En Corrillos Políticos: Las advertencias de los sindicatos por las pensiones de lujo

No hay que llamarse a engaño. La mayor parte de las pensiones de lujo está en manos de beneficiarios del Magisterio Nacional, el cual se nutre principalmente de los afiliados a los sindicatos Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), así como de los gremios de las universidades públicas.

Vamos punto por punto:

¿De dónde salen las pensiones de lujo? De ciertos regímenes exclusivos de jubilaciones que fueron creados, a lo largo de los años, para diversos tipos de funcionarios públicos: docentes, funcionarios de Gobierno, de Asamblea Legislativa y del Poder Judicial.

Se trata de sistemas que otorgaron beneficios demasiado ventajosos e impagables frente a las cotizaciones que hacían, por lo que el resto de contribuyentes terminó pagando la diferencia mediante el pago de impuestos.

En ellos, por ejemplo, las personas se pensionaban incluso a los 50 años y recibiendo hasta el 100% del mejor sueldo.

Ese es el caso del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR) y de los regímenes de Gobierno y Exdiputados, que hoy administra el Ministerio de Trabajo. ¿Exdiputados? Sí, lamentablemente, hasta 1996, el Estado les otorgó pensiones a los exdiputados sin importar la edad que tenían.

Aunque ese privilegio se eliminó en los 90, aún el país está pagando muchas de esas pensiones. Al menos, en el 2016, se les eliminó el aumento del 30% que se les otorgaba cada año.

Sin embargo, el régimen que más dinero consume es el RTR del Magisterio, el cual cubre a los docentes que empezaron a laborar antes de 1992.

Este sistema hoy tiene cerca de 43.000 pensionados y, en el 2018, les demandó a los contribuyentes ¢600.000 millones.

Estos beneficiarios sí cotizaron y, de hecho, más de lo que cotizan los afiliados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Sus aportes mensuales empezaban a partir de un 8,75% del salario y subían conforme más alto fuese el salario.

Sin embargo, esa cotización resultó insuficiente para pagar el costo tan alto de los beneficios. Los estudios más recientes de la Contraloría General indican que el 92% de las pensiones cargadas al Presupuesto Nacional se financian con impuestos y solo el 8% con cotizaciones, informó la Dirección Nacional de Pensiones.

En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, un estudio actuarial de la UCR determinó que, para recibir pensiones tan ventajosas, los afiliados tendrían que cotizar el equivalente al 50% del salario durante su vida laboral.

Ese informe fue presentado antes de la reforma del 2018. Por ello, fue necesario recortar beneficios y aumentar las cotizaciones para cerrar un hueco actuarial de ¢5,3 billones.

Volvamos al RTR del Magisterio. Entre sus 43.000 beneficiarios, hay pensiones desde los ¢50.000 hasta los ¢12 millones mensuales. Y aquí es donde tenemos que ver la cosas con "lujo" de detalle.

De estas 43.000 pensiones, hay un pequeño grupo de 6.200 beneficiarios que consume más de la tercera parte del presupuesto destinado a las pensiones del RTR del Magisterio: ¢214.000 millones de ¢600.000 millones.

A su vez, ese grupo lo podemos dividir en dos: uno de 4.300 personas cuya pensión promedio es de ¢2 millones y otro de 1.860 beneficiarios cuya jubilación media es de ¢4,1 millones. Este último grupo está bien nutrido por exfuncionarios de las universidades públicas.

En tanto, los regímenes de Gobierno y Exdiputados suman 18.000 beneficiarios que demandan ¢140.000 millones anuales. Entre ellos, también un pequeño grupo se lleva la mayor parte: 1.200 personas tienen una pensión promedio de ¢2,1 millones y 380 beneficiarios una de ¢5 millones.

Un proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, que fue dictaminado positivamente esta semana en la Asamblea Legislativa, pretende reducir el gasto en estas pensiones de lujo, incluyendo las del Poder Judicial, el cual tiene un fondo aparte.

La idea, que ahora tendrá que pasar por el plenario legislativo, es cobrarles una contribución solidaria (solidaria con el país) a todas las pensiones que superen los ¢2,2 millones mensuales.

Esa figura de contribuciones solidarias ya existe, pero se le cobra a muy pocos pensionados de lujo. En el RTR del Magisterio, solo la pagan 760 beneficiarios porque la ley actual únicamente se la exige a quienes reciban más de ¢3,9 millones, con el gran inconveniente de que 325 personas lograron librarse de este aporte solidario mediante resoluciones judiciales.

En los regímenes de Gobierno y Exdiputados, la contribución se cobra a partir de los ¢2,7 millones y, en el Poder Judicial, a partir de los ¢4 millones.

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Con el proyecto de la diputada restauracionista, tendrán que pagar la contribución solidaria 2.300 pensionados más del RTR del Magisterio, 600 de Gobierno y 830 del Poder Judicial.

Las contribuciones se cobrarían en forma escalonada sobre los montos que se excedan a partir de los ¢2,2 millones. Conforme más alta sea la pensión, más alta es la contribución.

En los sistemas de Magisterio y Gobierno, por ejemplo, se rebajaría un 25% sobre los primeros ¢550.000 después de los ¢2,2 millones, mientras que la deducción subiría a un 65% para cualquier monto por encima de los ¢5 millones.

