Elian Villegas: Quien pretenda gobernar debe tener claro que el problema fiscal hay que superarlo

Elian Villegas, ministro de Hacienda, llama a los diputados a aprobar las medidas de ajuste fiscal acordadas con el FMI, al argumentar que cualquier partido o líder político, que pretenda gobernar, debe tener claro que el problema de las finanzas públicas debe ser superado.

El jerarca insiste en que el programa se desajustaría si una de las medidas es rechazada; además, considera que los políticos podrán someter a criterio del electorado soluciones más agresivas en los comicios del 2022.

-¿Por qué es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI)?

El FMI nos viene a ayudar mucho en todo lo que tiene la imagen del país, con la credibilidad del país. Nosotros tenemos un problema de cara a los mercados internacionales y, eventualmente, los nacionales. Como los procesos de transformación, los procesos en que está involucrado el tema fiscal se vuelven tan complejos, eso acarrea que exista una incertidumbre importante asociada a los mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos que vamos a llevar adelante un proceso de ajuste fiscal, cuando hace apenas menos de dos años se había dado otro, se hace complejo para los mercados tratar de creerle a Costa Rica de que eso va a ser posible.

Entonces en la medida en que contemos con una organización como el FMI aportándonos credibilidad, eso se vuelve muy importante.

Lo importante en nuestra relación con el Fondo no es el dinero. Aquí estamos hablando $1750 millones a lo largo de 3 años, esos son $600 millones por año. Para decirle algo, hoy (25 de enero) tuvimos una subasta de más de $200 millones, entonces el tema de fondo no tiene tanto que ver con esto; el tema de fondo no es el monto en dólares que está aportando, es la credibilidad ante los mercados internacionales en el sentido de que el programa de ajuste es un programa cierto, es un programa técnicamente bien hecho; que lo que se dice que va a dar ese programa, si se sigue forma adecuada, es lo que va a generar.

Si lo dice el Fondo, es que va a dar ese ese porcentaje ese monto y, en la medida en que los mercados internacionales consideren que eso está bien, eso nos va ayudar en los mecanismos de financiamiento, nos va ayudar a bajar las tasas de interés.

Eso nos va ayudara recobrar el control sobre el presupu

esto porque, en este momento, prácticamente la mitad se nos va servicio de la deuda y nosotros ocupamos disminuir sensiblemente eso.

-¿Cuánto porcentaje de la deuda pública podría ser externa para aprovechar condiciones de interés que están mejores afuera que adentro, sin perder de vista el riesgo cambiario?

Hemos tenido la ventaja de que, en los últimos años, el riesgo cambiario ha sido relativamente bajo. Se ha estimado que deberíamos estar no más allá de un 40%, digamos en lo que tiene que ver propiamente con una exposición a moneda externa, sin que eso sea un número absoluto, puede ser que en determinadas circunstancias, dependiendo de los vencimientos corto plazo y demás, uno pueda perfectamente pasar esa franja.

En este momento tenemos una necesidad de financiamiento del 15 puntos del PIB. Ahí estamos hablando prácticamente de ¢6 billones, un poco menos, y de esos 15 puntos alrededor de nueve pueden ser movilizados con cierta facilidad por el mercado interno.

Ir más allá de eso implicaría un ejercicio muy fuerte para este mercado nuestro y sería una absorción de fondos que deben más bien ir al sector privado, a potenciar los esfuerzos de crecimiento económico del país. En la medida que podamos reducir la cantidad de dinero que tengamos que tomar de ahí, mucho mejor.

Ahora, lo que no hay que hacer es reducir lo que tomamos por este lado y sustituirlo enteramente por algo que tomamos de otro lado; hay que buscar cómo vamos reduciendo el esfuerzo de financiamiento del país y que se traslade, más bien, a un esfuerzo de reducción del gasto público, y ahí es donde entra ese programa para el FMI sustentado en reducción del gasto público.

Al final de los primeros tres años, cuando alcancemos un superávit primario del 1% estamos, el 66% del esfuerzo que se ha realizado es en reducción del gasto público.

-En la reforma en empleo público, ¿qué tan importante es que se alcance el escenario que está planteando el Gobierno, en el cual el traslado a cierto grupo de funcionarios actuales (al salario global) se aplica de manera gradual y no súbita?

