Los diputados revivieron un proyecto de ley para cobrar un impuesto del 5% al cemento importado, al igual que se hace con los cementos producidos en el país.
Para reactivar la iniciativa que guardaba polvo desde marzo del 2018, los legisladores aprobaron una moción que le dio un nuevo plazo cuatrienal al expediente legislativo, luego de que el plan fuese frenado durante el gobierno anterior. Un informe de la Procuraduría de la Ética Pública sostiene que el importador Juan Carlos Bolaños hizo gestiones para frenar el tributo.
El proyecto actualiza la legislación que impone el impuesto sobre el precio final de las bolsas de cemento que se producen en las provincias de Cartago, San José y Guanacaste, y cuyos recursos se reparten en los cantones de esas provincias.
Además, pretende incluir una norma que deje abierto el cobro de la misma carga impositiva a nuevas plantas cementeras, que se localicen en otras regiones del país, como ya sucede con la planta de cementos Fortaleza, en el cantón puntarenense de Esparza.
Aunque la discusión sobre la nueva empresa la reactivó el socialcristiano Óscar Cascante, con un proyecto de ley presentado en junio, otros legisladores como los cartagineses Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Mario Castillo, de Acción Ciudadana (PAC), prefirieron reactivar la iniciativa original.
La intención de los cartagineses, junto con las turrialbeñas Paola Valladares, liberacionista, y la oficialista Laura Guido, es hacer un nuevo reparto de los recursos que el impuesto genera por las plantas de esa provincia. Igual intención tienen los guanacastecos.
Los legisladores se han centrado en repartir el dinero de forma diferente a como que venía haciendo.
Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), detalló que una moción de Luis Fernando Chacón puja por cambiar la distribución del dinero en la provincia de Cartago. Actualmente, un 25% es para la Municipalidad de Cartago, un 15% para las demás municipalidades y el resto se distribuye entre otras organizaciones.
La moción pretende darle un 20% al cantón central de Cartago y subir a un 20% el aporte para las demás municipalidades.
Actualmente, la principal extracción de materiales para fabricar cemento se da en Cartago centro y Turrialba.
Guido indicó que Turrialba ha permitido históricamente la extracción de material y ha asumido el costo ambiental. “Vimos la oportunidad, con este proyecto, de plantear una redistribución de los fondos para hacer un reconocimiento histórico a los cantones que han puesto el material para fabricar cemento”, dijo.
Ella propone repartir un 20% entre los cantones donde se extrae material y se produce cemento, lo que significaría repartir ese porcentaje entre el cantón central de Cartago, Turrialba y El Guarco. Otro 20% iría al resto de las municipalidades de la provincia cartaginesa.
También alegó que se debe actualizar la lista de los beneficiarios del impuesto, porque dijo que ya muchos han desaparecido.
En el caso de Guanacaste, hay una intención de la liberacionista Aida Montiel de darle un 25% de los recursos generados por el impuesto a Abangares, donde se produce cemento, y que el porcentaje restante se reparta equitativamente en los demás cantones.
Para el caso puntarenense o de cualquier otra provincia donde se vaya a producir cemento en el futuro, una moción apoyada por Carlos Ricardo Benavides, del PLN, así como los independientes fabricistas Carmen Chan e Ignacio Alpízar, planteó que la mitad del dinero se le dé al cantón donde se produce el cemento y que la otra mitad vaya al resto de municipalidades.
El verdiblanco Jorge Fonseca no es miembro de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo; sin embargo, participó en la primera sesión en que se le tramitaron al plan mociones de fondo, en lugar de Roberto Thompson.
Detalló que se busca revisar los porcentajes de distribución para ver si se pueden “hacer más equitativos” como demandan algunos legisladores o si se deben mantener “como justificadamente están hasta el día de hoy”.
“La fracción del PLN no tiene ninguna posición al respecto. Hay diferentes criterios entre los compañeros de fracción de donde hay fábricas de cemento o canteras”, explicó el verdiblanco.
En la pasada Asamblea Legislativa, quien principalmente se opuso a ese cobro del impuesto a los cementos importados fue Luis Vásquez, entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).