Esteban Oviedo, Aarón Sequeira.   13 junio
Welmer Ramos, del PAC, preside la comisión de reforma fiscal. Foto: Aarón Sequeira
Welmer Ramos, del PAC, preside la comisión de reforma fiscal. Foto: Aarón Sequeira

Los diputados de la comisión fiscal revivieron los artículos que le permitirán al Gobierno librarse de las asfixia que le provocan los gastos específicos creados por ley.

La decisión la tomaron al revisar las mociones que aprobaron los legisladores anteriores al proyecto de reforma fiscal, pues, el 27 de abril, excongresistas del PLN y del Frente Amplio votaron a favor de sacar ese capítulo de la iniciativa.

Este miércoles, la nueva comisión fiscal eliminó la moción 1.533, lo que permite restituir los artículos relacionados con el tema, los cuales fueron propuestos por el Ministerio de Hacienda.

Los artículos derogarían obligaciones creadas en diversas leyes, las cuales exigen al Ejecutivo transferir a ciertas instituciones un porcentaje determinado de un impuesto, o el equivalente a cierta cantidad de salarios base, aunque el dinero no alcance o aunque existan otras necesidades descubiertas.

Se trata de legislaciones que impiden al Gobierno disponer de la totalidad de los recursos recaudados vía impuestos según las necesidades del momento.

Welmer Ramos, diputado del PAC que preside la comisión fiscal, afirmó: "Lo que hicimos es decir que, de ahora en adelante, los destinos específicos no están enganchados a el crecimiento de impuestos y de otras cosas".

"Nosotros dijimos que, a partir de ahora, los destinos específicos ya no existen, las transferencias las va a financiar el Gobierno, esos programas, pero ya no van a estar amarrados como ahora. Queda ahora como en el texto original de la moción que presentó el Poder Ejecutivo", agregó.

Votaron a favor el PAC, el PLN, Restauración y el PUSC.

El gobierno de Carlos Alvarado, por su parte, agradeció la decisión de los diputados al afirmar que esta disminuirá la rigidez del presupuesto nacional, pero garantizando los recursos necesarios para el financiamiento de los programas sociales.

El plan prevé que, al liberar al Gobierno de los montos obligatorios que debía transferir a las instituciones a través del Presupuesto Nacional, se impida la posibilidad de reducir los montos que actualmente reciben las instituciones y programas que reciben estos recursos.

La idea es adaptar el crecimiento de las transferencias a la realidad fiscal del Gobierno.

Algunas de las instituciones que reciben montos fijos provenientes del Presupuesto Nacional son la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las universidades públicas (UCR, UNA, ITCR), el Patronato Nacional de la Infancia y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).

El Ministerio de Hacienda estima que el 96% del Presupuesto Nacional es inflexible, a causa del peso de la deuda pública, los salarios públicos, el 8% del PIB para educación y los gastos fijados por ley. Es decir, un presidente en realidad solo puede maniobrar el 4% todos los años.

Este 2018, los gastos obligatorios representan el 5% del Presupuesto (¢450.000 millones).

Recibimos de manera muy positiva la decisión de los señores y señoras diputadas, al atender una de las solicitudes del Ejecutivo, anunciada dentro del grupo de acciones necesarias para ordenar y contener el gasto público, lo cual nos compromete a seguir adelante con la ejecución de medidas y acciones que garanticen un mejor manejo de las finanzas públicas”, manifestó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Hacienda informó de que los destinos legales forman parte de los detonantes del déficit fiscal.

"Esta práctica de crear obligaciones de gasto, conocidas como destinos específicos, contradice el enfoque de eficiencia y eficacia de un presupuesto por resultados, según el cual, primero se deben definir los objetivos y las metas de una institución y luego se procede a cuantificar cuánto costará eso para el Estado. Sin embargo, en Costa Rica primero se indica cuál es el monto a distribuir y, posteriormente, se define qué se puede hacer con dichos recursos", dijo el Ministerio en un comunicado.

La diputada del PLN, Yorleny León, explicó su posición: "Eevisamos eso y nos parece pertinente que el Ejecutivo valore cuáles con las transferencias que es importante desenganchar, cuáles no, si todas se deben desenganchar o no. Estamos a la espera de que el Ejecutivo, la ministra de Hacienda, haga una propuesta final sobre los destinos que quedarían enganchados y, a partir de ahí, empezar la discusión".

Solo José María Villalta, del Frente Amplio, votó a favor de que se mantuvieran esos artículos fuera. Alegó que está de acuerdo en ordenar los destinos específicos, pero que no se afecten los de Fodesaf, PANI, juntas de educación, que "se están eliminando con esos artículos que se volvieron a meter en la reforma fiscal".