Si lo hacemos de una sola vez, va a tener un impacto directo en las cuentas fiscales. Y no solo este año, también en los sucesivos. Porque desde este año empiezan con con un salario nuevo mucho más alto y eso usted lo tiene que trasladar a los años que siguen; al final terminaríamos con una situación realmente muy complicada.

-Ahora vamos a la parte de ingreso, tenemos básicamente el impuesto a los premios de la lotería, la reforma al impuesto de las casas de lujo, tenemos la introducción del sistema de renta global...

Los otros vienen por el lado de exoneraciones...

-La tasa al impuesto de las ganancias de capital

Eliminación de la no sujeción al salario escolar, impuesto a las remesas.

-Bueno si uno observa panorama, los temas que pudieron ser más polémicos en el pasado, como el IVA y transacciones bancarias, ¿por qué se decidió sacarlos?

Generaron mucha polémica y no estamos en un escenario donde se quiera generar ese tipo de polémica, sino que lo que queremos es avanzar lo más rápido posible con el proceso ajuste fiscal.

-En renta global, el mínimo exento para un trabajador dependiente de su patrono hoy es ¢840.000 y ahora se baja a ¢683.000. Se está planteando que hay un grupo que antes no pagaba renta y ahora va a tener que pagar ¿Cuál es la explicación de ustedes al respecto?

Por otro lado, hay un grupo, que es el de los trabajadores no asalariados, el de las personas trabajadoras con un ingreso que no proviene de salarios, por ejemplo técnicos, profesionales, personas que brindan sus servicios por honorarios o al Estado, que hoy pagan a partir de los ¢300.000 por mes; aquí van a subir a este mismo monto que estamos hablando, que es ¢683.000.

Entonces, ahí vamos a juntar tanto a quienes son no asalariados, quienes tiene un ingreso por actividades lucrativas, y asalariados; a los dos los vamos a juntar en el mimo nivel y, entonces, a este le subimos un poquito y a este prácticamente le estamos dando más del doble de mínimo exento, que antes tenía un mínimo exento que era muy bajo, que era ¢3.700.000 y ese ha sido un gran reclamo, no solo del sector profesional, sino también de lo que son técnicos, personas que venden sus servicios, tiene una actividad lucrativa y lo que hacen es que facturan de su actividad lucrativa, no tienen un salario y que hoy tiene una base mínima que es relativamente baja.

-¿Y esto podría incentivar el proceso de formalización?, Porque también uno sabe que hay mucha gente que trabaja, pero por a o por b, o c, no se formalizan, no se inscriben, ni en la Caja ni en Hacienda,

Es parte de los que andamos buscando, generar ese proceso de formalización, a partir de un incentivo tributarios, que es lo que se les está dando. Que es precisamente aumentarles esa base mínima exenta.

- ¿Los ingresos que se salgan por el lado de los independientes se compensa por el lado de los asalariados?

Sí, hay una compensación entre ambos y, a partir de ahí, es precisamente que no solo se da esa compensación, sino que, además, en lo que es el coeficiente de Gini, que viene a medir si se está generando con una medida de estas, una mayor igualdad o no. La medida lo que nos dice es que se está generando una mayor igualdad, entonces, desde ese punto de vista, es una medida positiva.

-En el caso de las viviendas de lujo, actualmente el impuesto se cobra a partir de los ¢133 millones, pero de forma progresiva, es decir, escalonada, igual como se cobra el impuesto de renta ¿Se cobra sobre el exceso o sobre el monto inicial?

El impuesto a las casa de lujo lo que se hace es que se determina el valor del inmueble, si está por encima de los ¢133 millones, una vez determinado eso se le suma el valor del terreno, y se cobra sobre la totalidad.

-Ustedes suben el umbral a ¢150 millones, pero la tarifa es plana, ya no es progresiva, un 0,5 del valor del inmueble total para todos. ¿Por qué se hace ahora así?

Para más simplicidad en el cobro, el impuesto que teníamos antes o el que tenemos actualmente de las casas de lujo, es un impuesto muy difícil de cobrar, es un impuesto donde básicamente, las persona que tiene la decencia y el compromiso social con el país de pagar impuestos, son las que hacen la valoración de las casas y a partir de esa valoración que hacen de las casas realizan el pago, pero muchísima gente no lo hace y eso nos genera un problema.

Y el problema es que es un impuesto que apenas está generando alrededor de ¢4.000 millones de colones, cuando debería generar muchísimo más.

