El director general de Armamento, William Hidalgo, y la viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar, contradijeron los hallazgos de un estudio técnico en el que se basó la Proveeduría Institucional para sancionar con apercibimiento por tres años a la empresa Beretta USA Corp., en octubre del 2017.
Según Hidalgo, los daños en las 349 pistolas semiautomáticas que el ministerio le compró a Beretta en el 2009 se redujeron a meros problemas cosméticos.
Esa apreciación choca con las conclusiones a las que llegó un estudio que preparó el Centro de Investigación y Extensión de Materiales (Ciemtec) de la Escuela de Ciencia e Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
A solicitud de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Seguridad Pública, el Ciemtec realizó pruebas sobre muestras de las armas que la cartera le compró a Beretta y llegó a la conclusión de que las pistolas presentaban defectos de fábrica.
El Ciemtec determinó que la corrosión que se detectó en los cañones de la mayoría de las 349 pistolas que se compraron ese año a Beretta carecían de calidad en el material impermeabilizante, lo que provocó “corrosión” en ese componente de los revólveres que usan los policías.
"Lo anterior, evidencia una probable debilidad en el proceso de fabricación, siendo que es un problema masivo en un alto porcentaje de las pistolas recibidas”, se lee en el oficio en el que la Proveduría Institucional dejó en firme la sanción apercibimiento por tres años contra Beretta.
Hidalgo, no obstante, afirmó varias veces durante una entrevista con La Nación, la semana pasada, que los problemas de las pistolas se redujeron a “varios puntitos de óxido” en los cañones y aseguró que los problemas en piezas internas fueron mínimos y que los problemas fueron “cosméticos”.
Por su parte, el jefe del taller de la Armería Nacional, Asdrúbal Cortés, agregó durante la misma entrevista que el “pequeño problema” de corrosión que se detectó en las armas adquiridas hace 9 años no hizo necesario sacarlas de circulación.
“Y más que todo lo vimos por estética. Las pequeñas manchas no fueron un problema a la hora de ponerlas en servicio”, comentó.
La viceministra Salazar también defendió la tesis de Hidalgo y agregó que los “daños leves” nunca obligaron al retiro de las armas.
“Realmente, que el arma se vea más bonita o más fea, a la hora de la hora, no es lo que se valora, sino, que cumpla su función (...). Lo que falló aquí fue el servicio (postventa), no el arma, no es un tema sustantivo del objeto que nosotros estamos adquiriendo, sino que es un tema del servicio que no nos proveyeron. El bien no falló.”, dijo.
Al consultársele entonces porqué creía que el TEC había determinado, después de hacer pruebas técnicas, que las pistolas tenían defectos de fábrica, William Hidalgo contestó que el tiempo se ha encargado de demostrar que las pistolas Beretta han dado el mejor desempeño a la Policía.
“Queda demostrado con el tiempo que, si hubiera sido un error, los cañones estuvieran carcomidos o alguna cuestión. Sin embargo, ellos aceptaron cambiarlos, como le dije, por una responsabilidad de la marca (…). Sabemos que puede haber armas mejores, pero a nosotros este es el arma que nos ha dado mejor rendimiento tanto en lo técnico, como en lo académico, como en lo operacional”, concluyó.
Fiorella Salazar contestó a este diario que no es lo usual que el Ministerio de Seguridad Pública realice compras directas de armas, como es el caso actual.