Los diputados Marco Vinicio Redondo y Ronny Monge, del PAC y del PLN, respectivamente, se enfrascaron este lunes en una discusión que terminó a gritos durante un careo entre los jerarcas del ICE y del Banco Nacional (BN), por el proyecto hidroeléctrico privado Capulín San Pablo.
Los hechos ocurrieron en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. La obra está bajo investigación porque, a pesar de que el banco giró $103 millones para el proyecto, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya no desea comprar su energía, lo que pone en apuros los ingresos necesarios para pagar el financiamiento.
El encontronazo se produjo luego de que el diputado del PAC dijera que su colega del PLN es primo de Rebeca Monge Hernández, esposa de Gerardo Ulloa Castro, quien era el subgerente de Banca Corporativa del BN cuando esta unidad "tramitó y formalizó" un crédito por $117 millones en favor del consorcio privado Hidrotárcoles, para la construcción de la hidroeléctrica en San Pablo de Turrubares.
Ante consulta del legislador Redondo, el gerente general del BN, Juan Carlos Corrales, confirmó la participación de Gerardo Ulloa.
El congresista del PAC dijo al respecto: "Y que dicho, sea de paso, don Gerardo es casado con doña Rebeca Monge que, a su vez, es prima de don Ronny Monge (presidente de la comisión investigadora), eso no es pecado, lo importante de esto es que existen una serie de relaciones que podrían poner en discusión cuál ha sido el fin real de lo que se ha venido analizando dentro del seno del BN con relación a Hidrotárcoles".
El diputado del PAC también dijo que Gerardo Ulloa es hermano de Silvia Ulloa Castro, directora del medio digital CRHoy, con lo cual insinuó que este sitio tenía una posición sesgada en torno al proyecto hidroeléctrico en favor del Banco y en contra el ICE.
"Hay una participación clara de medios de comunicación como el que hemos hablado, y no solo podríamos hablar de cómo participa CRHoy, sino también del elmundo.cr., en dónde más del 66% de las posiciones son negativas y la participación de más de un 40% son de estos dos medios, en donde pareciera que pueden haber intereses muy claros y que podría haber una relación entre Silvia Ulloa Castro y Gerardo Ulloa", dijo.
Inmediatamente, el liberacionista Ronny Monge encaró a al legislador del PAC por sus palabras y lo acusó de estar haciendo campaña en favor del candidato presidencial Carlos Alvarado, de querer ocultar "malos manejos" del actual gobierno y de querer poner en entredicho la labor del BN.
"Usted fue uno de los diputados que votó en contra el informe de la comisión del cementazo, que ha tratado a todas luces de ocultar los malos manejos del partido de gobierno y que, ahora, trata de enlodar una institución bancaria diciendo que los medios de comunicación le hacen un juego para tratar de que lo se dice en esta comisión no salga y no perjudique a su candidato presidencial Carlos Alvarado".
"Es una pena porque aquí, por seis meses, vimos estos temas sin el criterio tan bajo y politiquero con el que usted está tratando y haciendo estas alusiones el día de hoy", le respondió Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Ante lo cual Redondo, replicó: "Discúlpeme don Ronny, pero yo no creo que estoy planteando ningún discurso politiquero, estoy hablando de las relaciones que existen y que son relaciones reales, no las estoy inventando".
Posteriormente, comenzaron a gritarse por al menos un minuto y fue difícil entender qué se decían.
La diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, intentó apaciguar las aguas con la frase "compañeros bajen el tono", sin ningún resultado.
La discusión se tranquilizó luego de que el legislador Rafael Ortiz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), salió del recinto molesto, rompió el cuorum reglamentario e impidió que continuará al debate.
Al final, esa discusión concluyó luego de que Redondo dijera: "No fui yo el que empezó". Y Monge le respondió: "Claro que fuiste vos, aquí están todos los medios".
Otras vinculaciones
Antes de eso, el diputado del PAC también habló de otras aparentes relaciones entre personas y empresas vinculadas con el proyecto Capulín San Pablo.
Primero, dijo que Carl Kuhlmanr, el encargado del BN para supervisar y fiscalizar los avances de la obra, a través de la firma Hidroingeniería S. A., tiene un posible conflicto de intereses.
Según Redondo, Hidroingeniería S. A. también asesoró en el proyecto hidroeléctrico Consuelo, en Buenos Aires, de Puntarenas, obra de la constructora H. Solís, cuyo grupo accionista también participa en el desarrollo de Capulín San Pablo, mediante la firma Vehículos y Maquinaria S. A.
"P. H. Consuelo, que es parte de H. Solís, que a su vez es parte de Hidrotárcoles con todos estos juegos accionarios y que no ha dejado de formar parte desde el inicio porque se han configurado de manera distinta las sociedades, pero siempre las participaciones se están dando", dijo Redondo.
Kuhlmanr estuvo presente en la sesión y no desmintió las aseveraciones de Redondo. Tampoco lo hicieron el gerente del BN ni los abogados que lo acompañaron.