Entonces acá, la idea es cambiar la forma de cobro, la idea es ver cuál es el valor de la propiedad o las propiedades de uso habitacional, si hay, por ejemplo, una casa que está en medio de una finca, lo que se hace, es decir: ok esta es la casa y este es el terrenito de la casa, y dejamos por fuera todo lo demás, todas las instalaciones, todo el resto del terreno no se toma en consideración.

Igualmente, si es una casa que tiene a la par un edificio que se utiliza para comercio, ese edificio no se toma en consideración, es solo aquello que es para uso habitacional, ya sea que lo estén utilizando o no, pero sobre esa casa es que se está cobrando el impuesto.

-En impuesto a la lotería, lo que he escuchado son crítica de que esto va a incentivar las loterías ilegales, que sabemos que existen en el país...

Bueno, en este momento la verdad hay dos cosas, el impuesto no existe y las loterías ilegales existen muy fuertemente, pero, además, a la par de este impuesto, lo que se está promocionando es un proyecto de ley que ya existe, ya está en la Asamblea Legislativa, y que lo que viene es a reprimir las loterías ilegales.

Entonces, lo que nosotros esperamos es que aprueben los dos proyectos, de forma tal que el sistema de loterías ilegales se convierta en algo completamente prohibido, y, por tanto, la Junta de Protección se convierta en un ganador de una ley de ese tipo.

-¿Qué tan cerradas están las cuentas para alcanzar ese 1% de superávit primario en el 2023 en el acuerdo con el FMI? ¿Qué tan cerradas están?, ¿Hay un colchón en este paquete de medidas?

No, aquí no tenemos colchón, porque hay que entender que la situación política y social nuestra, pues es un poquito complicada en términos de pensar que tenemos en banca cuatro o cinco medidas que van a entrar en caso de que las que tenemos aquí no nos funcione.

Nosotros pensamos que las medidas que están ahí son medidas socialmente aceptables, políticamente aceptables, teniendo sí la suficiente apertura por parte el poder Ejecutivo de que, si hay que modificar alguna, trabajar alguna de esas medidas, para que lo hagamos de la mano de los diputados y, a partir de ahí, sacar una medida que sea eficiente en los términos que la diseñamos con el Fondo, pero a la vez que sea social y políticamente aceptable.

-En la conferencia de prensa (del 22 de enero), cuando se anunció el acuerdo, hubo mucha insistencia de la prensa en el sentido de, bueno, vea lo que ha costado conseguir acuerdos políticos desde que se pasó la reforma fiscal. Incluso las calificadoras siempre señalaron: ‘El principal problema de Costa Rica es su incapacidad de ponerse de acuerdo consigo misma’.

Bueno, ¿qué va a pasar si los diputados no aceptan una medida, dos medidas, tres medidas? Vienen las elecciones. Ya hay algunos haciendo campañas de no más impuestos radicalmente. ¿Qué pasaría si no se acepta una, o dos o tres?

Bueno, creo que aquí es importante reiterar que esta propuesta es, fundamentalmente, de gasto. Está un 66% fundada en gasto.

A partir de ahí, creo que cualquier partido político, cualquier líder que pretenda gobernar el país tiene que tener claridad en que este problema fiscal tenemos que superarlo.

Y nosotros, como gobierno, estamos asumiendo el costo de presentar una propuesta por segunda vez. Imagínese que el costo político de haberla presentado la primera vez fue muy alto, fue duro y, a pesar de eso, venimos y presentamos una segunda vez una propuesta de un plan que deja el 1% del superávit primario en el 2023.

Recordemos que nosotros entregaremos el Gobierno de la República, si Dios nos lo permite, el 8 de mayo del 2022. Es decir, año y medio después estaría ese superávit primario. Aquí no estamos pensando en algo de patear la bola y decir ‘llegué a mayo del 2022’. No, estamos pensando en un proyecto de mediano y largo plazo. Y, entonces, cualquiera que vea este programa con la seriedad con que lo ha visto el Fondo, creo que llegará a una conclusión en el sentido de que es importante aprobarlo, que hay que empujar.

Para todos esos partidos y esos líderes que pretenden gobernar el país, esta es la vía que nos garantiza el ajuste fiscal que estamos necesitando.

Si nosotros, porque no nos gusta un impuesto, no nos gusta un proyecto, lo dejamos de lado, eso nos va a meter en un problema, y es que no nos va a dar el ajuste que estamos requiriendo para llegar al 1% en el 2023 o para llegar al 50% en el 2035.

