Gerardo Ruiz R.. 2 noviembre, 2017

El Infocoop admitió que frenó una gestión de cobro judicial contra la cooperativa Gecse R. L., vinculada al dirigente liberacionista Rodolfo Navas, con el argumento de que quería salvar la universidad cooperativa Fundepós, la cual es administrada por esta empresa.

Según el director ejecutivo del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), Gustavo Fernández, esa fue una de las razones por las que su despacho frenó, en marzo pasado, el proceso de cobro a pesar de Gecse le debía más de ¢1.119 millones a la institución pública.

Fernández aseguró este jueves, junto con la Junta Interventora nombrada por el Gobierno en febrero pasado, que la cooperativa vinculada a Navas cumple una labor de "interés social" al otorgarles becas de estudio a 700 cooperativistas, por lo que existía la intención de no proceder con el remate de garantías.

"Después de una ardua negociación, hemos enviado a Gecse a cobro judicial, lo anunciamos hoy (este jueves), queríamos negociar con ellos por el motivo de ser una universidad cooperativa. Nos interesaba no lesionar ese interés social y cooperativo", argumentó Fernández, ante consulta de La Nación.

De izquierda a derecha, el diretor ejecutivo de Infocoop, Gustavo Fernández, los directores Luis Cuenca y Luis Felipe Arauz, y el subdirector ejecutivo, Francisco Guillén. Foto: Gerardo Ruiz
De izquierda a derecha, el diretor ejecutivo de Infocoop, Gustavo Fernández, los directores Luis Cuenca y Luis Felipe Arauz, y el subdirector ejecutivo, Francisco Guillén. Foto: Gerardo Ruiz

En febrero pasado, Gecse tenía una operación crediticia de ¢870 millones con 314 días de morosidad y otro de ¢249 millones con 344 días de atraso, por lo que el anterior director ejecutivo del Infocoop, Ronald Fonseca, dio el visto bueno para que se iniciara el cobro judicial que solicitó la Gerencia de Financiamiento del Instituto.

Posteriormente, cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís tomó el control del Infocoop mediante una intervención, la nueva junta tomó la decisión de nombrar a Gustavo Fernández en lugar de Fonseca.

Y apenas con tres semanas de estar en ese puesto, Fernández frenó el proceso de cobro judicial contra Gecse y otras tres cooperativas vinculadas a Rodolfo Navas: Unicoop, La Catalina y CCH R.L, todas ligadas al grupo empresarial gerenciado por el dirigente liberacionista, el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Según el propio Navas, Cenecoop funciona como el nodo central de una red de consorcios cooperativos vinculados a la educación, investigación y capacitación de dirigentes del sector.

En total, las cuatro cooperativas tienen deudas por ¢3.280 millones con el Infocoop.

A pesar de que transcurrieron 8 meses entre el freno de los procesos de cobro judicial y la reactivación de los mismos, Fernández rechazó un trato preferencial hacia Rodolfo Navas, exdiputado, ministro de Agricultura en el gobierno de Luis Alberto Monge y actual dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN).

"No ha habido una preferencia específica, nos encontramos una canasta de 20 o más cooperativas que estaban en esa condición (de morosidad) y las hemos venido trabajando de manera específica, pero sacan cuatro y generan ese ruido", justificó el director ejecutivo.

¿Y por qué, entonces, el remate de propiedades se detuvo más de medio año? El sudirector ejecutivo interino del Instituto, Francisco Guillén, dijo que el largo impasse tuvo como objetivo negociar con las cooperativas deudoras una salida no judicial a la morosidad.

"Hay una responsabilidad compartida: el Instituto está anuente a escuchar un arreglo de pago, pero en ocasiones la cooperativa quiere que le hagamos la propuesta del arreglo de pago, pero no, corresponde a la cooperativa evaluar sus condiciones económicas para que nos haga una propuesta. Entonces, en ese estira y encoge muchas veces pasan meses", afirmó.

Por su parte, el ministro de Agricultura y presidente de la junta interventora, Luis Felipe Arauz, rechazó que ocurriera un tráfico de influencias dentro del Infocoop para paralizar el cobro contra las empresas deudoras dirigidas por Navas.

"Nosotros tenemos que ser muy objetivos y trabajar las cosas técnicamente de acuerdo con nuestras capacidades. No es eso de que vamos a favorecer a un grupo para desfavorecer a otro", dijo el jerarca.

Evalúan seguir con la intervención

La Junta Interventora del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) evalúa pedirle al presidente Luis Guillermo Solís que amplíe el plazo de la intervención mediante la cual el gobierno tomó control total de la cúpula de la entidad.

Las supuestas pérdidas que motivaron la intervención desembocaron en la ejecución de una auditoría forense ordenada por la Junta Interventora. Ese proceso todavía no culmina, por lo que el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz adelantó que le recomendará al presidente que extienda el plazo de la intervención más allá del 28 de noviembre, cuando vence.

La intervención ya tiene más de ocho meses y fue planeada, en un principio, para un periodo de nueve meses.

Durante este periodo, el movimiento cooperativo celebró elecciones en medio de un proceso en el que el Infocoop revisó el padrón de las cooperativas que podían votar, lo que despertó recelos en todos los bandos.

Pasadas las elecciones, se constituyó una nueva asamblea plenaria del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la cual tiene la potestad de elegir a los cuatro delegados que representan al movimiento en la Junta Directiva del Infocoop.

No obstante, si el Poder Ejecutivo amplía la intervención, los delegados designados por el Conacoop no podrían entrar en funciones, y la Institución seguiría bajo el mando de las siete personas que escoja, a discreción, Casa Presidencial.

Aunque el Infocoop está intervenido por el Gobierno, la Asamblea Plenaria del Conacoop decidió designar a Isabel Camarero, como representante de las Cooperativas de Augestión; Leonel Pérez, del Sector Agrícola; Johnny Mejía, del sector de Demás Cooperativas; y Carlos Castro Ríos, en representación de las Cooperativas de Augestión.

El viceministro de Trabajo, Luis Cuenca, quien también forma parte de la Junta Interventora designada por Solís, estimó en ¢24.000 millones el daño patrimonial que, según él, se ocultó por años y que provocaron al Infocoop los malos manejos financieros con criterios políticos que ejercieron los dirigentes cooperativistas investigados hoy por el Ministerio Público.