Repasemos en seis actos los hechos más relevantes de la política en esta semana:
ACTO I
Luego de la renuncia del exministro de Educación, Édgar Mora, el presidente Carlos Alvarado nombró en su lugar a Guiselle Cruz, quien se desempeñaba como viceministra. El mismo día de su nombramiento, ella anunció la continuidad de proyectos como las pruebas FARO, la educación dual y los drones.
La ministra Guiselle Cruz llamó a dialogar a los estudiantes que organizaron protestas contra Édgar Mora. El jueves 11 de julio, asistieron los alumnos organizados con un perfil de Facebook llamado Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), los cuales han sido acuerpados por Albino Vargas, sindicalista de la ANEP.
Ese día, los jóvenes firmaron un acuerdo con la ministra en el que se comprometieron a dialogar sobre pruebas FARO y educación dual, así como a no cerrar colegios ni comedores escolares.
No obstante, el viernes 12 de julio, los estudiantes dijeron que sí cerrarán centros educativos a partir del lunes 15 de julio, regresando de vacaciones, porque sus “bases” rechazaron el compromiso de no hacerlo.
Los estudiantes aprendieron rápido el lenguaje del sindicalismo. A Albino Vargas no le sirve que los estudiantes no cierren colegios, porque constituyen el mejor escudo para presionar en contra de las medidas de ahorro en el gasto público.
Además, queda en evidencia un grave problema de legitimidad. Los dirigentes de MEDSE firman cosas sin saber si están legitimados por sus “bases”. No está claro, entonces, quién dirige.
ACTO II
Luego de botar un portón de Casa Presidencial, los representantes de las cámaras de pescadores fueron llamados a dialogar con el presidente Alvarado. Sobre la mesa, exigieron tres cosas:
1) Licencias para pescadores artesanales
2) Evitar atropellos con los localizadores satelitales que indican si un barco se metió a una zona marítima protegida
3) Incluir en la canasta básica los filetes de pescados como bolillo, pargo y corvina. Alegan que tendrán una caída en sus ventas con el incremento tributario. Piden un 1% de impuesto en vez de un 13%.
El gobierno les concedió los puntos 1 y 2 y les pidió tiempo para evaluar si es posible hacer un ajuste con el punto 3.
Los filetes de pescado fueron gravados por una razón técnica. La reforma fiscal incluyó en la canasta básica los productos esenciales que consumen las clases más pobres del país y, entre esos, no están la corvina, el bolillo y el pargo. Más bien, estos filetes los comen las clases más altas.
Las cámaras de pescadores dijeron salir defraudados y amenazaron con no dejar entrar al presidente a Puntarenas.
En tanto, el ministro de Agricultura declaró que es necesario evaluar una reforma legal para incluir, en la canasta básica, productos por su valor nutricional o su origen, como el pescado, la fresa y la mandarina.
El presidente confirmó que está de acuerdo con discutir el tema y, a la vez, dijo que evaluará si es posible incluir los filetes de pescado en la canasta básica sin necesidad de una reforma legal.
Podría sonar contraproducente, pero, de rebote, el cambio terminaría beneficiando a los sectores con mayores ingresos del país, los que sí consumen pargo y corvina.
ACTO III
El gran tamaño del gasto del Estado empieza a pasarle factura a la población. Para contenerlo, el gobierno y la Asamblea aprobaron en el 2018 la regla fiscal, un mecanismo que le pone techo al crecimiento del gasto público según las condiciones económicas del país. Para el 2020, por ejemplo, el gasto no puede crecer en más de un 4,67%.
Sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS acordó el jueves tomar todas las medidas necesarias para excluirse de la medida de ahorro.
No obstante, la Caja no es clara en sus argumentos. Simplemente, alega que la regla fiscal “afectaría su capacidad de prestar los servicios de salud, con los cuales se materializa en la práctica el derecho constitucional a la salud”.
La verdad es que la regla fiscal solo aplica para el gasto corriente, es decir, para salarios, servicios y transparencias. La medida no abarca el gasto de capital, por lo que no impide a la CCSS ni a ninguna otra institución invertir en infraestructura o equipamiento.
La CCSS debe primero zarandear sus gastos corrientes. Para muestra un botón, ninguna otra entidad del país demanda tanto dinero en incapacidades como la Caja.
Los funcionarios de la CCSS se llevan el 30% de las incapacidades del país. Sus empleados se incapacitan, en promedio, 2,25 veces al año, mientras que el promedio de todos los trabajadores es de 0,3 y eso significa mucho dinero.
ACTO IV
La situación económica no está fácil. El Banco Central confirmó que es probable que rebaje la proyección de crecimiento económico del 2019. Una menor tasa de crecimiento hace más difícil que se reduzca el desempleo, dijo a La Nación el economista Luis Mesalles.
“La menor tasa de crecimiento hace más difícil que el desempleo se reduzca y que más bien aumente la informalidad y decrezcan los ingresos reales de las personas”, dijo este economista.
A su vez, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó que la desaceleración económica podría afectar los ingresos del gobierno y el déficit fiscal podría subir, pese a las medidas de ahorro, salvo que los nuevos impuestos den un rendimiento mayor y salvo que, muy pronto, se pueda empezar a revertir parte de esa desaceleración.
ACTO V
El camino de la reactivación económica tampoco es fácil, pero al menos hay una buena noticia: la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) asegura que redujo en un 84% la presa de solicitudes de viabilidad ambiental para obras privadas y públicas al pasar el tapón de 621 expedientes en el 2018, a 96 a la primera mitad del año.
¿Cómo lo logró? Ahora, para desarrollar un proyecto de bajo impacto ambiental, que se tramita con el formulario D2, basta con el que el desarrollador presente una declaración jurada de compromisos ambientales, aunque eso no lo libera de tener un análisis ambiental que Setena puede exigirle a futuro.
Antes, esos se proyectos se tramitaban igual que los de alto impacto ambiental, lo que consumía tanto tiempo y recursos que, en febrero del 2017, la presa de expedientes a resolver de años anteriores llegaba a 2.400, lo cual se traducía en proyectos sin fecha para iniciar obras.
ACTO VI
Cuidado. Podríamos ser testigos del nacimiento de un nuevo régimen privilegiado de pensiones, insostenible además.
El gobierno considera necesario reestructurar Japdeva, una institución deficitaria debido a los costosos privilegios que consiguió su sindicato durante años de constantes huelgas y bloqueos viales.
Además de que se les pagaría a los exfuncionarios de Japdeva una prejubilación (cosa que nadie recibe en este país), el monto se calcularía tomando en cuenta los 12 mejores salarios mensuales del trabajador en los últimos cinco años de trabajo, mientras que la CCSS otorga menos del 60% del promedio de los últimos 240 salarios del trabajador.
Los trabajadores de Japdeva, por cierto, son los segundos que más se incapacitaban en el país, después de los de la CCSS, pues tienen la ventaja de que, cuando lo hacen, reciben el 100% del sueldo en lugar del 60% que recibe el resto de mortales.
¡Cuántos privilegios han corrido en este país! Con razón todo se estremece cuando los tratan de quitar.
Al menos, el gobierno mantiene su decisión de impulsar en la Asamblea Legislativa la reforma al empleo público y de fungir como mediador en el trámite de dos proyectos que pretenden evitar excesos en las huelgas del sector público. Las presiones de Albino Vargas van en contra de todas estas reformas.