Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos se atascaron este miércoles con la discusión del plan para eliminar las anualidades 2021 y 2022 en el sector público.
La mayoría de diputados afirmó tener serias dudas sobre la iniciativa del gobierno, la cual propone prescindir de los pluses por antigüedad que se les añadirían a los funcionarios en esos dos años y transferir los recursos al Fondo Nacional de Emergencias, para atender la recuperación de la crisis ocasionada por la pandemia.
Había al menos dos mociones de texto sustitutivo para tratar de mejorar el proyecto, una del PLN y otra del PAC, pero ninguna fue sometida a votación este miércoles. La sesión también se centró en la intención del FA y del PRN de excluir a parte de los empleados públicos de la medida.
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Roberto Thompson y Karine Niño, criticaron al Poder Ejecutivo por no incluir un sustento jurídico para aprobar el plan.
“El proyecto parece una ocurrencia. Cuando usted lee la exposición de motivos, no encuentra un argumento que sostenga jurídica y financieramente el proyecto. Uno podría poder legislar con toda la información a mano”, afirmó Thompson.
Originalmente, este proyecto de ley eliminaría las anualidades del 2020 y haría una excepción con los trabajadores de la salud y los cuerpos policiales; sin embargo, ya no daría tiempo de aplicar la medida este año porque la mayoría de los funcionarios ya sumó una anualidad más a su salario compuesto.
Además, la Contraloría General cuestionó que se hicieran excepciones con ciertos sectores.
El Poder Ejecutivo, entonces, propuso cambiar el plan para que tenga efecto en los años 2021 y 2022, además de eliminar las excepciones. El Partido Acción Ciudadana (PAC) tenía una moción con ese objetivo.
El PLN tenía otra moción de la diputada Silvia Hernández que, además de hacer esos cambios, añadía que el dinero ahorrado en anualidades en todas las instituciones públicas sería utilizado para pagar deuda pública. Incluso, el PAC retiró la suya, al conocer la de Liberación y considerar que era más clara.
El diputado Thompson cuestionó al gobierno por tener que corregir su propio proyecto de ley.
Él y su compañera Karine Niño dijeron que esa medida no es un verdadero recorte del gasto, pues los recursos únicamente se presupuestarían para otro fin.
“Tampoco es un recorte de ningún gasto porque, para tenerlo que pasar a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), también se tiene que presupuestar. Esto no se puede presentar como si con esto estamos cumpliendo con el recorte del gasto”, dijo Niño.
Según las proyecciones del Ejecutivo, el ahorro del pago de anualidades del proyecto sería de ¢44.000 millones, solo para el Gobierno Central. En el caso de las instituciones autónomas, sería de unos ¢23.000 millones adicionales.
Por su lado, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca afirmó: “A mí no me gusta empezar a recortar el gasto por este lado, pero no me voy a negar a hacerlo y, si hay un criterio de justicia que sea legal y que nos permita proteger al más débil, yo estaría de acuerdo”.
En esa línea, el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, presentó una moción para excluir de la medida a los trabajadores con un sueldo igual o menor a los ¢840.000 mensuales.
Además, en compañía con la legisladora Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), Villalta defendió la necesidad de eximir a los empleados de cuerpos policiales y servicios de salud, por estar al frente de la emergencia sanitaria.
“Yo nunca podría estar de acuerdo con este proyecto, pero si lo van a aprobar, por lo menos arreglemos estas cosas groseras”, afirmó Villalta.
La moción de Villalta no fue votada, pues se levantó la sesión. Los legisladores se mostraron a favor de establecer un salario para no eliminar las anualidades a los trabajadores con sueldos más bajos, sin embargo, reconocieron que la medida genera dudas de constitucionalidad.
Al levantar la sesión, los diputados sugirieron continuar analizando esa posibilidad.
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