El acuerdo que el gobierno y los sindicatos firmaron para terminar la huelga en la CCSS provocará una mayor desigualdad entre la población.
El gobierno salió derrotado presa de su propio error y debilidad, al tiempo que le incumplió su compromiso a la población.
Básicamente, el acuerdo consiste en que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) seguirá pagando 19 pluses salariales entre sus 57.000 empleados como porcentajes del salario, en lugar de transformarlos a montos nominales como ordenó una ley de la República: la reforma fiscal que tanto pidió y defendió el gobierno.
La transformación de los pluses porcentuales a montos nominales es una medida para evitar el crecimiento desmedido del gasto público, sobre todo en una institución, como la CCSS, que paga mucho más en incentivos que en salarios base.
Los sindicatos de la CCSS reclamaron el cumplimiento de un acuerdo firmado en febrero del 2019, en el que Román Macaya, presidente de la institución, se comprometió seguir pagando los pluses como porcentajes pese a que, en diciembre del 2018, la reforma fiscal había ordenado transformarlos.
En un principio, la Caja les ofreció a los gremios hacer el cambio en marzo del 2021 al alegar que, de por sí, la antigüedad de su sistema informático le impedía ajustar los incentivos de inmediato.
En el ínterin, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, advirtió de que el funcionario que recibiera montos por encima de la ley debería devolver el dinero.
Los sindicatos se fueron a huelga poniendo a los pacientes en la piedra del sacrificio y las autoridades de la CCSS y del gobierno entraron a varios días de negociaciones con ellos, a puerta cerrada, sin informar nunca a la población lo que estaban conversando.
Al final de la tarde de este lunes, los actores firmaron el acuerdo y luego lo dieron a conocer: la Caja seguirá pagando los incentivos como porcentajes del salario y, a la vez, acudirá a un juzgado para pedir la nulidad del acuerdo que firmó en febrero contra la ley.
Es decir, ya ni siquiera les dijo a los sindicatos que hará el cambio en los pluses cuando el supuesto sistema informático esté listo, sino cuando un juzgado se lo diga.
Y sobre la devolución de dinero extra que mencionó la ministra de Hacienda, no hay ni una línea.
Este era un tema complicado, porque no todos los funcionarios acudieron a la huelga y no todos están sindicalizados. No se puede culpar a todos por el acuerdo que firmaron los sindicatos y la presidencia de la CCSS. Enmendar esta consecuencia de la “torta” de febrero necesitaba una buena negociación.
En suma:
1. El gobierno se mostró débil. Pidió una reforma de impuestos que le cuesta dinero a todos los contribuyentes, en menor o mayor cantidad, y ahora no cumple su parte: la de controlar el gasto público.
Algunos podrán decir que la CCSS tiene su propia fuente de financiamiento en las cuotas obrero-patronales. Sí las tiene, pero no por eso puede disponer de ellas como quiera.
La Caja, si bien es pilar de la democracia y del desarrollo científico del país, aún deja necesidades descubiertas y los recursos escasos hay que aprovecharlos al máximo. Es posible que necesite más infraestructura, más equipo y quizá más personal, pero difícilmente necesita más gasto rígido.
Trabajadores, patronos y Estado aportan a la CCSS esperando un gasto eficiente y hay cerca de un millón de trabajadores que no pueden formalizarse, en parte, por el alto costo de las cuotas.
Apenas esta semana nos dimos cuenta de que, además de los pluses, la CCSS les paga a sus trabajadores un tercer sistema de pensiones, aparte del IVM y del régimen obligatorio de pensiones.
Se trata de una tercera pensión para estos funcionarios, los cuales no cotizan para ella, sino que la Caja la paga con fondos públicos aportando el 2% de la planilla. Este sistema, por cierto, que está a punto del colapso con un hueco de hasta 1,2 billones de colones.
Mientras, 1 de cada 3 adultos mayores vive sin pensión.
2. Habrá más desigualdad. Ya en Costa Rica existe una brecha de desigualdad entre los empleados públicos y el resto de la población; y también la había entre categorías de funcionarios públicos.
Los funcionarios de las instituciones descentralizadas ganan mucho mejor que los de los ministerios. Un estudio de la Contraloría General había revelado diferencias hasta de 3,2 millones de colones en un mismo puesto.
Las medidas de contención de la reforma fiscal eran para todos los funcionarios. Ahora, tendremos una clase mucho más privilegiada en el sector público porque, en la CCSS, los salarios seguirán creciendo exponencialmente y, en el gobierno central y otras instituciones, no.
Entre el 2010 y el 2018, el gasto en pluses creció en la CCSS un 25% SOBRE LA INFLACIÓN.
Puede que esto también abra la puerta para que otros sindicatos presionen con huelgas a fin de salirse también de la reforma fiscal.
3. La confianza queda más herida. Cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse: ¿para esto me pidieron el IVA?
Y también vale la pena preguntar: ¿En dónde estuvo el control político sobre el gobierno en esta huelga? ¿Por qué los partidos de oposición no le exigieron respetar la reforma fiscal? ¿Cuándo se discutieron las mociones al respecto en el plenario? ¿Qué harán ahora?
En un artículo anterior de este espacio, surgió la pregunta ¿quién representará a los #sinpluses en estas negociaciones? Parece que nadie los representó.