En Corrillos Políticos: País desnudado económicamente ante la crisis del coronavirus

1- Para afrontar la crisis por el coronavirus, el gobierno primero ideó ceder temporalmente el dinero recaudado en impuestos a las empresas y trabajadores liberales por tres meses, una especie de financiamiento a tasa cero.

2- Luego, anunció que destinaría ¢1 billón a la atención de la emergencia, lo que denominó el plan Proteger. El programa se alimentaría de cuatro fuentes de financiamiento: dos créditos internacionales, superávits de instituciones públicas y una emisión de bonos del INS.

El presidente Carlos Alvarado dijo que la intención del plan, que equivale a un 3% del producto interno bruto (PIB), era proteger los puestos de trabajo y las empresas.

A su vez, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, específico que con ese dinero se podría ayudar a personas que vieran reducidos sus ingresos.

3- Originalmente, los dos créditos internacionales incluidos en el plan Proteger tenían el objetivo de atenuar el crecimiento “insostenible” de la deuda pública. La idea era sustituir deuda cara por endeudamiento más barato.

Ante la duda de qué pasaría con ese objetivo, el Ejecutivó alegó que estamos ante una emergencia y es necesario evitar una crisis estructural “que le cueste a generaciones y golpeé el desarrollo del país”.

En palabras de la ministra de Planificación, “la pandemia nos va a decir el destino final de los recursos”.

4- Antes de la aprobación del primero de los créditos, por un cuarto de billón de colones (el del CAF), el gobierno prometió por escrito que usaría los recursos para subsidiar a los afectados económicamente por la emergencia, así como para atención sanitaria y reestructurar la deuda.

5- El martes 24 de marzo, el gobierno envió el segundo préstamo al Congreso (el del BID-AFD), casi por otro cuarto de billón de colones, y dijo que el fin era cubrir los gastos normales del gobierno porque la crisis bajó la recaudación de impuestos y, tras de eso, se aprobó una moratoria en el pago de impuestos.

El texto del proyecto añadió que la discreta advertencia de que, sin ese dinero, tendrían que cortar los programas sociales, antes que cualquier otra cosa.

6- Ante las dudas del Congreso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, envió una carta al presidente legislativo para decirle que el Ejecutivo se comprometía a gastar ese otro cuarto de billón en atender la emergencia y, si sobra plata, para pagar deuda. Eso ocurrió el miércoles 25 de marzo.

7- Un día después, el ministro de Hacienda propuso un impuesto a los salarios públicos y privados mayores de ¢500.000, con el fin de reunir ¢360.000 millones junto con un impuesto temporal a los combustibles y un reacomodo de partidas del gobierno por ¢100.000 millones.

La intención, dijo Chaves, era subsidiar a los afectados económicamente por la crisis del coronavirus, aunque ya había pedido el ¢1 billón del plan Proteger para ese mismo fin.

8- En pocas horas, el presidente Carlos Alvarado salió a negar que quieran gravar salarios a partir de ¢500.000.

Y en Casa Presidencial, en plena conferencia de prensa, le pasaron un mensaje del presidente a la ministra de Planificación, quien había defendido la idea del impuesto, para que lo leyera ante las cámaras, al tiempo que la titular de Comunicación, Nancy Marín, afirmó que el ministro de Hacienda no debió hacer ese anuncio.

Luego, el viernes 27 de marzo, el presidente dijo que la intención es cobrar el impuesto solidario a los salarios mayores de ¢1 millón, lo que generaría unos ¢25.000 millones.

A la vez, anunció un primer presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones para otorgar subsidios de ¢200.000 mensuales, por tres meses, a 375.000 familias.

Este plan se nutrirá con un reacomodo de partidas por ¢100.000 millones en el Presupuesto de la República, así como con el dinero que se recaude manteniendo los precios de combustibles aprovechando la caída en el precio del petróleo.

9- El ministro de Hacienda reconoce a La Nación que el ¢1 billón (un millón de millones) del plan Proteger, solicitado por el coronavirus, se usará en parte para pagar salarios públicos y transferencias a instituciones, es decir, la operación normal del gobierno, porque bajaron los impuestos pero hay que seguir pagando altos gastos, incluidos los intereses de la deuda.

