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Mensajes como el de este monigote que un manifestante llevó en alto el miércoles, en la marcha contra el plan fiscal, preocupan a los diputados por el escalamiento de la violencia que representa. Por la noche, alguien lo dejó colgado en un semáforo aledaño al Congreso. Foto: Cortesía. (Picasa/Cortesía)
La aparición de mensajes violentos y amenazantes, entre las manifestaciones contra la reforma fiscal que se hicieron este miércoles, causa repudio y preocupación entre los diputados de la Asamblea Legislativa, los cuales consideran que se trata de acciones violentas inaceptables en un país como Costa Rica.
Los jefes de las cuatro fracciones más grandes del Congreso manifestaron su preocupación por los “mensajes inadecuados” y la expresión violenta de las opiniones, por encima de la expresión libre y respetuosa de los criterios, sea a favor o en contra del proyecto tributario.
Incluso, hay legisladores que considera posible tomar acciones penales en contra de quienes lanzan amenazas de este tipo.
En particular, el mensaje que más preocupación ha creado entre legisladores es uno colocado sobre un monigote de tela negra, con una fotografía de la cabeza del presidente de la República, Carlos Alvarado, y que sobre el pecho decía: “Queremos sus cabezas traidores”.
Ese monigote lo traía en un asta uno de los manifestantes y, más tarde, lo dejaron colgado en el semáforo peatonal al sur del bulevar de la Asamblea.
A criterio de los legisladores, ese tipo de amenazas se unen a las acciones que están realizando varios manifestantes al frente de las casas de los diputados, como el realizado el fin de semana frente a la residencia de Aracelly Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el plantón en el barrio de la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo.
Para el jefe de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, se trata de mensajes inadecuados “que no reflejan el espíritu del costarricense”.
“Aunque podemos disentir, hay que respetar a las personas a pesar de que discrepemos. Me parece grave, porque estas manifestaciones van más allá de lo que debe ser una opinión por no estar de acuerdo con los impuestos o las decisiones que se tomen”, dijo el restauracionista.
“Ese tipo de cosas debe desterrarse, como también todo tipo de violencia, también el irrespeto al orden público, al orden establecido, como el asunto que salió, si fuera cierto, el de los quirófanos. Ese tipo de cosas no se puede dar, es inhumano, se atenta contra gente que requiere solidaridad del sistema, del Estado”, agregó Avendaño.
Con él coincidió Erwen Masís, vocero de la Unidad, en el sentido de que no se trata de prácticas propias de este país y de la divergencia de criterios.
“Yo rechazo esto, porque los ticos no somos así. No porque el mensaje venga para nosotros, sino porque no se puede aceptar este tipo de manifestaciones para nadie”, adujo Masís, quien apuntó que considera que no es la mayoría de huelguistas los que hacen ese tipo de cosas.
El socialcristiano aseguró que se trata de prácticas importadas y que no reflejan la forma de ser costarricense.
El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, dijo que ese tipo de manifestaciones solo contribuyen a alimentar un clima de violencia y las calificó de “innecesarias” y ofensivas para las personas que participan en el proceso de toma de decisiones.
“Incluso, analizadas en detalle, podrían rayar en tipos penales. Creo que deberíamos analizar esto con mucho cuidado, porque el escalamiento de los hechos no conduce al clima adecuado para la generación de acuerdos y el ambiente de diálogo necesario”, explicó Morales.
Por su parte, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides opinó que los mensajes buscan generar violencia y son un amedrentamiento inadecuado en una “democracia donde todos podemos expresar libremente opiniones sin amenazar a nadie ni hacerlo de manera violenta”.
Para el jefe del PLN, es inaceptable y reprochable la amenaza, porque refleja el espíritu violento de la persona que lo hace, un espíritu de “imponerse por la fuerza bruta y no a través del diálogo”.
“No es fácil determinar la autoría de una manifestación de ese tipo, pero incluso cuando se sabe quién es, no se puede hacer represión legal. Es importante hacer denuncia pública y que ese tipo de actitudes sea reprochable socialmente”, comentó Benavides.