Una pensión de ¢2,6 millones, por ejemplo, tendría que pagar ¢100.000 por contribución solidaria, aparte de la cotización y del impuesto de renta.

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Pero el proyecto de Xiomara Rodríguez, a su vez, provocaría que los mayores pensionados de lujo paguen todavía más por aporte especial solidario.

Así, para una pensión del Magisterio de ¢10 millones, el rebajo por contribución aumentaría de los ¢1,5 millones actuales a ¢1,9 millones.

Sin embargo, los sindicatos del Magisterio se oponen. De hecho, fueron ellos los que lograron que el gobierno de Carlos Alvarado retirara temporalmente, de la agenda legislativa, los proyectos para reducir el gasto en pensiones de lujo. ¿Se acuerda?

¿Por qué? Pues basta con leer lo que ellos mismos pusieron en sus redes sociales. La ANDE, por ejemplo, dijo en un post en Facebook: “¿Cómo afectaría a los educadores(as) estos proyectos?”. Entre una de las razones, el mismo sindicato contesta en el tercer punto: “Aumentan las contribuciones especiales solidarias”.

¡Pues sí! Esa es precisamente la idea de la diputada Rodríguez, la cual fue acuerpada por siete legisladores más en la Comisión de Asuntos Sociales.

Entonces, ¿los sindicatos se oponen a que quienes reciban más de ¢2,2 millones paguen una contribución solidaria, mientras que la mayoría de los pensionados costarricenses recibe una pensión promedio de ¢376.000 mensuales en el IVM de la CCSS?

En tanto, el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional les envió, el 14 de agosto, una carta a todos los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales en relación con el proyecto de Topes Equitativos de Xiomara Rodríguez, en el que relatan los puntos que conversaron con esta legisladora en una audiencia.

Y, en el penúltimo párrafo, le recuerdan a la Comisión: "En los temas relacionados con topes de pensión y cotización, se explicó ampliamente que la Ley 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ya dispone de regulación para estos efectos". Claro, se refieren a una regulación que solo grava a partir de los ¢3,9 millones.

La carta viene con el logo de numerosas organizaciones, como la ANDE, el SEC, la APSE y los sindicatos de la UCR, UNA y UNED.

El SEC, por su parte, escribió en redes: "Como bien saben, NO AVALAMOS LAS PENSIONES DE LUJO y creemos que deben tener un tope justo. Lo que hemos hecho es solicitar que se modifiquen los artículos de dichos proyectos que vinculan y amenazan a nuestro régimen de pensiones".

Parece haber una gran contradicción: el SEC está en contra de las pensiones de lujo, siempre que no sean las del Magisterio aunque es el régimen que más tiene.

La ANDE, en su primer punto, también alega que "los proyectos bajan los topes de pensiones".

Sí, hay un texto de la legisladora liberacionista Franggi Nicolás que establecería que el tope máximo de pensiones debe ser el mismo del IVM de la CCSS, el cual hoy está en ¢1,6 millones en forma ordinaria y ¢2,2 millones con postergación.

Según un voto reciente de la Sala IV, un tope solo podría aplicarse a futuras pensiones y no en forma retroactiva.

Nicolás confirmó que ella recibió a los sindicatos y, aunque el SEC dijo en redes sociales que había recibido el compromiso de los diputados de excluir al Magisterio de todos los proyectos, tanto Rodríguez como Nicolás lo negaron. La segunda afirmó que el único compromiso que adquirió fue el de estudiar sus inquietudes.

Entre otros argumentos, los sindicatos alegan que ellos cotizan más durante su vida laboral, lo cual es cierto, pero no dicen que el Estado, o sea el resto de contribuyentes, también les pagan cotizaciones mucho más altas de lo que les paga al resto de trabajadores.

Por ejemplo, mientras en el IVM el patrono aporta un 5,08% y el Estado un 1,24%, en el régimen del Poder Judicial el Estado aporta un 15,6% en su doble condición de patrono y Estado (14,36% como patrono y 1,24% como Estado).

Por eso, la ANDE también se opone a otro proyecto, del diputado Pedro Muñoz, que equipararía las cotizaciones del Patrono como Estado a la del IVA.

Regresemos al tema de las contribuciones solidarias. Hoy, esta figura rebaja el gasto del Gobierno en pensiones en solo un 0,8%, algo ínfimo en relación con el gasto tan alto que representan.

El proyecto de Rodríguez puede que se quede corto para bajar considerablemente el gasto, pero va en la dirección correcta.

Hay que destacar también que este proyecto no toca el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, el cual cubre a la mayoría de los docentes actuales y que tiene sus propios problemas. En este, el Estado aporta un 7,99% (6,75% como patrono y 1,24% como Estado) y el empleado un 8%.

Entonces, ¿se opondrán los sindicatos a que un pensionado que recibe ¢2,6 millones aporte ¢100.000 de contribución solidaria en un país donde la media de pensionados recibe ¢376.000?

¿O lo que les preocupa es que uno que recibe ¢10 millones tenga que aportar ¢1,9 millones?