Nuevos documentos que el Conavi envió a la Contraloría General de la República contradicen la versión que Casa Presidencial ofreció al público sobre el desfase de coordenadas cometido en la construcción de la ruta 257, que conectará la carretera a Limón con la futura Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
289 páginas de oficios e informes confirman que el Gobierno incluyó un desfase de 80 metros en el trazado de la ruta, dentro el concurso público para contratar a una empresa que se encargara de la obra, aunque de antemano sabía que esta nunca conectaría con el megapuerto. Corregir el error costará miles de millones de colones.
Cuando la premeditación se hizo pública, el 17 de abril, Casa Presidencial salió a decir en sus redes sociales que el concurso adjudicado por $72 millones (¢41.760 millones) se basaba en "un punto de conexión provisional" con la terminal portuaria.
No obstante, esa aclaración nunca se les hizo a las constructoras interesadas en el contrato. Los documentos revelan que los funcionarios gubernamentales incluso debatieron la posibilidad de advertir el error en el concurso público, pero descartaron hacerlo.
El domingo 23 de abril, en cadena nacional, con logos del Gobierno y bajo el título 'mensaje a la ciudadanía', el entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Villalta, afirmó: "El gobierno se vio en la obligación de sacar una licitación con un punto de conexión provisional porque era el que tenía los permisos y estaba apegado a la legalidad (...). Si nos hubiéramos esperado hasta obtener esos permisos para sacar la licitación, hubiera sido imposible cumplir con el plazo y se hubiera perdido el descuento proyectado de los $1.000 millones para los 30 años de la concesión. De no haber actuado de manera diligente, transparente y la mira puesta en la solución, las críticas al gobierno serían por esta razón", expresó ese día Villalta.
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El término "punto de conexión provisional" no se menciona en ninguno de los documentos que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) envió a la Contraloría el 18 de abril anterior solicitando autorización para ampliar en $5,4 millones (¢3.130 millones) el contrato adjudicado en junio del 2016 al Consorcio del Atlántico (Constructora Meco S. A. y Puentes y Calzadas Infraestructuras), a fin de corregir el diseño y lograr conectar la ruta de poco más de 2 kilómetros con el megapuerto.
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El concepto de "provisional" no se menciona tampoco en los documentos previos a la cadena nacional, la cual todavía se puede visualizar en el perfil de Facebook del presidente Luis Guillermo Solís y en la página de Casa Presidencial en Youtube.
Por el contrario, los documentos reafirman que el Conavi sabía que había un desfase de coordenadas. El trazado preliminar terminaba la ruta 257 en el centro de los terrenos concesionados a la empresa APM Terminals, desarrolladora del megapuerto. Sin embargo, en diciembre del 2013, esa compañía definió que el punto de acceso se ubicaría a un costado.
Pese a ello, el Conavi sacó a concurso la obra en febrero del 2016 con el error incluido, alegando internamente que carecía de permiso de impacto ambiental para entrar al área correcta de enlace con la TCM. No obstante, el actual ministro de Obras Públicas, Germán Valverde, reconoció a la Contraloría que el Gobierno conocía del problema desde abril del 2015.
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"Se hace necesario aclarar que la necesidad de modificar las obras de conexión entre la ruta nacional 257 y el acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) surge de la identificación del desfase que existía en el alineamiento entre el punto de conexión de la TCM y el derecho de vía de la 257 y esto está formalmente documentado desde abril del 2015 y marzo del 2016", expresó Valverde a la Contraloría, el 11 de mayo anterior, actuando en ese entonces como director ejecutivo del Conavi.
La Contraloría le preguntó, entonces, por qué los ajustes no se incluyeron dentro del concurso hecho en febrero del 2016 y quiénes fueron los funcionarios responsables de ello. Valverde respondió que no lo hicieron por una "instrucción" del exviceministro del MOPT, Mauricio González, quien actualmente es director de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
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"La Unidad Ejecutora (del Conavi) detectó y advirtió acerca de la situación de desfase que se presentaba entre el punto de acceso de la TCM y la ruta 257. Ahora bien, resulta que, siguiendo una instrucción girada por parte del ingeniero Mauricio González Quesada, viceministro de Reformas y Proyectos —fungiendo como secretario técnico de la Comisión Mixta para la Construcción de la Ruta Nacional 257—, a la ingeniera Andrea Soto Rojas, gerente de la Unidad Ejecutora, se ordena continuar con los procesos licitatorios asociados con la contratación directa 2016CD-000026-0DE00, sin incluir los cambios requeridos para obtener una conexión funcional desde el inicio del procedimiento", explicó el nuevo ministro en el oficio DIE-07-17-1376.
