El acuerdo del Consejo Superior Notarial que prohíbe la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo es “parco y superficial”, a criterio del director jurídico de la Presidencia de la República, Marvin Carvajal.
Así lo explicó el abogado de la Casa Presidencial, por vía telefónica, este viernes por la mañana, luego de conocer la resolución de ese órgano colegiado.
“Definitivamente hay una mala lectura, una lectura errónea de la opinión consultiva (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH) por parte del Consejo Superior Notarial”, explicó Carvajal.
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A criterio del director jurídico, antes de establecer que se requiere de una reforma legislativa o una resolución de la Sala Constitucional para permitir los matrimonios gais, el Consejo Superior Notarial debió considerar que la opinión consultiva de la Corte “obliga a todos los entes y órganos del Estado, no solo al Poder Judicial, a desarrollar control de convencionalidad”.
Según el funcionario, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas administrativas necesarias para adecuarse a los establecido en la opinión consultiva, según la cual se le debe asegurar el derecho a las parejas del mismo sexo a la unión matrimonial.
“Creo que es un tema que el Consejo Notarial deberá revisar y, a la luz de la opinión consultiva, valorar la procedencia de un criterio más acorde con lo que ha establecido la Corte Interamericana”, comentó Marvin Carvajal.
Además de la carta que envió el ministro de Justicia, Marco Feoli, a un directivo notarial este viernes, para exigirle un informe con las razones para avalar ese acuerdo, la Dirección Jurídica de la Presidencia evaluará cómo proceder ante la directriz emitida por el Consejo Notarial.
“Imaginamos que también lo hará la Defensoría de los Habitantes. El Poder Ejecutivo está valorando qué mecanismos se pueden emplear para lograr una decisión que sea producto de un análisis más sustancioso y fuerte de lo establecido por la CorteIDH”, informó Carvajal por vía telefónica.
Según el abogado de la Presidencia de la República, este es un tropiezo normal que la implementación del matrimonio entre personas del mismo sexo puede sufrir, por tratarse de un “proceso tan revolucionario”.
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Carvajal cree que habrá que ir poco a poco, institución por institución, subsanando ese tipo de tropiezos, pues considera que la prisa no es la mejor consejera a la hora de tomar decisiones.
“El análisis minucioso de cada uno de los institutos y de los órganos del Estado donde haya que hacer las adecuaciones, necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte”, es el camino más prudente, consideró Marvin Carvajal.
Para la abogada Larissa Arroyo, de la Asociación Ciudadana Acceder, es lamentable la decisión del Consejo Notarial, pues insistió en que se estaría desconociendo la fuerza de las opiniones de la Corte IDH.
“El Consejo habla de prohibición legal, pero en ese sentido, nosotras apelaríamos a que en un Estado social, democrático, de derecho, se respete el fallo de la Corte”, comentó Arroyo.
Ella reconoció que es complejo y se requiere tiempo para que se ajusten los mecanismos necesarios para la celebración de los matrimonios entre personas del mismo sexo y para que los notarios tengan la confianza de realizarlos.
Según Arroyo, acudirán a los mecanismos judiciales, en particular el amparo ante la Sala Constitucional, para proteger los derechos de las parejas que se querían casar y que están viendo sus derechos negados con la decisión del Consejo Notarial.
“El acuerdo no se ha publicado, hay que esperar. La jerarquía de la normativa hace que un acuerdo no pueda estar por encima de la opinión consultiva de la CorteIDH que está ampliando los derechos humanos de los gais, las lesbianas y los bisexuales, para proteger su vínculo”, comentó Arroyo.