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Los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se enfocarán en eliminar los vicios señalados por la Sala IV en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Esto significa que respetarán el resto del contenido que había sido aprobado en primer debate en junio.
Así lo aclararon este jueves la diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión, y Silvia Solís Mora, jefa de Servicios Técnicos del Congreso, al empezar las sesiones para ajustar la reforma al empleo público conforme la resolución de los magistrados constituciones.
El pasado 30 de julio, la Sala IV declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre otros poderes del Estado e instituciones autónomas, al tiempo que avaló el establecimiento de un salario global y el límite a las convenciones colectivas.
“La comisión tiene que sujetarse simple y sencillamente a eliminar las inconstitucionalidades que aparecen reseñadas en esta resolución”, explicó la diputada presidenta. Delgado insistió en la necesidad de contar con toda la asistencia técnica y jurídica posible tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo para que la comisión ejerza sus competencias de la forma correcta. “Y no generar falsas expectativas de que la comisión entrará a conocer algún otro elemento que no sea el señalado estrictamente por la Sala”, añadió.
De momento, la presidenta de la comisión indicó que se encuentran leyendo la sentencia integral de los magistrados, a fin de tener claridad sobre sus alcances y encontrar la técnica legislativa necesaria para hacer los ajustes al proyecto.
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Una de las alternativas es eliminar del texto las inconstitucionalidades observadas por los magistrados. Otra es incluir un artículo en la redacción que exprese claramente qué elementos del proyecto son aplicables y cuáles no, así como su ámbito de implementación.
“La Sala fue muy clara en señalar que, en este caso, necesariamente tenía que eliminarse por declararse inconstitucional esa potestad de dirección que se estaba estableciendo en el Ejecutivo sobre el resto de instituciones”, martilló la diputada libetracionista.
En tanto, Solís añadió que elementos ajenos a la resolución del Tribunal tendrían que discutirse en el plenario legislativo o en una comisión dictaminadora.
“Este es un p especial. Estamos partiendo de que si bien es una comisión permanente especial y se le aplica lo que sea necesario de las normas que están dispuestas para las comisiones, no trabaja en la ordinariedad del procedimiento porque tiene, primero, un plazo corto dispuesto por la presidencia (legislativa) que puede ser prorrogado. Segundo, porque tiene una tarea concreta inequívoca que realizar. Es decir, resolver los aspectos de fondo señalados como inconstitucionales en este caso”, machacó la asesora técnica de la Asamblea sobre las funciones de la comisión.
Las aclaraciones se dieron durante el inicio de sesiones del foro para ajustar la iniciativa conforme a lo dictado por la Sala IV, este jueves. Para ello, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, dio un plazo de 15 días hábiles.
El plazo, según explicó Delgado, empezó a correr este jueves con la primera sesión. Además de dar por recibido el expediente del proyecto, los diputados de la comisión aprobaron solicitar un informe sobre la sentencia al Departamento de Servicios Técnicos, y rechazaron las solicitudes del diputado socialcristiano Pedro Muñoz, de convocar a los jerarcas del Servicio Civil, Sala Constitucional y Contraloría General de la República.
“En este momento estamos haciendo un análisis exhaustivo de la resolución. (Muñoz) tiene la potestad de presentar mociones de orden pero me parece que no es el momento oportuno para poder aprobar esas mociones de audiencia referidas a estas tres instituciones. Lo primero es tener claridad en la comisión la ruta y el contenido propio de esta resolución integral. Luego los diputados podrán ejercer el derecho de enmienda”, finalizó Delgado.
Una vez que la comisión termine los ajustes, deberá rendir un informe al plenario con las recomendaciones de ajuste. Este órgano decidirá si lo acoge o lo rechaza. Si ocurre lo primero, el expediente entra en el primer lugar de la agenda para luego ser votado en primer debate.