¿Será el ajuste que tenemos ahí del agrado de todos los sectores? Probablemente no. Probablemente, usted reúne a cinco personas y las cinco van a tener ideas distintas respecto al ajuste.

Ahora, lo que nosotros andamos buscando es un ajuste que sea aceptable por la mayoría de los sectores. Y creo que lo que tenemos ahí tiene la virtud de no contener una serie de disposiciones que sabemos que sí serían de no aceptación por mucha gente,

Por ejemplo, ahí nosotros no estamos incluyendo nada de IVA. Si bien viene el impuesto a casas de lujo, no viene impuesto a bienes inmuebles, no viene impuesto a las transferencias, no viene privatización de empresas, entre otros.

-Usted menciona que, bueno, está recargado en el lado del gasto. Vamos al lado del gasto. Los sindicatos, por ejemplo, obviamente, se van a oponer a la reforma al empleo público. ¿Cuál es la labor de convencimiento de la necesidad, para la población en general, de hacer estos ajustes en el gasto?

Estos ajustes en el gasto son muy importantes porque nosotros tenemos que convencernos de que hoy tenemos un Estado que funciona, que nos da una serie de servicios, que a mucha gente le genera empleo. Ese Estado hay que financiarlo, pero llega hasta un monto determinado donde más allá de eso no podemos pasar porque, si no, no vamos a poder financiar nada.

Nosotros debemos tener claridad en que ese Estado tiene que ser viable financieramente, y ser viable financieramente significa que, a partir de ahí, podrá pagar las pensiones, y podremos tener asegurada la pensión, aunque no sea una pensión de lujo, sino una pensión decente.

A partir de ahí, podremos tener asegurado el salario de los funcionarios públicos, sin grandes despidos.

Y todo eso es importante en una sociedad como la costarricense porque lo contrario es ir a una situación donde el financiamiento del Estado sea de tal tamaño, que va a llegar, sencillamente, a hacer las de un globo grande que explota y, entonces, a partir de ahí, se nos vendrán una serie de problemas como sociedad.

Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es ‘hagamos un ajuste ordenado’. Y tan ordenado lo queremos hacer, que le hemos dicho al Fondo ‘venga ayúdenos, díganos si la ruta que llevamos es una ruta válida’. Y el Fondo lo que nos ha dicho es ‘después de una negociación intensa, después de una revisión profunda, la ruta es válida; por esa ruta ustedes van a llegar a la meta de mediano y largo plazo que requiere el país’.

-Hay sectores que, más bien, reclaman: ¿Por qué no fueron más agresivos? ¿Por qué no rediseñaron el Estado, cerraron instituciones, fundieron instituciones, redujeron la planilla del Estado?

Sí, también es otro punto de vista interesante, pero a quienes están pensando en eso, yo la pregunta que les haría es si este es el momento para hacer eso. Y sé que la respuesta que me van a dar es ‘nunca hay un momento bueno para hacer ese tipo de cosas’. Bueno, pero este momento es peor.

Creo que cualquiera que tiene un poquito de memoria recordará cómo estuvo la situación en octubre. Fue complicada. Fue una situación donde la gente reclamaba no a la privatización de empresas, y resulta que no había ni una sola privatización sobre la mesa.

Es decir, aquí no estábamos hablando nunca de privatizar ni el BCR, ni el Banco Nacional, ni el INS, ni el ICE. Nada de eso se estaba hablando y, sin embargo, eso estaba en la mente de las personas.

Donde si uno llega a plantear, por ejemplo, que va a cerrar tres, cuatro instituciones, pues la situación social y política se hace muchísimo más compleja.

Entonces, hay que entender que, desde el punto de vista político, no es el momento. Y este momento es mucho más delicado, probablemente, que otros.

Estamos, igualmente, en un año que ya es electoral. Es un año donde los partidos políticos pueden plantearle a todo el electorado sus propuestas y, dentro de esas, perfectamente pueden plantear propuestas mucho más agresivas sobre la situación fiscal, y decir que quieren llevar adelante procesos de privatización, si eso es lo que ellos consideran, y validarlos mediante el voto popular.

Entonces, creo que eso puede ser muy importante para algunos, pero en el caso concreto de este Gobierno, sí consideramos que, desde el punto de vista de la viabilidad política y social de llevar adelante procesos muy complejos de transformación, que impliquen privatización, que impliquen cierres, la consideración fue que no era el momento adecuado para realizar ese tipo de procesos.