Desde el 19 de agosto del 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tuvo a la mano un acta en la que constaban las declaraciones del excandidato Ottón Solís sobre el cobro de la deuda política del 2006, que ahora los diputados investigan en una comisión especial.

El documento se lo envió el propio Partido Acción Ciudadana (PAC) al departamento de Registro de Partidos Políticos, el cual responde a la dirección de Registro Electoral.

Se trata del acta de la asamblea nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) celebrada el 3 de julio del 2010, en la que Solís se refirió al cobro de la deuda política del 2006 al Estado.

“¿Saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en ¢700 millones después de las elecciones? Diciéndole a gente que ha trabajado voluntariamente que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos ¢400 millones”, mencionó en político en esa ocasión.

El propio Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, mencionó la recepción del acta en una resolución que emitió para inscribir los nombramientos hechos por el PAC en esa asamblea.

En una respuesta enviada a La Nación, Fernández argumentó: “En esta (acta) se transcriben las manifestaciones del señor Ottón Solís, relativas a acuerdos adoptados en una Asamblea anterior. Dichas manifestaciones se dan previo a la verificación del cuórum y a que se sometiera a votación el acta de la asamblea anterior, la cual se aprobó por unanimidad, sin que conste debate alguno sobre el particular”.

En la asamblea del PAC, hubo presencia de delegados del TSE.

Protocolo no indicaba tomar nota de las declaraciones

Según consta en el acta, las declaraciones de Solís se dieron antes de la aprobación del acta de la asamblea anterior, no se relacionaron con ningún punto de la agenda del día ni se efectuó ningún acto inscribible sobre ellas.

Por esos motivos, según Fernández, no era deber de los delegados hacer observaciones sobre lo manifestado por el por el político.

“La obligación de los delegados del TSE es dar fe y verificar que se cumplieron los requisitos formales establecidos (para realizar la asamblea)”, señaló el funcionario.

Y, aunque el acta fue entregada por el PAC en la ventanilla del Tribunal, Fernández explicó que el protocolo dicta que el TSE compare el documento con el informe que presentan los delegados.

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La revisión, según dijo, se realiza con el fin específico de verificar que la reunión cumplió con todos los requisitos legales, así como inscribir los actos que haya ejecutado la Asamblea. Por ejemplo, la integración de los órganos internos y las modificaciones en los estatutos.

“Si bien el acta fue revisada, conforme se indicó supra, lo fue para efectos de realizar la inscripción de los actos correspondientes”, enfatizó Fernández.

El director del Registro Electoral agregó que, cuando se realizó la asamblea, el Tribunal no tenía abierta ninguna investigación sobre el financiamiento del PAC, ni había terminado la revisión de la liquidación de gastos de los comicios de 2010 que presentó el partido en junio.

Ante los diputados de la comisión que investiga al PAC, Rónald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, también a cargo de Registro Electoral, afirmó que, en aquella época, no recibió noticia de las declaraciones que hizo Solís en la asamblea del PAC sobre lo ocurrido en el 2006.

Concluido el examen de los gastos del 2010, el mismo departamento de Financiamiento de Partidos abrió una investigación sobre los contratos de servicios especiales que incluyó Acción Ciudadana en la liquidación de gastos, por los cuales cobró deuda política.

El Tribunal trasladó sus hallazgos a la Fiscalía y, al cabo del proceso judicial, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC por estafa, pues determinó que cobró ¢353 millones de fondos estatales por 179 contratos falsos en el 2010.

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El 15 de julio, en la comisión legislativa que investiga el financiamiento del PAC, Fernández añadió que el legajo que le trasladó al Ministerio Público sí incluyó un artículo de opinión que publicó el fundador de Acción Ciudadana en La Nación en octubre de 2012.

"El PAC conversó con partidarios y les pidió que siguieran siendo voluntarios, pero que facturaran por trabajos y servicios efectivamente ejecutados y que aceptaran como pago bonos difícilmente redimibles.

“Se explicó que ello le permitiría al PAC cobrar esas facturas con cargo a la deuda política y de ese modo allegar fondos al partido. De lo que se trataba era de que esos partidarios, además de su trabajo político, le donaran dinero al PAC y no a las finanzas del país”, escribió Solís.

“No sé de quién fue la idea del mecanismo que ahora se cuestiona, pero en algún momento yo la conocí en una reunión con otras personas de la dirección del PAC. Lejos de desestimularlo, es evidente que asentí (...)”, puso Solís en el artículo.