EscucharLos diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación sepultaron este jueves un proyecto de ley, impulsado por la legisladora Johana Obando, del Liberal Progresista (PLP), que buscaba reducir el IVA a los servicios de Internet.
La decisión se tomó por una mayoría de siete congresistas contra dos, luego de escuchar el criterio del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien advirtió de que la iniciativa generaría un hueco en los ingresos tributarios del Estado.
El proyecto planteaba una modificación al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para establecer que varios servicios y equipos vinculados al servicio de Internet, para las familias, tendrían una tarifa del 1% en vez del 13%.
El impacto de la iniciativa en las finanzas públicas, según lo dicho por Hacienda, habría sido de ¢143.000 millones, pues anualmente se recaudan unos ¢155.000 millones por el IVA en servicios asociados a la red.
Ese monto que se perdería corresponde al presupuesto de nueve instituciones, afirmó Acosta. Agregó que la población de mayores ingresos es la que finalmente se vería más beneficiada, al aprobar un subsidio tan universal.
Los servicios que iban a pagar una tasa más baja eran los de redes móviles personales y las redes fijas residenciales, así como la venta o alquiler de equipos necesarios para la prestación de los servicios provistos por las operadoras de telecomunicaciones, con un ancho de banda igual o inferior al definido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
También, se le pretendía bajar el impuesto a la importación o compra local de equipos necesarios para brindar las redes móviles personales y las redes fijas residenciales, tanto en forma alámbrica como inalámbrica, así como la compra de equipos e insumos para la interconexión de las redes móviles personales y redes fijas residenciales.
El ministro Acosta explicó que la reforma modificaría los impuestos desde los servicios de Internet hasta artículos como una refrigeradora conectada a la red que avisa a las personas cuándo hace falta algún producto específico, y enfatizó que ese no es un tipo de artículo que lo compre la población más pobre.
Indicó que, si los comercios no puede cobrar el impuesto del 13%, perdería la capacidad de recuperar el tributo que pagó al importador, por lo que finalmente terminaría incrementando el costo del artículo o del servicio al consumidor. “Eso, para efectos del consumidor, no serviría”, indicó.
“La responsabilidad fiscal es de todos. No solo a Hacienda le toca recaudar los impuestos, sino que también aquí, en la Asamblea, tienen que hacer una valoración pormenorizada del impacto que tienen los proyectos de ley”, puntualizó Acosta.
El jerarca hacendario cuestionó que hay 44 expedientes en la corriente legislativa que tienen un fuerte impacto en las finanzas públicas y apuntó que el plan para democratizar el libre acceso a Internet está entre ellos.
Acosta aseguró que 15 de esos proyectos tienen un impacto de ¢2,8 billones. “Esa suma es más de lo que se recauda de IVA y de renta”, apuntó.