El 29 de marzo del 2016, el entonces viceministro pidió que no se incluyera ninguna aclaración al cartel, con el argumento de que no se sabía cómo se iba a resolver el desfase.
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"Habiendo conversado al respecto de este tema con el ministro (Carlos Villalta), les indico que NO (SIC) tenemos aprobación para la implementación de una solución del lado del Conavi, de forma que le agradezco a Andrea (Soto, de la Unidad Ejecutora) que no promueva ninguna aclaración o enmienda de ninguna naturaleza al proceso de contratación actualmente activo".
"Hecha la valoración de los riesgos de tiempo, costo y reputacionales discutidos en la reunión de hoy en la mañana, no consideramos que valga la pena introducir elementos de riesgo tan importantes como una autorización ambiental en un proceso de contratación tan restringido como el que ocupa a Conavi en este momento", manifestó González en esa nota (DVRP-2016-032 (257)).
Si la Contraloría aprueba el cambio al contrato, el costo final de la obra sería de $77,2 millones, $17,2 millones (casi ¢10.000 millones) superior a la oferta que hizo una empresa con un trazado que sí conectaba con el punto correcto. Esa oferta fue rechazada por el Conavi por salirse de las "coordenadas".
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Permiso ambiental. La preocupación del entonces viceministro radicaba en que el Conavi carecía de permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en un sector de los terrenos por donde debía pasar la vía 257. El aval ambiental abarcaba una franja 60 metros de ancho hasta el centro de los terrenos dados a APM.
Las autoridades de Gobierno consideraron que gestionar un nuevo permiso ambiental habría puesto en peligro la conclusión a tiempo de la obra, la cual debía estar lista a más tardar en enero del 2018 pues, de lo contrario, el país perdería el descuento de $20 ofrecido por la concesionaria en la tarifa por cada contenedor que se movilice en la nueva terminal (de $246 a $226). En 30 años, ese descuento podría sumar unos $1.000 millones.
"La administración efectivamente llevó a cabo la verificación de área que contaba con viabilidad ambiental, constatando la necesidad de obtener terreno adicional al adquirido previamente para ampliar el derecho de vía de la ruta nacional 257, lo que representaba la necesidad de obtener a su vez, la viabilidad ambiental de esa área adicional".
"Dicha circunstancia fue efectivamente advertida por la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto; sin embargo, procurando no aumentar el riesgo de no poder cumplir con los plazos establecidos en el contratado de concesión (de la TCM) y que pudieran representar para el Estado costarricense la pérdida del descuento señalado, se dispuso que la contratación directa publicada debía continuarse en los términos que se encontraba en ese momento", explicó Germán Valverde a la Contraloría.
En las respuestas a la Contraloría, Valverde va más allá del desfase de 80 metros y afirmó que, el diseño que se adjudicó al Consorcio del Atlántico también necesitaba modificaciones en las obras de conexión con el megapuerto "para garantizar un mejor nivel de servicio y de seguridad a los usuarios de la terminal".
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Las preocupaciones del Conavi no fueron consecuentes con lo que pasó en la realidad. Al final, esa institución decidió firmar un convenio con APM Terminal para desviar la ruta 257 hacia parte de los terrenos dados en concesión y así, aprovechar los permisos ambientales que ya tenía ese terreno y no gestionar nuevos.
Para que eso se materializara, la firma holandesa sí tuvo que pedir una autorización a la Setena, debido a que se iba a cambiar el objetivo por el cual se gestionó en un principio la viabilidad. Esa gestión se hizo el 1°. de marzo y en solo ocho días contó con el visto bueno de esa Secretaria.
"Aún y cuando se decidió continuar con la contratación directa en los términos publicados en el cartel con el derecho de vía existente y la viabilidad ambiental obtenida, nunca se perdió de vista la necesidad de encontrar una alternativa que efectivamente brindara una solución definitiva a la conexión con la terminal; lo cual se consolidó con la suscripción del Convenio de Cooperación, cuando de manera paralela se había avanzado con los diseños del proyecto hasta llegar a esa zona", consignó Valverde.