Diputados y Hacienda cuestionan destinos específicos, pero no hay planes para limitarlos

Aunque los diputados y el Gobierno están de acuerdo en cuestionar la alta cantidad de destinos específicos, ningún actor consultado ha propuesto planes concretos para limitarlos.

El asunto de los destinos específicos fue tocado por la reforma fiscal aprobada en el 2018, la cual eliminó diez destinos y le permitió al Gobierno Central ahorrar ¢328.000 millones en el presupuesto del 2020.

Esta ley también indica que si la deuda supera el 50% del producto interno bruto (PIB) nominal, Hacienda podrá girar destinos específicos según la disponibilidad de ingresos corrientes, niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las instituciones beneficiarias.

Sin embargo, dichas disposiciones no evitarán que para el Presupuesto Nacional 2021, 150 de estas obligaciones consuman ¢9 de cada ¢10 recaudados en impuestos.

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“Actualmente la relación deuda/PIB está llegando prácticamente al 70%, por lo que Hacienda debe aplicar un recorte directo y de oficio en el marco de la Ley 9.635 (reforma fiscal), porque si no hay dinero con qué aportar a estos destinos específicos, pues no existe una obligatoriedad de entregarlo, por lo tanto esa expectativa ya fue incluida en la 9.635″, declaró el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón.

Este lunes, Chacón presentó un plan para restringir la creación de futuros destinos específicos.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.257, añadiría un artículo al reglamento de la Asamblea Legislativa para que todo proyecto de ley que implique más gasto público, deberá especificar la fuente donde provendrán esos recursos. Salvo que se trate de gastos de capital, el dinero no podrá provenir de del endeudamiento público.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, sostuvo que los destinos específicos no contemplan los cambios en las necesidades del país.

“Por ejemplo, nuestro presupuesto está muy recargado en obligar y amarrar recursos en términos de niñez, lo cual está muy bien, pero en términos objetivos no se está ejecutando en forma eficiente, y que además no considera que nuestra población está envejeciendo, y es donde tenemos menos inversión”, dijo Guido.

La diputada rojiamarilla agregó que la fracción del PAC ayudó a controlar estas obligaciones al apoyar las medidas incluidas en la Ley 9.635, pero admitió las dificultades de debatir el tema a mayor profundidad.

“Cada vez que se trate de tocar un destino específico, vendrá al debate de si es importante o no invertir en eso, y no el debate de si es oportuno hacerlo mediante asignación fija o si se puede tener dentro de una bolsa común, que te permita tomar decisiones.

“La posibilidad de tener un debate reposado sobre esto es remota, porque cada vez que se trata de tocar un asunto así, la gente se siente atacada de que se va a dejar de invertir en los temas que les resultan de interés”, afirmó Guido.

El diputado del Partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño, indicó que “no podemos seguir destinándole recursos a una partida solo porque sí. Debe haber, como le digo, priorizaciones, análisis de eficacia y eficiencia y revisar las necesidades de la población”.

El PRN, al igual que los diputados del PAC, PLN y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no mencionaron la existencia de algún plan para disminuir los destinos específicos.

Apoyo desde el Ejecutivo

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que de presentarse un proyecto al respecto, recibiría el respaldo del Gobierno.

“Desde Hacienda estaríamos absolutamente a favor de eliminar los destinos específicos, son un problema en el presupuesto en la medida en que no le permiten al Poder Ejecutivo llevar adelante una adecuada planificación del gasto público”, dijo Villegas.

El jerarca resaltó que muchos de esos gastos específicos incluso “responden a negociaciones políticas que se realizaron en un momento determinado, dadas ciertas circunstancias y no necesariamente tienen que ver con una necesidad permanente del país”.

Para Villegas, la reforma fiscal no es suficiente, pues la misma existencia de las transferencias genera una presión hacia Gobierno y diputados en la asignación de recursos por parte de las entidades beneficiarias.

“Algunos de estos beneficiarios ya tienen compromisos, en incluso en muchas oportunidades tienen personal contratado con base en la transferencia, sin tomar en cuenta el riesgo de que el dinero no les llegue (...). Es necesario que tengan un plan B y que entiendan que no pueden tener gastos asociados a estos ingresos", aseveró.