Josué Bravo.   20 marzo
Gustavo Fernández (izq.), director ejecutivo del Infocoop, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en febrero anterior: Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.

Gustavo Fernández, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), reconoció que la institución ha tenido problemas con el manejo de los créditos, pero atribuyó los errores a la anterior administración que fue intervenida hace dos años.

“Es justamente lo que motivó que la institución esté intervenida (...). Ahora bien, yo digo que en estos dos años nosotros hemos hecho medidas correctivas bastante importantes que nos gustaría destacar”, aseguró el jerarca.

La Nación publicó este lunes que, de una cartera superior a los ¢170.000 millones distribuidos en 325 préstamos activos, el grado de morosidad alcanza el 17%. Si fuera un banco supervisado, el Infocoop ya estaría en un grave grado de irregularidad.

Además, este diario detectó que los créditos se concentran en solo 30 de las 721 cooperativas inscritas ante el Ministerio de Trabajo, y que la mayoría de los préstamos en mora o en cobro judicial fueron otorgados durante la administración de Luis Guillermo Solís.

De la cartera total de créditos del Infocoop, el 45% fue concedido a negocios de préstamos de dinero, mientras que el 30% a la agroindustria y el 25% a los servicios.

Fernández argumentó que desde la intervención del Infocoop, el 28 de febrero del 2017, la institución ha venido aplicando medidas correctivas.

Una de ellas es que ahora todos los créditos pasan por un control de riesgo. Según él, antes de la intervención, eso no existía.

Otra medida es la aplicación de un sistema de medición constante del deterioro del crédito para mitigar cualquier inconveniente.

Una tercera acción correctiva es el establecimiento de un nuevo modelo de cálculo de tasa de interés de equilibrio, cotejado por la Contraloría General, con la finalidad de medir la rentabilidad de colocación del crédito.

Es decir, si el análisis de la tasa de equilibrio indica que el crédito debe darse a un 7% de interés, este no debe salir al 6%, por ejemplo.

Una cuarta, según Fernández, es otorgar créditos a tasas promedio superiores al 8%. Si hay una cooperativa gestionando un crédito a una tasa baja del 2% o del 4%, tendrá que demostrar a la unidad de impacto socioeconómico del Infocoop, sus efectos en la generación de empleo, educación y salud.

“De hecho, por eso no se encuentran en los años 2017 y 2018 créditos con morosidad, porque nosotros ahora estamos siendo más rigurosos en el análisis de créditos, lo cual no significa decir que se le estén cerrando las puertas a las cooperativas vulnerables”, añadió Fernández.

En el caso de Limón, donde el nivel de colocación de préstamos es casi ausente, Fernández explicó que la institución está trabajando de “manera intensiva en lograr que las cooperativas de la provincia puedan acceder al financiamiento”.

En ese aspecto, el jerarca adelantó que el Ministerio de Planificación ya aprobó una modernización del Infocoop, para que sea más eficiente en la prestación de servicios con un enfoque cooperativo, se acerque más a las regiones, simplifique trámites y mejore sus herramientas tecnológicas.

“El Infocoop no es un banco, es una institución de desarrollo que, además de créditos, da educación, da asistencia técnica, supervisa a las cooperativas y también brinda servicios de investigación y divulgación, o sea somos una institución más integral”, señaló.

Sobre la concentración de la cartera en 30 cooperativas, el director explicó que eso se ha venido diversificando, pues antes eran 20 y ahora se amplió en 10 más.

Señalamientos a anterior directiva

Según el jerarca, la anterior dirigencia del Infocoop instaló gerencias afines a sus intereses.

Por eso, asegura, muchos créditos en mora otorgados durante el periodo del presidente Solís están vinculados a la anterior administración del Infocoop, sin que en su otorgamiento haya estado involucrado el gobierno de turno.

“Este grupo de gerentes, de la comisión de créditos y de dirigentes, de alguna forma vieron en el cambio de gobierno (en 2014) una suerte de amenaza y empezaron a intensificar los créditos como afines a sus intereses".

“Muchos de esos créditos se aprobaron en ese tiempo y yo creo que de alguna manera lograron convencer a los nuevos integrantes de la Junta (directiva) que entraban con el gobierno de que eran créditos de alguna medida con robustez técnica y digamos legal, cosa que después que el gobierno de Luis Guillermo decreta la intervención, nosotros denunciamos irregularidades”, aseguró Fernández.

De acuerdo con el director, la anterior administración también reajustaba deudas de manera que, cuando un crédito entraba en morosidad, se le daba un nuevo a la cooperativa y de esa forma se aplacaba la falta de pago anterior.

La intervención del Infocoop ocurrió hace dos años, tras la firma de un decreto para tal fin de parte de la administración Solís, para investigar al gobierno corporativo mediante una auditoría forense que elabora una empresa privada.

El caso está en la Fiscalía, pero en cuanto a la investigación interna, de lo cual Fernández evitó referirse, fue ordenada en un primer momento por un plazo de seis meses.

Sin embargo, en junio del 2017 Solís amplió el periodo por un año más y luego, el año pasado, el gobierno de Carlos Alvarado lo postergó por otro año.

El periodo de investigación termina el próximo 28 de junio.