10- Mientras se han perdido más de 110.000 empleos y el Congreso y el gobierno autorizaron reducir salarios del sector privado hasta en un 75% durante la crisis por falta de ingresos, el gobierno, en el caso del sector público, solo detuvo el aumento salarial del 2020.

Muchas preguntas

Bajo este panorama, surgen las siguientes interrogantes:

¿Se equivocó el gobierno al decir originalmente que el ¢1 billón era para financiar la atención de la crisis? ¿Fue una manera equivocada de vender el plan al público y al Congreso?

¿Era iluso pensar que el gobierno podía renunciar a esos préstamos de reestructuración de la deuda pública? ¿Le salieron mal los cálculos?

¿Se equivocó el Ejecutivo al renunciar al cobro de impuestos por tres meses?

¿No ha hecho el gobierno el suficiente sacrificio en la contención del gasto durante la crisis?

¿Un país pequeño con una crisis fiscal severa no se pueda dar el lujo de dar subsidios sin renunciar a otras cosas?

¿Se debería hacer una reforma estructural drástica o esto empeorará aún más?

Fuertes advertencias

Una reciente entrevista con el expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, arroja una luz sobre la situación.

Él advierte que el país reaccionó ante la pandemia como si tuviera una situación fiscal muy cómoda y que el Estado requiere de una reforma estructural o, de lo contrato, no saldrá adelante.

Incluso, sugirió que el gobierno debería estar ya en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un ajuste. Son palabras duras, que muchos no querrán oír, pero la realidad nos golpea cada vez más en la cara.

No por nada, en medio de la crisis, la calificadora de riesgo Standard and Poor’s afirmó que el déficit fiscal de Costa Rica subirá al 8% del PIB en el 2020, en vez del 5,9% estimado por el Banco Central antes de la crisis.

Es decir, más de dos puntos porcentuales más, unos ¢666.000 millones.

La agencia advierte de un riesgo de rebaja en la calificación de riesgo del país en los próximos 12 meses debido a un mayor deterioro de las finanzas públicas, tanto por la contracción económica como por la moratoria en el pago de impuestos.

Francisco de Paula Gutiérrez, por cierto, calificó ese plan de moratoria como una “barbaridad”.

Standard and Poor’s añade que la calificación para Costa Rica podría bajar: “La perspectiva sigue siendo negativa, lo que indica el riesgo de una rebaja en los próximos 12 meses si, después de la pandemia, la administración de Carlos Alvarado y el Congreso muestran compromisos políticos desiguales para un ajuste oportuno del perfil fiscal del país”.

En otras palabras, considera que se requiere de una cirugía mayor.

No obstante, insiste Standard and Poor´s, la posible rebaja en la calificación se fundamenta en la falta de compromiso “acertado, consciente y oportuno” del sector político costarricense para revertir el déficit fiscal, advertencia que otras agencias han hecho en el pasado.

El gran problema es la incapacidad para reaccionar, han señalado.

Este viernes 27 de marzo, el presidente Carlos Alvarado les envió una nota a los organismos financieros multilaterales para pedir ayuda económica excepcional en cuanto a interés, período de gracia y tiempo de pago.

Alegó que países en desarrollo y sin espacio fiscal suficiente “se ven limitados en su capacidad de respuesta, y eso los expone significativamente”, lo que hace urgente facilitar las condiciones de financiamiento.

El tiempo dirá si los organismos aceptan financiar, con condiciones excepcionales, sin mayores sacrificios o reordenamientos por parte de los gobiernos.

Por otra parte, hace bien el gobierno al proponer un impuesto único a las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS) en lugar del desorden de cargas actuales, que dificultan el orden de las finanzas públicas.

Lástima que el gobierno y el Congreso no pudieron ponerse de acuerdo para avanzar en la misma ruta con los recursos para atender la pobreza, pues eliminaron del proyecto de pensiones el artículo que habría permitido asignar recursos de acuerdo con las necesidades reales en vez de usar parámetros discrecionales, para cada institución, fijados por ley años atrás.

Se corre el alto riesgo de que las instituciones sean un fin, no un medio para atacar la pobreza.