El presidente Carlos Alvarado nombró como viceministros a dos miembros de la Juventud Progresista del PAC que, en el 2015, fueron mencionados en una polémica minuta donde se insinuaba el uso de recursos públicos para beneficio de esa agrupación oficialista.
Se trata de Eduardo Solano Solano, viceministerio de Prevención en la cartera de Seguridad; y Fabián Solano Fernández, viceministro de Gestión Estratégica y oficial mayor, en el Ministerio de Justicia.
El segundo de ellos, de hecho, fue destituido por el expresidente Luis Guillermo Solís, en julio del 2015, del cargo de asesor en el Ministerio de Planificación.
En la minuta, se proponía aprovechar “recursos políticos del Gobierno para beneficio partidario” y de esta corriente de la Juventud del Partido Acción Ciudadana (PAC).
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"Esta administración no va a tolerar la mínima insinuación ni sospecha acerca de un uso indebido de los recursos públicos de cualquier tipo. Aunque este hecho haya sido siquiera una sola sugerencia", alegó Solís cuando tomó su decisión, la cual también abarcó a otros cinco asesores del gobierno que participaron en una reunión de la Juventud Progresista, el 20 de junio del 2015.
En el cuestionado documento se planteaba también combatir al "ottonismo", la corriente afín al fundador de la agrupación, Ottón Solís Fallas.
En agosto del 2015, el Tribunal de Ética del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) suspendió tanto a Eduardo Solano como a Fabián Solano por tres meses, de sus cargos partidarios, como medida cautelar para investigar el contenido del documento y los hechos acontecidos en torno a su redacción.
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Eduardo Solano no corrió la misma suerte que su compañero de partido, pues él conservó su cargo como asesor del otrora diputado rojiamarillo Marco Vinicio Redondo y, posteriormente, fue designado como vicepresidente del Comité Ejecutivo de Acción Ciudadana, cargo que desempeñó hasta integrarse este mes al Poder Ejecutivo.
“Los casos de estas dos personas fueron estudiados y resueltos por los órganos partidarios y nacionales competentes. En todas las instancias, el caso fue archivado o desestimado por no encontrarse ninguna conducta ilegal o contraria al ordenamiento jurídico nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones desestimó la denuncia por beligerancia, la Contraloría General de la República desestimó la denuncia por mal uso de recursos públicos y la Procuraduría tampoco encontró nada ilegal. En síntesis, la probidad de estos dos funcionarios públicos se encuentra comprobada por todos los tribunales nacionales donde el caso fue estudiado”, manifestó el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza.
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'Fue un malentendido'
El exdiputado Redondo insistió, este miércoles, en que lo ocurrido con la minuta se trató "de un mal entendido" y que no encontró pruebas suficientes para sancionar a su asesor, como sí lo hizo el expresidente Solís.
Relató que, antes de tomar una decisión, conversó con la persona que redactó la minuta y quedó "complacido" con sus explicaciones.
Alegó que el documento fue escrito por un estudiante de Ingeniería, que carece de estudios en Ciencias Políticas o Derecho y, por ende, utilizó un lenguaje inadecuado y que el espíritu del texto era otro.
Según Redondo, lo acordado en esa reunión era aprovechar los recursos políticos y no, los económicos "como después se mal interpretó".
"Yo no soy de las personas que primero mata y luego pregunta, yo primero hablé con la persona que escribió la minuta, Francisco Cordero, él me cuenta que fue lo que quiso decir y concluyo que eso no es cuestionable y que no merece una sanción".
"Una noticia de estas daña la imagen de esas personas, a muchos de ellos les costó mucho conseguir trabajo y quienes lo consiguieron, no en condiciones aceptables.
"Es muy doloroso marcar a un grupo de muchachos por algo que no era lo que ellos estaban planteando", enfatizó el exdiputado de Cartago.
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