambio de cultura hacia "productos que son mucho mejores para la gente", pero ya se impuso una barrera económica. Tendría que pensarse en una canasta básica nutricional, en el futuro, o algo por el estilo.

Sin embargo, una vez más, falla el aparato de comunicación del gobierno en un tema tan sensible porque, si bien 29 bienes salieron de la canasta, esta última se compone de 188 entre los que hay productos nutritivos como la leche, el bistec, la carne molida, los huevos, la sandía, la cebolla, el tomate o el camote. Y el Ejecutivo no logra comunicar bien lo que hace, ni las razones.

Polémico viaje de Prendas

Esta semana, el diputado Jonathan Prendas, presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, confirmó que viajó a España financiado por un empresario del sector de tecnología. El legislador trató de bajarle el piso al asunto, rehusando responder preguntas con soltura.

El jueves, no obstante, la Procuraduría de la Ética anunció que denunció a Prendas, ante el Ministerio Público, por el posible delito de enriquecimiento ilícito y por supuestamente infringir el artículo 353 del Código Penal, donde se prohíbe a los funcionarios públicos recibir dádivas u obsequios.

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¿Qué cambia con la reforma a Ley de Armas?

El jueves, la Asamblea Legislativa aprobó una primera reforma a la Ley de Armas con la que se endurecen las penas por la posesión ilegal de armas.

En el debate final, por instancia principalmente del PLN, se modificó una moción para conservar la autorización para inscribir armas semiautomáticas en el país, es decir, las que se recargan en forma automática pero no disparan en ráfaga.

Este tipo de armas ya estaba permitido en la ley, pero un reglamento del Ejecutivo las había prohibido. El PAC intentó prohibirlas del todo alegando que las semiautomáticas se utilizaron en atentados como el de Nueva Zelanda en donde, por cierto, las acaban de proscribir.

Aparte de esta polémica, la reforma tiene su parte positiva, pues endurece sustancialmente las penas de cárcel por portar y poseer armas de manera ilegal. Ya esta práctica dejará de ser una falta menor que se resuelva con trabajo comunal. Esta es la descripción de las nuevas penas: