Los abogados Gloria Navas Montero y Rubén Hernández Valle presentaron este miércoles, ante el Ministerio Público una denuncia contra el sindicalista Albino Vargas Barrantes por instigación al desorden público.

La gestión judicial cuenta también con el apoyo del grupo Movimiento Ciudadano CR y solicita a la Fiscalía que se investigue al líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por su llamado a cerrar las carreteras del país y las fronteras.

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“Tanto mi colega como yo somos respetuosos del derecho colectivo, del ejercicio del derecho a huelga, pero dentro del marco jurídico constitucional”, dijo.

Navas explicó que la denuncia se motiva en la “defensa civil de una gran población de costarricenses que se están viendo ofendidos y extorsionados con la dirigencia de este señor”.

La abogada añadió que Albino Vargas “incita e instiga a sus seguidores a cometer delitos que afectan seriamente la paz social” del país.

El lunes, Vargas propuso “un gran paro nacional".

“La tesis de paro nacional es correcta, un gran paro nacional, pero de verdad: cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo..., hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean”, les dijo el líder sindical en el auditorio de la Conferencia Episcopal, a los representantes un grupo llamado Mesa Social Multisectorial, que incluye sindicalistas, transportistas, estudiantes, pescadores y agricultores.

Si bien Albino Vargas respondió una llamada que le hizo este medio para tener una reacción sobre la denuncia, respondió nuevamente que a La Nación no le da declaraciones y pidió que ni siquiera se le llame por teléfono. Dio la misma respuesta cuando se le preguntó si ya tenía conocimiento sobre la denuncia.

Gloria Navas aseguró que ese llamado a cierres y bloqueos que hizo el dirigente de la ANEP implica “un gravísimo y serio daño a derechos esenciales de los ciudadanos”.

Entre esos derechos, la abogada enumeró el derecho a la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la atención médica, a la educacion, al transporte y “a todas aquellas circunstancias relacionadas con el movimiento de la población, el comercio nacional e internacional”.

“Todos lo hemos venido teniendo y sufriendo en los últimos tiempos, por el abuso de algunos derechos y la falta de eficacia en el ejercicio de la autoridad pública”, indicó Navas.

Según la denunciante, Albino Vargas extorsiona a la población y a las autoridades gubernamentales, para que tengamos que sufrir esos abusos si no le conceden sus pretensiones, contrario a derecho.

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“Esto es un crimen y la población está cansada de este tipo de conductas lesivas”, manifestó Gloria Navas.

Agregó que la pena para quien se encuentre culpable del delito de instigación pública va de los seis meses a los cuatro años de prisión.

La Nación le consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público cuál es el procedimiento ante una denuncia como la que se presentó en contra del sindicalista Albino Vargas. Sin embargo, al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta de parte de esa oficina.

Según el texto de la denuncia, los abogados hacen el reclamo con base en el artículo 27 de la Constitución Política, el 280 del Código Penal, así como los numerales 16, 278, 279 y 280 del Código Procesal Penal.

En el numeral 280 del Código Penal se describe, precisamente, el delito de instigación pública y la penalización que le corresponde.

“Instigación pública. Artículo 280.- Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”, dice la ley.

Medidas cautelares

Además de solicitar la investigación, Gloria Navas y Rubén Hernández solicitaron que se ordene medidas cautelares para el cumplimiento del orden público, incluso por medio de la fuerza.

"Se harán comunicaciones al ministro de Seguridad Pública, con carácter de urgencia y se prevendrá a las autoridades pertinentes sobre los hechos anunciados y los que se cumplen ante las amenazas formuladas del hecho consumado", solicita la denuncia.

Los abogados argumentaron, en el texto de la denuncia, que es público y notorio que Albino Vargas se ha excedido en sus discursos, acciones y decisiones, “al punto que no solo ha abusado ilegítimamente de su derecho de opinión, sino que su conducta transgrede la ley y otras garantías fundamentales”.

"Con sus discursos y acciones, ha venido a desestabilizar el orden constitucional, incitando a la violencia y al ejercicio de grupos que perturban dolosamente el libre tránsito de los ciudadanos, jóvenes estudiantes y niños que se dirigen a sus centros de educación", dice el reclamo.

Incluso, Navas y Hernández recordaron que fue precisamente Albino Vargas quien, a través de “expresiones negativas y acciones indebidas”, incitó a que varios sindicalistas atacaran físicamente a un fotógrafo de La Nación.

“Ante una presunta huelga convocada por sindicatos médicos y de profesiones afines, (Albino Vargas) incitaba a las masas a reaccionar y negar la prestación de servicios esenciales como la salud, poniendo en peligro la vida de muchos ante la masiva cancelación de citas y de cirugías programadas”, se lee en la denuncia.