Diputados aflojan con recorte a Presupuesto Nacional

El plan pretendía ahorrar ¢328.000 millones en el gasto público pero congresistas sacan partidas por ¢3.770 millones para complacer dos sectores

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Después de semanas de exigir al Gobierno recortar el gasto público, los diputados empezaron a echar para atrás y optaron por reducir el recorte de ¢328.000 millones que el Ministerio de Hacienda propuso en el segundo presupuesto extraordinario del 2020.

A las 4:50 p. m. de este miércoles, en el plenario, los legisladores ya le habían metido dos mordiscos al proyecto, con los cuales redujeron en ¢3.770 millones el ahorro que el Ministerio de Hacienda preveía en el Presupuesto Nacional.

El primer mordisco se consolidó cuando los legisladores aprobaron por unanimidad una moción para restituir ¢930 millones a las municipalidades de cantones con producción bananera, al alegar que la recaudación del impuesto al banano no ha caído.

Hacienda les dijo a los congresistas que, si iban a restituir esos fondos, compensaran con una reducción en otra parte, pero eso no ocurrió.

Luego, con 26 votos a favor y 20 en contra, el plenario restituyó ¢2.840 millones a las asociaciones de desarrollo, también sin compensación alguna en el recorte. Más bien, los congresistas aceptaron aumentar el endeudamiento público para cubrir esos recursos.

El Ejecutivo había planteado una reducción de gastos por ¢328.000 millones con el fin de conseguir un recorte neto de casi ¢196.000 millones, después de descontar los recursos que se destinarían a atender la pandemia.

Ahora, los legisladores redujeron ambas cifras en casi ¢4.000 millones y, según el avance de las mociones de los diputados, podrían debilitar aún más los recortes planteados por el Congreso.

En el camino, queda una buena cantidad de mociones que amenazan con hacer mucho más grande el mordisco, mediante beneficios a varios sectores que se quejaron de los recortes.

Por ejemplo, la moción número 9 pretende restituir ¢1.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), luego de que esta institución se quejara del recorte aunque Hacienda sostuvo que el Banhvi tiene un superávit de ¢76.500 millones sin ejecutar.

De las 29 mociones presentadas este miércoles al proyecto, se tramitaron solamente ocho en una jornada de casi nueve horas. La sesión de este miércoles se levantó cuando un grupo de diputados intentó revisar la moción que restituyó ¢2.840 millones a las asociaciones de desarrollo, mediante una nueva votación.

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El ajuste en el Presupuesto Nacional solicitado por Hacienda fue necesario después de que, por causa de la pandemia, la recaudación de impuestos cayó en casi ¢1,2 billones.

Dinero a municipalidades bananeras

La modificación sobre los ingresos por el impuesto al banano hecha fue acordada luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera -vía carta del ministro- que los ingresos por ese tributo no han sido afectadas por la emergencia nacional de la pandemia del covid-19.

La modificación al proyecto de presupuesto extraordinario se realizó a través de una moción conjunta de los diputados Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y José María Villalta, del Frente Amplio.

Para restituir dichos recursos a las municipalidades, se incluyó una partida en el programa de la administración central del Ministerio de Gobernación y Policía, que mantiene la autorización para endeudarse en el mercado interno por los ¢930 millones y repartir ese monto en diez municipalidades caribeñas y puntarenenses.

Específicamente, se mantienen los recursos para las alcaldías de Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres, Talamanca, Sarapiquí, Corredores, Parrita y Osa.

En su carta, Villegas justificó que ese recorte presupuestario se incluyera en el proyecto por la necesidad de hacer recortes al gasto público, aun cuando las fuentes a esos gastos estén sanas, como el caso del tributo sobre la exportación bananera.

“Ese tipo de recortes son importantes en el tanto permiten que recursos frescos permanezcan en las arcas de la Hacienda pública”, dijo el ministro.

No obstante, Villegas dijo que, si los diputados aprobaban la reducción en ese recorte, era ideal que fuese compensado con otro recorte por el mismo monto y no el aumento de la deuda pública, lo cual finalmente los diputados no hicieron.

“De no ser eso posible y en aras de facilitar la tramitación del presupuesto, en este único caso, manifestamos nuestra no objeción a dicho cambio, que representa menos de un tercio del 1% del recorte al gasto público presentado a conocimiento de la Asamblea”, dijo el ministro.

Tanto Pedro Muñoz como Villalta destacaron, precisamente, que dentro de la certificación de la Contraloría sobre la caída en los ingresos por ¢1,2 billones no se incluía una caída en el impuesto al banano.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, indicó que no hay ninguna razón para que se afecte la transferencia a las municipalidades en cantones con un bajo índice de desarrollo social.

Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), añadió que la bancada oficialista también apoya la propuesta, por la posibilidad legal de hacerlo.

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, manifestó que “no puede ser que, ya existiendo una brecha tan amplia entre las municipalidades vallecentralistas y de la periferia, todavía se le quisiera quitar esos recursos a las rurales”.

Recortar, pero no recortar

La moción 6, con la que se frenó el recorte a las asociaciones de desarrollo, generó rupturas en casi todas las fracciones legislativas, pues en todas ellas hubo votos a favor de reducir los recortes a los gastos y votos en contra.

La idea fue apoyada por Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Daniel Ulate, Franggi Nicolás y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN).

También, avalaron debilitar los recortes Shirley Díaz, Erwen Masís y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos, del PAC; Eduardo Cruickshank, Carlos Avendaño, Floria Segreda y Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional.

Asimismo, votaron por frenar ese recorte a las asociaciones de desarrollo Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente Amplio, así como los fabricistas Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar, y la independiente Ivonne Acuña.

Antes de que se aprobara ese freno al recorte, hubo mucho debate en el plenario, precisamente entre quienes recordaron el golpe a las finanzas públicas que ha generado la pandemia y la contradicción de, ahora sí, ser los diputados quienes debiliten esos recortes.

Luego, fue sometida a votación una moción para revisar la decisión de restituir fondos a las asociaciones de desarrollo. Primero, quedó empatada 24 a 24. Luego, la revisión fue aprobada con 24 votos a favor y 23 en contra, pero la sesión se levantó en ese momento.