Los diputados entraron en dudas sobre el proyecto para ayudar a financiar, mediante el precio de los combustibles, los subsidios para los trabajadores afectados económicamente por la crisis del coronavirus.
La idea es aprovechar la abrupta caída en los precios internacionales del petróleo, provocada por el mismo coronavirus, para destinar recursos a los trabajadores afectados.
Para ello, se requiere de un mecanismo legal, el cual consiste en aprobar una ley que frene temporalmente las reducciones en los precios locales de las gasolinas y el diésel.
Mediante un proyecto enviado a la Asamblea Legislativa, el gobierno planteó devolver los precios de los combustibles a los montos del 4 de marzo. La medida sería temporal, mientras dure el decreto de emergencia nacional.
Así, Recope le pasaría al Ministerio de Hacienda la diferencia entre los precios del 4 de marzo y los precios que tendrían que regir si se aplicaran los ajustes normales como consecuencia de la caída en el costo del crudo.
Por ejemplo, hoy un litro de gasolina súper cuesta ¢580 y, esta semana, Recope pidió bajar el precio a ¢459, un precio similar al que teníamos hace cuatro años, en abril del 2016.
Sin embargo, el proyecto devolvería el precio a los ¢606 que pagábamos el 4 de marzo.
Así, por cada ¢606 que usted pague por gasolina súper, ¢147 se destinarían a los damnificados por la crisis.
En el caso de la regular, se destinarían ¢140 por litro a los afectados y, en el diésel, ¢97.
Para el mes de abril, de nuevo a manera de ejemplo, Recope proyecta vender 40 millones de litros de gasolina súper, 41 millones de regular y 87 millones de diésel.
Con un ritmo de venta mensual como ese y con esos diferenciales, la medida permitiría recaudar ¢5.850 millones con la gasolina súper, ¢5.740 con la regular y ¢8.439 con el diésel, para un total de unos ¢20.000 millones en un mes.
Esos ¢20.000 millones alcanzarían para subsidiar a más de 50.000 personas desempleadas o suspendidas, por causa del coronavirus, con ¢125.000 mensuales durante tres meses.
Si la medida se extiende, el monto podría subir, pero eso depende del consumo y de los precios internacionales del petróleo, pues la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y Rusia alcanzaron un acuerdo para subir los precios recortando la producción.
Sin embargo, el pronóstico es bueno. Un informe dado a conocer este jueves 16 de abril, por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), indica que el acuerdo de la OPEP es insuficiente y que el barril de petróleo sigue cerca de los $20 por barril, lejos de los $65 de principios de año.
El mecanismo tiene la ventaja de que no exige sacar fondos adicionales del Estado para ayudar a los damnificados y tiene la desventaja de que impide a la población en general aprovechar la rebaja en los precios de los combustibles.
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El lunes 13 de abril, los diputados aprobaron el proyecto en primer debate con 49 votos a favor y solo uno en contra, el del diputado Pedro Muñoz, del PUSC.
No obstante, el martes en la noche, los legisladores se dieron cuenta de que había un error en el texto aprobado.
Si bien el proyecto indicaba que los precios que deben regir son los del 4 de marzo, el plan citaba explícitamente los precios correspondientes al 28 de marzo, los cuales eran más bajos.
Se trataba de un error material fácil de corregir en la sesión del plenario del miércoles. Sin embargo, ese día, los diputados titubearon sobre el proyecto y se limitaron a corregir el error, sin aprobarlo de nuevo en primer debate.
Aprovechando la coyuntura, el PUSC trató de excluir al diésel del proyecto y dos cartas distintas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) generaron confusión entre los congresistas.
Mientras se buscaba corregir el error material, el PUSC introdujo su posición de que el diésel debería quedar exento del proyecto.
El diputado Pedro Muñoz afirmó: “Es una barbaridad que a los costarricenses más necesitados que andan en bus se les saque dinero para darle al gobierno y que luego el gobierno compre diarios para que se los entregue a ellos. Es una injusticia".
Sacar el diésel implicaría quitarle al proyecto el 42% de los ingresos que generaría para los subsidios y, por ende, reduciría de 50.000 a 29.000 el número de familias que podrían ser atendidas.
Por otra parte, permitiría a los consumidores de diésel aprovechar la rebaja, lo que posiblemente tenga efectos positivos en el aparato productivo y en el transporte público.
La rebaja la disfrutarían todos, incluidos los que no han perdido el trabajo o no han visto reducidos fuertemente sus ingresos.
Aplicar la medida, en cambio, impediría aprovechar la rebaja, pero permitiría ayudar a quienes sufren el golpe de la crisis y, en este momento de derretimiento de la economía, tienen pocas opciones de generar recursos.
Aplicar los precios del 4 de marzo tampoco implica pagar un precio exorbitante: ¢606 por litro de súper está muy lejos de los ¢816 que llegamos pagamos en julio del 2014. De hecho, es un monto más bajo del promedio de los últimos dos años, que es de casi ¢627 por litro.
Aquí no hay buenos ni malos. Se trata simplemente de tomar decisiones políticas.
(En este gráfico se observa, a la izquierda, el precio que pagamos hace seis años y, a la derecha, el rango actual)
Adicionalmente, la Aresep envió señales confusas que molestaron a los diputados. El regulador general, Roberto Jiménez, envió primero una carta en la que consideró inconveniente “suspender” la tramitación de ajuste tarifario alegando que “se trata de un derecho de los prestadores” y que su suspensión, aunque sea temporal, “podría dar cabida a la interposición de recursos por parte de prestadores que consideren violentados sus derechos” y a solicitudes de indemnización.
No obstante, luego, envió otro documento, de “complemento” al anterior, en el que consideró que la iniciativa puede contribuir a mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Con buena razón la jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, le reclamó al gobierno imponer liderazgo en el tema.
Este viernes, veremos si hay desenlace o si el tema se pospone de nuevo.
Los combustibles no son la única fuente para pagar los subsidios. Otros ¢84.000 millones provendrían de ajustes en partidas de gobierno y ¢75.000 millones de las ganancias del INS, por ejemplo.
El Gobierno aspira a cubrir a unas 790.000 personas. Cerca de 300.000 personas ya solicitaron el bono.