En segundo lugar, Redondo citó al asesor de Banca e Inversión del BN, Rónald Vargas, quien, según dijo, es el gerente general de la compañía H. V. Finanzas, la cual realizó el estudio de viabilidad financiera del proyecto Capulín.
Posiciones encontradas
Antes y después del encontronazo entre Redondo y Monge, el gerente del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales y el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, junto con sus respectivos equipos jurídicos, debatieron sobre cuál era la fecha de entrada de operaciones del proyecto.
Por un lado, el ICE insistió en que la planta, según el contrato, debía comenzar a generar energía el 1°. de agosto del 2015, tres años después de la orden de inicio, y que Hidrotárcoles incumplió con esa fecha, razón por la cual se finiquitó el acuerdo contractual por considerar que hubo una falta gravísima.
Al respecto, la directora jurídica del BN, Marietta Herrera, dijo que eso era falso. Alega que Hidrotárcoles tenía la posibilidad de cambiar la fecha del contrato una vez y que, bajo esa línea, se postergó hasta el 10 de julio del 2017.
Dijo que, incluso, en varios documentos el ICE estuvo de acuerdo con ese cambio, que así consignó en varias reuniones y actas donde se trató el plan de trabajo, con el cronograma del proyecto.
Agregó que los 50 megavatios que generará la planta hidroeléctrica se tomaron en cuenta dentro del Plan de Expansión de la Transmisión 2014/2025, publicado por el ICE en noviembre del 2014. Allí se detalla en la tabla 3.1 que el proyecto "entrará en operación el segundo trimestre del año 2017".
Ante la réplica de Herrera, el abogado del ICE, Erick Picado, insistió en que eso no es cierto. Sostiene que el Instituto nunca estuvo de acuerdo con el cambio de fecha y que, para hacer un cambio de esos, se requiere la aprobación de una adenda, que a su vez, debe ser avalada por la Contraloría General de la República (CGR), lo cual en este caso no ocurrió.
También dijo que si bien Hidrotárcoles podía variar la fecha de entrada en operaciones, ese cambio solo era permitido para reducir el plazo de construcción, no para ampliarlo por encima de los tres años estipulados desde un principio en el contrato.
Picado argumentó que así lo determinó la CGR cuando refrendó el acuerdo contractual.
"Hidrotárcoles cambió la fecha de manera unilateral y el tema se trató en reuniones que no tienen fuerza para modificar el contrato", expresó Picado.
Posteriormente, ante un interrogatorio del diputado Rafael Ortiz, los presentes debatieron sobre las razones por las cuales el BN comenzó a girar recursos si sabía que el ICE ya había rechazado ampliar la fecha de término.
Erick Picado dijo que, desde el 1°. de noviembre del 2013, se le informó a Hidrotárcoles que no era posible modificar la fecha de inicio, al tiempo que el Instituto rechazó aumentar el costo del proyecto de $107 millones a $161 millones y ampliar de 32 a 40 meses el plazo para que la obra entrara en operaciones.
No obstante, Marietta Herrara reiteró que, posterior a esa fecha, el ICE emitió una nota diciendo que la empresa desarrolladora ya había subsanado los yerros.
Agregó que el primer desembolso se hizo luego de que el Instituto autorizó el cierre financiero a Hidrotárcoles y, más bien, cuestionó ese aval. Alegó que si ya estaban analizando romper el contrato, esa documento no se tuvo que haber aceptado.
"Autorizaron el cierre financiero y no cancelaron el contrato, si eso no hubiese ocurrido, nosotros no hubiésemos girado recursos", dijo Herrera.
Picado replicó que no es función del ICE aprobar el cierre financiero y que solo se dio por recibido.
Anuencia a retomar proyecto
El gerente del BN, Juan Carlos Corrales, reiteró en varias ocasiones que el banco está en total disposición de buscar una salida para que sacarle provecho al proyecto, luego de que ICE rompiera en enero el contrato por el aparente incumplimiento en la fecha de operaciones de la planta hidroélectrica.
Ese aspecto aún no se resuelve en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde Hidrotárcoles querelló al Instituto para tratar de anular la ruptura contractual.
"No tenemos ninguno problema de llegar a un buen entendimiento, mientras el ICE e Hidrotárcoles lleguen a un acuerdo", dijo Corrales.
Carlos Obregón, del ICE, se mostró más reticente. Aduce que solo si se cumplen con las reglas de juego del contrato y de considerarlo necesario, el ICE tendrá la mayor disponibilidad de buscar una solución para aprovechar la generación de energía de Capulín San Pablo.
Además, afirmó que, cuando se decidió dar por finiquitado el contrato, no había certeza de que el proyecto entraría en operaciones en el 2017 como Hidrotárcoles proponía, porque no se pudo hacer una llena y la misma se postergó un año, con lo cual se atrasaría el cronograma en doce meses.
Según Obregón, la firma también tiene la opción de venderla la energía a empresas de servicios públicos o cooperativas, que el ICE no es la única opción.