Por: Aarón Sequeira.   16 abril
16/12/2015. Asamblea Legislativa, San José. Plenario. Víctor Morales Zapata, Aracelli Segura, Johnny Leiva y Willian Alvarado. Fotografía Marcela Bertozzi
16/12/2015. Asamblea Legislativa, San José. Plenario. Víctor Morales Zapata, Aracelli Segura, Johnny Leiva y Willian Alvarado. Fotografía Marcela Bertozzi

El Directorio de la Asamblea Legislativa aceptó, luego de un regaño de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), entregarles a los 57 diputados los informes sobre las presuntas faltas éticas que habrían cometido tres congresistas.

Se trata de investigaciones de la PEP sobre las actuaciones del independiente Víctor Hugo Morales Zapata, el libertario Otto Guevara y el socialcristiano Johnny Leiva, en relación con el caso del cemento chino.

La decisión del Directorio se dio en una sesión extraordinaria de ese órgano, realizada a las 2 p. m., luego de que la Procuraduría de la Ética criticó a la cúpula del Congreso por engavetar los informes, alegando que aún no existe un marco legal que permita sancionar este tipo de faltas.

La PEP insiste en que es necesario que se realice un análisis de cada uno de los informes emitidos y se dicte un acto final, en consonancia con el ordenamiento jurídico.

El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, advirtió de que entregará los informes sobre los casos de Morales, Guevara y Leiva, pero también los relativos a otros casos de legislaturas anteriores, como el informe sobre las actuaciones del Directorio 2014-2015, integrado por el exdiputado Henry Mora Jiménez, del PAC, y los socialcristianos Jorge Rodríguez y Luis Vásquez.

Tales informes serán trasladados bajo las mismas reglas en que han sido recibidos por los miembros del Directorio Legislativo: en un sobre cerrado, el cual solo puede ser abierto por el diputado que lo recibe.

Además, la nota de remisión para cada diputado o diputada, que vendrá dentro del sobre cerrado, deberá indicar que el informe respectivo tiene carácter confidencial, por así disponerlo el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito."

Presidente propone archivo de informes

La resolución del Directorio se leyó inmediatamente después de que se puso a conocimiento del pleno legislativo la moción que Patricia Mora, del Frente Amplio, presentó el jueves anterior.

Esa moción de Mora plantea que el plenario ordenara al Directorio entregar los informes sobre los congresistas vinculados con el caso del cemento.

De todas formas, Ramírez leyó la moción y la resolución, puso a votación la moción y esta recibió los votos positivos de los 43 legisladores presentes en ese momento.

No obstante el acuerdo del Directorio, Mora fustigó la propuesta que les hizo el presidente parlamentario para que los informes se envíen al archivo.

"Él nos propone que, de una vez, nosotros votemos archivar los casos, porque no hay nada que hacer en esos casos, eso es lo que nos propone. Ya le dijimos que no, acabo de hablar con gente del PAC, porque ¿cómo vamos a archivar algo que no conocemos? Por supuesto, que no contará con los votos", indicó Mora.

Javier Cambronero, jefe del Partido Acción Ciudadana, confirmó que Gonzalo Ramírez les está proponiendo archivar los informes, porque dijo que hace una interpretación muy sui generis del jalón de orejas que le pegó la Procuraduría.

El presidente legislativo refutó las acusaciones que le hicieron varios legisladores y aseguró que ellos lo “malinterpretaron”.

“Es que la Procuraduría dice que si legalmente se puede abrir un procedimiento para castigar o sancionar a los diputados, que se abra, pero que si no existe esa posibilidad, que se dicte una resolución, como acto final, para que se archive”, dijo Ramírez.

Añadió que ese archivo implicaría que los informes se conviertan en documentos públicos, que pierdan el principio de confidencialidad que actualmente los cobija.

“Estamos presentado una moción para que los diputados voten si se archivan o no se archivan los informes. Lo lógico, como no tenemos régimen sancionatorio, es archivar, porque no tenemos cómo sancionar”, indicó.

El acuerdo del Directorio, anunciado por Ramírez, dice:

"1- Remitir al Plenario Legislativo la Acción de Recomendación de la Procuraduría de la Ética Pública, contenida en el oficio AEP-AR-007-2018 del 13 de abril de 2018, referente al órgano competente para conocer, en definitiva, los informes finales de las investigaciones preliminares que realiza ese órgano en los que se acusa supuestas faltas a la ética pública.

2- Apegarse a la citada Acción de Recomendación, de manera que le corresponderá a la Asamblea Legislativa, y no al Directorio Legislativo, dedicarse al conocimiento y resolución de los informes en cuestión.

3- Trasladar a cada uno de las y los diputados de la Asamblea Legislativa, copia de los distintos informes de la Procuraduría de la Ética Pública que han sido recibidos a la fecha, e incluso en legislaturas anteriores.”

La reforma constitucional para establecer las faltas éticas como una causal para perder la credencial de diputado recién fue aprobada en el segundo debate de primera legislatura, el jueves anterior.

Ahora, deberá ser mencionado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en su informe de labores ante el plenario, el 2 de mayo.

Luego, tendrá que pasar por tres debates más de segunda legislatura, trámite que les tocará llevar a cabo a los nuevos legisladores, a partir de mayo.

A partir de que se incorpore esa reforma en la Carta Magna, los congresistas podrán proceder con la aprobación de un régimen sancionatorio, establecido como un capítulo del Reglamento legislativo o como una ley aparte.