Esteban Oviedo. 21 agosto
Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional. Foto: Diana Méndez
Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional. Foto: Diana Méndez

“Somos estúpidos, pero no idiotas”. La frase célebre del diputado Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional, nos llama a la reflexión.

Según las definiciones contenidas en la Real Academia Española, los adjetivos "estúpido" e "idiota" son sinónimos. Se refieren a la falta de entendimiento o de inteligencia.

¿Qué habrá querido decir el diputado Núñez con la frase incluida en el audio que se filtró a la prensa el sábado 17 de agosto?

No lo sabemos aún, pues él se limitó a disculparse y a lamentar la publicación del mensaje en el que, además de quejarse de su remuneración de ¢4 millones como diputado y de los impuestos que debe pagar, trata de "estúpidos" a otros diputados y afirma que no le interesan muchos de los temas que se discuten en la Asamblea.

Junto a la anécdota de lo ocurrido con el restauracionista, la ciudadanía ha visto pasar un desfile de contradicciones y desigualdades en los últimos días.

A la luz de los hechos políticos recientes, es necesario remarcar que los contribuyentes no encajan en ninguno de los adjetivos citados por el legislador, sino que merecen respeto y compromiso de parte de las autoridades.

1. El poder porcentual

En marzo, por un acuerdo de mayoría, con 14 votos a favor y siete abstenciones, los magistrados de la Corte Plena eximieron al personal del Poder Judicial, incluidos ellos, de cumplir con dos de las principales medidas de ahorro que ordenó la reforma fiscal para el sector público.

La Corte decidió que seguirá pagando las anualidades y otros pluses como porcentajes del salario base, pese a que la reforma fiscal ordenó convertir estos incentivos en montos nominales para evitar que sigan ensanchando el gasto público, cada vez que crecen los sueldos base.

El Poder Judicial continuará pagando las anualidades en forma porcentual tanto a los antiguos como a los nuevos funcionarios, mientras que mantendrá el cálculo porcentual de los incentivos creados por reglamento, o por acuerdo de la Corte, a los funcionarios que entraron al Poder Judicial antes de la reforma fiscal.

Entre esos últimos pluses, están los siguientes:

-De un 11% a un 22,37% del salario base por un plus llamado Índice de Competitividad Salarial; los porcentajes más altos los reciben los jueces (hasta un 22,37%), los magistrados (22,75%) y los miembros del Consejo Superior (22,37%)

-Entre un 10% y un 30% adicional a todos los funcionarios solo por el hecho de ser empleados judiciales; a ese incentivo se le denomina Reconocimiento por el Ejercicio de la Función Judicial

Para el 2019, una tercera parte del presupuesto del Poder Judicial se destinó al pago de pluses salariales: ¢180.000 millones de ¢473.000 millones.

La Corte argumentó que, según la resolucion de la Sala IV sobre la constitucionalidad de la reforma fiscal, esta ley no derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial ni el Estatuto de Servicio Judicial.

"Dichas normas posibilitan la autonomía del Poder Judicial en lo referido a cambiar su escala salarial o variar los salarios base", reseñó el Poder Judicial. Con ese argumento, defendió el pago de las anualidades.

En cuanto a los pluses creados por reglamento o por acuerdo de la Corte, la dirección Jurídica del Poder Judicial argumentó que se trata de "derechos incorporados al patrimonio" de los funcionarios y que eliminar el cálculo porcentual tendría un impacto en el "salario real" de los servidores.

No obstante, el cambio no le rebajaría un solo colón a ningún funcionario, pues su objetivo es evitar el crecimiento acelerado, en el futuro, de estos pluses.

El lunes, el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, reaccionó presentando una denuncia penal contra los magistrados que tomaron el acuerdo de la Corte Plena por los presuntos cargos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales y administración en provecho propio, entre otros.

Al día siguiente, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, sorprendió al anunciar que le recortaría ¢2.500 millones al presupuesto del Poder Judicial del 2020, en respuesta a la decisión no aplicar esas medidas de ahorro de la reforma fiscal.

"No vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que, de manera vehemente, les hemos instado realizar por el bien de este país", anunció la jerarca de Hacienda, al precisar que los ¢2.500 millones se habían asignado, con mucho esfuerzo, para la creación del juzgado anticorrupción cuando las autoridades judiciales explicaron que el presupuesto no alcanzaba para ello.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una de sus comparecencias en el Congreso. Foto: Rafael Pacheco
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una de sus comparecencias en el Congreso. Foto: Rafael Pacheco

"Lo que no se nos informó fue que los recursos no le alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 (reforma fiscal) y, por tanto, mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones", continuó.

Aguilar recordó que a los 127.000 funcionarios del Gobierno Central ya se les realizó la conversión de los pluses, por lo que no es aceptable que se eximan los 14.000 del Poder Judicial, en donde 1.800 funcionarios ganan más de ¢3 millones mensuales.

El presidente de la Corte, Fernando Cruz, reaccionó afirmando que nunca había visto algo igual y que, si lo hecho por el Poder Ejecutivo no es una coacción, no sabe cómo lo podría definir.

"Es para reflexionar, solo para reflexionar, si es conveniente que un poder incida sobre el otro mediante medidas de represalias", dijo Cruz.

