Política

En Corrillos Políticos: Proyectos del FMI por el camino largo

El lunes 19 de julio, los diputados aprobaron en segundo y último debate el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez superada la confrontación por el fallido nombramiento de Ottón Solís en la OCDE.

El préstamo recibió 44 votos a favor, seis más de los 38 necesarios para la aprobación de un endeudamiento internacional.

Este financiamiento, que superará los ¢1,1 billones, permitirá al Gobierno acceder a recursos a una tasa de interés más barata de la que podría conseguir en el mercado interno.

El crédito tiene un plazo de diez años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés del 2,05%.

Sin embargo, este es solo el comienzo de una nueva ruta política en pos del saneamiento de las finanzas públicas y la estabilidad económica.

El crédito va de la mano con la agenda de proyectos fiscales que Costa Rica pactó con el FMI, en enero de este año, por un periodo de tres años.

El país se comprometió a aplicar un conjunto de medidas que generen un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el 2023. Un superávit primario consiste en que los ingresos superen a los gastos, sin contar en cuenta el dinero que se va en el pago de intereses de la deuda.

Adicionalmente, la deuda pública debe bajar a un 50% del PIB para el 2035. El año pasado, el endeudamiento cerró en casi un 70% del PIB y, en mayo de este año, estaba en un 68,2% de la producción.

El FMI no desembolsará los $1.778 millones en un solo pago, sino que lo hará en seis tractos semestrales sujetos al cumplimiento de las medidas acordadas.

El acuerdo para sanear las finanzas públicas incluye los siguientes proyectos:

-Una reforma al empleo público

-La introducción del esquema de renta global

-La eliminación o reducción de exoneraciones fiscales (incluido salario escolar)

-El impuesto a los premios de lotería superiores a ¢225.000

-Modificación del tributo a las casas de lujo

-Un aporte de utilidades de las empresas públicas a la deuda pública

-Eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones de Gobierno

De estos, el único plan que ha sido aprobado es el de empleo público, el cual ya está en revisión de constitucionalidad por parte de la Sala IV, después de haber sido aprobado en primer debate.

El tribunal constitucional tiene plazo hasta el próximo lunes 2 de agosto para emitir su pronunciamiento, el cual marcará el futuro de la reforma.

Los demás proyectos del acuerdo con el FMI están repartidos en tres comisiones distintas y están en etapas incipientes.

La Comisión de Jurídicos tiene los planes de reforma al impuesto de casas de lujo, reducción de exoneraciones fiscales y el impuesto a los premios de la lotería superiores a ¢225.000.

En el foro de Económicos, están la reforma a la Ley General de Aduanas y la iniciativa para que, de sus utilidades, las empresas públicas aporten recursos para el pago de la deuda pública.

Por último, Hacendarios tiene el expediente de renta global, así como el de eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones.

Este 31 de julio, vence el actual periodo de sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno dirige la agenda de proyectos del Congreso.

Por los próximos tres meses, la agenda dependerá de los diputados. El Gobierno la retomará el 1.° de noviembre por otro periodo de tres meses.

En ese marco, es de importancia resaltar que los diputados rechazaron la idea de crear una comisión especial para tramitar los proyectos de la agenda del FMI, similar a la que tramitó los planes de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) descartó la opción, al tiempo que su candidato presidencial, José María Figueres, afirmó que analizará los proyectos con sus diputados en las próximas semanas “para estar seguros que lo que se propone por parte del Poder Ejecutivo es lo mejor”.

Figueres, además, insiste en que, mientras la Sala IV termina de revisar el plan de empleo público (para lo cual faltan apenas diez días), se debe abrir un espacio de diálogo con sindicatos y empresarios, a fin de determinar si el texto se puede mejorar.

Por su parte, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales, desechó la idea de la comisión especial del FMI al afirmar que “no es momento de pensar en comisiones adicionales”.

Esta propuesta la había hecho, meses atrás, su compañera de fracción, la presidenta legislativa Silvia Hernández.Con estas condiciones, aunque el PAC y el Gobierno traten de retomar la idea, la comisión especial no tiene viabilidad sin el apoyo del PLN, sobre todo porque otras fracciones tampoco darían sus votos.

Por ejemplo, Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC, advirtió de que la agenda fiscal no es prioridad para su partido.

Además, con la campaña electoral próxima a empezar (el 6 de octubre), el único plan del acuerdo con el FMI que podría avanzar en el corto plazo es la reforma al empleo público. Los demás tendrán que pasar por el camino largo en tres comisiones.

Condonación a deudores

Por otra parte, esta semana, la mayoría de diputados también alcanzó un acuerdo para impulsar con fuerza el proyecto de condonación para deudores de la CCSS.

El martes 20 de julio, en la Comisión de Económicos, los legisladores rechazaron más de 40 mociones del frenteamplista José María Villalta, quien no asistió a la sesión.

De esa manera, el plan entró al plenario legislativo y, el jueves, recibió un espaldarazo del Gobierno cuando la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, les pidió a los jefes de fracción darle prioridad.

El mismo día, los diputados pusieron el texto en el primer lugar de la agenda, lo que permitió abrir el periodo de un día para que reciba mociones de reiteración. Villalta presentó 13 reiteraciones.

Así, existe una amplia posibilidad de que el proyecto sea sometido a primer debate el próximo martes 27 de julio o en los días siguientes.

Antes de pasar el plan al plenario, la Comisión de Económicos sí aprobó una moción para que la CCSS pueda poner en práctica la condonación tres meses después de que la ley sea firmada por el presidente Carlos Alvarado, si esta supera todos los procesos pendientes.

Este proyecto autorizaría lo siguiente:

-Condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas a la CCSS.

-Condonar a los patronos el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.

Esta semana, también trascendieron las siguientes noticias de importancia:

-Un error en el sistema de digitación de resultados infló en 40.000 votos la participación de ciudadanos en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del pasado 27 de junio.

-El Informe del Estado de la Región 2021, divulgado el jueves 22 de julio, advirtió de que la democracia perdió terreno en Centroamérica durante los últimos cinco años, ante la mayor presencia de señales claras de autoritarismo en cuatro de seis países del área.

Nicaragua se consolidó como un régimen autoritario durante los 14 años del segundo mandato de Daniel Ortega (en el primero duró otros 11 años). En tanto, con el presidente Nayib Bukele, El Salvador se unió a Guatemala y Honduras en la categoría de regímenes híbridos, debido a las muestras de concentración de poder, corrupción y faltas en el sistema de pesos y contrapesos.

-El miércoles 21 de julio, los diputados otorgaron el mérito de beneméritas de la patria a 14 mujeres que lograron marcar historia y romper con los roles de género de su época.

El reconocimiento hace honor a los legados de estas costarricenses en sectores como la ciencia, la cultura, la política y el arte.Asimismo, se saldó una deuda histórica con las mujeres, pues de los 126 benemeritazgos otorgados hasta agosto del 2019, solo seis correspondían a mujeres.

-Cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron un escrito, ante la Sala Constitucional, para solicitarles a los magistrados que no admitan la consulta facultativa sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público presentada por la Corte Suprema de Justicia.

En el documento, los congresistas alegan que la consulta de la Corte Plena fue presentada de forma extemporánea, pues la gestión de los magistrados se produjo después de que el expediente legislativo 21.336, sobre la reforma al empleo público, ya había sido entregado al Tribunal para que se analizaran tres consultas de constitucionalidad presentadas por diversos grupos de diputados.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.