Natasha Cambronero, Silvia Artavia.   19 febrero
Ubaldo Carrillo es el director de Pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Fotos: Mayela López.

“¿Por qué usted da una pensión sin tener la plata? (...) Usted no puede estar obligado a lo imposible”.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, cuestionó con esas palabras al Gobierno por estar pagando jubilaciones de lujo sin contar con los recursos para hacerlo.

Al mismo tiempo, criticó que el Poder Ejecutivo le esté cobrando al IVM las cuotas de los exfuncionarios que cotizaron para este régimen, pero que exigieron el derecho a pensionarse por alguno de los sistemas de jubilación más beneficiosos, que fueron cerrados en 1992, con cargo al Presupuesto Nacional.

El traslado de las cuotas le costaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alrededor de ¢40.000 millones, afirmó Carrillo.

"Esas pensiones se dieron en la década de los noventas, ¿por qué 20 años después vienen a cobrar? (...). Es como decir: ‘hace 20 años me debías un colón, hoy me debés ¢10 millones'. ¿Me los pagás?’, expresó el director de Pensiones.

El jerarca estima que se trata de unos 10.000 exfuncionarios públicos que cotizaron toda su vida para el IVM, pero al final decidieron jubilarse con alguno de los antiguos regímenes de pensiones del Poder Ejecutivo.

Ellos pertenecían a regímenes de pensiones del Gobierno que otorgaban cuantiosos beneficios y que fueron clausurados en 1992 por ser deficitarios; el Estado no creó un fondo para costearlos.

Por el contrario, se le cargaron al Presupuesto Nacional y hoy son pagados con el dinero de todos los contribuyentes.

Dudas sobre cálculos

Ubaldo Carrillo tampoco entiende cómo la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo calcula y aprueba estas pensiones sin contar con los estudios actuariales de CCSS.

“Cuando ellos otorgaron esa pensión, tuvieron que haber hecho un cálculo. ‘Fulanito, usted le debe a este fondo ¢10 millones, como la Caja le va a trasladar ¢5 millones, usted me debe ¢5 millones (al Gobierno)’. ¿Qué pasa si yo (Caja) le traslado ¢3 millones? ¿Qué pasa con los otros ¢2 millones? ¿Cómo otorgan una pensión sin saber cuánto le voy a devolver yo (Caja)? ¿Cómo hicieron el cálculo si ellos no tienen los actuarios que tengo yo (CCSS)?"

“Si el IVM tiene que pasar esos dineros, la liquidación actuarial toma en cuenta los aportes que hizo la persona, yo tengo que agregarle la capitalización que tuvo en mi fondo de contingencia, pero tengo que rebajarle el costo de protección que le di mientras estuvo conmigo”, planteó Carrillo.

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Autonomía institucional

Además de cuestionar el accionar del Gobierno, el director de Pensiones del IVM insiste en que la Caja no reintegra esas cotizaciones al Ejecutivo por un tema de autonomía y porque no hay una ley que los obligue a hacerlo.

“No somos un régimen de pensiones del Estado. Primero, porque nuestro presupuesto no lo aprueba la Asamblea Legislativa, sino nuestra misma Junta Directiva, porque somos una institución autónoma. Y la que termina revisando y dictaminado ese presupuesto es la Contraloría General de la República (CGR)”.

“(...) La Caja es autónoma; ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo pueden ponerle cargas. No pueden reglarnos, somos autónomos”, comentó el director de Pensiones del IVM.

Él dice que imponer el traslado de esas cuotas rozaría con la Constitución Política y que, de ser así, la Caja acudiría a la Sala IV para esclarecer el dilema legal.

“Nosotros no estamos en contra del bloque de legalidad, siempre y cuando sea un bloque de legalidad claro. No nos gustan los nubarrones”.

“La Caja no es un régimen de capitalización individual para estar pasando cuotas de un lado a otro. La plata que recibe la usa para pagar pensiones. Si yo llego y le quito la plata hoy, ya yo la gasté”, agregó Carrillo.

Consulta a la Procuraduría

De momento, este debate se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR), donde el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, envió una consulta.

En la nota enviada al ente procurador, el jerarca del Pensiones del Gobierno preguntó en cuáles casos debía la Caja reintegrar esas cuotas.

Asimismo, Mora consultó cuál debe ser la forma de cobrar las cotizaciones que les faltan a los futuros pensionados, sobre todo en caso de que la Caja no traslade al Gobierno las que ya la persona canceló.

En algunos casos, dijo el director de la DNP, en entrevista la semana anterior, el cobro de esas cotizaciones pendientes es de hasta ¢20 millones por jubilado.

En criterio de Mora, la Caja debe trasladarles esas cotizaciones, pues es la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) la que debe recibir a esos jubilados y hasta financiarles, “en cómodos pagos”, las cuotas que les faltan.

Pese a Mora presentó la consulta en mayo de 2018, hace nueve meses, la Procuraduría todavía no se pronuncia al respecto.