Cuatro horas estuvieron reunidos dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) con sindicatos del sector público para conversar sobre los proyectos de ley que pretenden frenar los abusos en las huelgas.
Al mediodía de este lunes, luego de la cita en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Sabanilla de Montes de Oca, San José, las partes acercaron posiciones sin lograr acuerdos aún.
“Hemos acercado posiciones pero no hemos llegado a acuerdos, creo que eso es importante decirlo en honor a la verdad para todas las partes. El Ministerio de Trabajo ha planteado propuestas, los sindicatos han hecho propuestas, nosotros hemos hecho contrapropuestas sin llegar aún a un único acuerdo”, aseguró Benavides.
El presidente legislativo prefirió no explicar los aspectos en los que hubo acercamiento. Tampoco lo hizo Steven Núñez, quien acudió a la reunión en representación del Poder Ejecutivo.
“El único acuerdo es la voluntad de seguir conversando y de seguir acercando posiciones”, añadió el verdiblanco.
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Benavides participó del encuentro como proponente del proyecto que, entre otros aspectos, prohíbe las huelgas contra políticas públicas, es decir, contra acciones no achacables al patrón.
La reforma, además, permitiría rebajar salarios de manera retroactiva, desde el primer día del movimiento, a los funcionarios que participen en huelgas que sean declaradas ilegales.
Benavides explicó que aún hay margen de negociaciones con los sindicatos, con quienes habrá otro encuentro esta semana.
Añadió que de lograr acuerdos en el espacio legal permitido, estos serían presentados al texto vía moción de fondo.
En el encuentro también participó Yorleny León, compañera de fracción de Benavides, quien propuso el proyecto de ley que prohíbe huelgas en 79 servicios que serían declarados como esenciales.
Según el proyecto de León, serían declarados como esencial los servicios de educación, salud, de seguridad pública, suministro de agua potable de control de tráfico aéreo; y de transportes ferroviarios, marítimos y aéreos.
Los sindicatos, por ejemplo, pidieron que se legalicen en el país las huelgas contra políticas públicas, en específico las que tienen que ver con el empleo público.
Por el contrario, Benavides planteó que las protestas sobre políticas de Estado no están legalizadas y, en caso de hacerlo, los plazos deben ser restringidos.
También, los sindicatos propusieron que se excluya a la educación de la lista de servicios esenciales en los que se prohíbe realizar ese tipo de movimientos, explicó Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, quien participó de las negociaciones.
Como mediadores acudieron representantes de la OIT, mientras que por parte de los gremios asistieron la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
También asistieron representantes de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Núñez explicó que, en el encuentro, expuso la posición del Ministerio de Trabajo sobre los proyectos, como lo es no prohibir las huelgas sobre políticas de Estado sino regularlas, y que los servicios como los de educación se pueden considerar esencial si la protesta se prolonga a través del tiempo.