Diputados recomiendan que exministra de Cultura Elizabeth Fonseca no ocupe cargos públicos

También la Comisión recomienda al Plenario Legislativo que dicho informe sea remitido a la Fiscalía General, para que lo adicione a la investigación que ya realiza.

Asimismo, la Comisión solicita a la Contraloría General de la República que realice una investigación exhaustiva sobre el fracaso en la organización del FIA, así como la afectación que provocó a la Hacienda Pública.

Además solicita que se inicie una fiscalización permanente sobre los fondos públicos que son transferidos a las fundaciones, para que estas cumplan todos los principios de la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, al considerar que la exministra Fonseca admitió su intención de utilizar la figura de las fundaciones para evadir los trámites y procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa.

Otra sugerencia es que el mandatario Luis Guillermo Solís le exija a Sylvie Durán Salvatierra, nueva ministra de Cultura, que tome las acciones administrativas correspondientes para corregir los problemas de personal del del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), la excesiva tramitación a lo interno del ministerio y la falta de coordinación y comunicación entre los diferentes departamentos de dicha cartera, con la finalidad de que no se vuelva a repetir el fracaso de dicho festival

Entre las conclusiones del informe, los diputados citan que lo ocurrido es el resultado de la falta de compromiso, de transparencia y de responsabilidad de Elizabeth Fonseca, mientras estuvo al frente del Ministerio de Cultura.

En el caso de la falta de responsabilidad, el informe indica que no atendió las advertencias que le realizaron en al menos cuatro ocasiones el viceministro de Cultura, José Alfredo Chavarría como Inti Picado, exdirector del CPAC.

También señalan que una vez que Picado presentó su renuncia el 25 de abril, Fonseca le prohibió dar cualquier declaración con relación al FIA.

Una tercer consideración señala que Fonseca ‘se rehusó a comparecer ante los diputados el 11 de mayo, cuando estaba convocada a una interpelación a última hora para no dar la cara, negándole así la posibilidad a la ciudadanía de conocer lo que realmente ocurría.