Argumentó que la Sala IV dejó al Poder Judicial en un régimen intermedio y que la ministra de Hacienda no había leído la resolución constitucional.

Fernando Cruz, presidente de la Corte. Foto: Rafael Pacheco
Fernando Cruz, presidente de la Corte. Foto: Rafael Pacheco

Este jueves, un tercer poder tendrá que ver sobre el asunto: el Poder Legislativo, pues ese día Hacienda debe entregarle al Congreso el Presupuesto Nacional del 2020 para un análisis de tres meses. Allí, se tendrá que discutirá lo que ocurre con este nuevo poder: el poder porcentual.

2. El dicho de la ‘paz social’

El anuncio de la ministra de Hacienda cayó bien entre bancadas legislativas que demandan un freno al crecimiento del gasto público en momentos de alto desempleo y desaceleración económica, pero sorprende luego de que el mismo gobierno acordó con los sindicatos de la CCSS seguir pagando incentivos porcentuales.

El acuerdo implica que la Caja acudirá a los tribunales para pedir que se declare lesivo y nulo el acuerdo que Román Macaya, presidente de la CCSS, firmó en febrero con los gremios para no convertir los pluses porcentuales en nominales.

Sorprende, además, que el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, declare públicamente que él no habría firmado el acuerdo que Macaya pactó.

Román Macaya, Víctor Morales y Steven Núñez, jerarcas de la CCSS, Presidencia y Trabajo. Foto: Rafael Pacheco
Román Macaya, Víctor Morales y Steven Núñez, jerarcas de la CCSS, Presidencia y Trabajo. Foto: Rafael Pacheco

Asimismo, el diputado Pedro Muñoz reveló que Morales, Macaya y el ministro de Trabajo, Steven Núñez, sellaron otro acuerdo que habría exigido a los contribuyentes pagarle a la CCSS, con dinero de sus impuestos, las sumas que se les giren de más a los empleados de la Caja si el pago porcentual es declarado ilegal y los funcionarios no puedan devolver los recursos.

Afortunadamente, este acuerdo no contó con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, cuya jerarca se había manifestado en contra de todo lo negociado.

El gobierno de Carlos Alvarado argumentó que firmó el acuerdo con los sindicatos que paralizaron miles de cirugías y citas, mediante una huelga, por la necesidad de "paz social" y el beneficio de las mayorías necesitadas de atención en salud.

No obstante, ¿qué paz social podrá existir, a largo plazo, en un país en el que una minoría ve cómo sus ingresos crecen sostenidamente y la mayoría vive un decrecimiento de sus recursos?

El promedio salarial del sector público es de más de ¢1 millón, mientras que el del privado es de ¢371.000, lo que incluye a un millón de trabajadores informales que ni siquiera están asegurados.

Expertos consultados por La Nación, como Pablo Sauma, catedrático de Economía de la UCR, coinciden en que la diferencia en el crecimiento es propiciada por los incentivos salariales del sector público, en donde hay unos 300.000 funcionarios.

El problema es que todos deben pagar, con impuestos, el costo creciente del sector estatal aunque la economía esté en caída.

Recientemente, la contralora general, Marta Acosta, publicó un artículo en el que llama seriamente la atención sobre el riesgo que sufre la población por el empeoramiento de las finanzas públicas y sobre la factura que todos pagarán.

Además de firmar por la "paz social", el gobierno firmó con sindicalistas que luego se contratularon de haber ocultado adrede información para evitar órdenes sanitarias en los hospitales por la huelga.

El presidente Alvarado alegó que hay un "tigre suelto", en referencia al gran poder que tienen los sindicatos para hacer huelgas indefinidas en servicios esenciales, y se comprometió a impulsar la reforma que evitaría los abusos en estos movimiento.

Ya llegó la recta final de ese proyecto. El gobierno niega tener conversaciones con gremios para debilitar el texto. Habrá que esperar el resultado.

3. Polémicas legislativas

Por último, regresemos a las polémicas del Congreso.

Floria Segreda, diputada de Restauración. Foto: Melissa Fernández
Floria Segreda, diputada de Restauración. Foto: Melissa Fernández

Y, luego, surgió el audio en el que Melvin Núñez también se queja de que le rebajen, de su remuneración de ¢4 millones, unos ¢1,3 millones "en estupideces que no me ayudan en nada".

¿Será que algunas personas no se dan cuenta de que, en Costa Rica, quienes reciben ingresos por ¢4 millones están en el grupo de mayores ingresos y por eso tributan más? Miles de miles de personas viven con menos de un 10% de eso.

La otra polémica se produjo en las tiendas del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Durante la campaña electoral, presionado por el caso del cemento chino, el entonces candidato a diputado, Wélmer Ramos, firmó una carta en la que se comprometió a renunciar si la Procuraduría de la Ética demuestra que incurrió en una falta al deber de probidad cuando, como ministro de Economía, emitió un reglamento relacionado con la importación del cemento.

Wélmer Ramos, diputado del PAC. Foto: Rafael Pacheco
Wélmer Ramos, diputado del PAC. Foto: Rafael Pacheco

El presidente Alvarado le solicitó honrar su compromiso. En criterio, la denuncia de la PEP es suficiente para materializar el compromiso. A las 3:30 p. m. de este miércoles, Ramos seguía siendo diputado, al igual que Melvin Núñez.