Los diputados rechazaron, de plano, la idea del Gobierno de gravar con una tasa del 7,5% los rendimientos de los fondos de las pensiones complementarias, así como las voluntarias.

Si se establece el tributo, en el caso del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la pensión que recibirían los asalariados se reduciría en casi un 10%, advirtió la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), adelantó estar en contra de la propuesta. A nivel individual, alertó, haría todo lo posible para que el plan no se apruebe en la Asamblea Legislativa.

“El ROP es un fondo de los trabajadores para su pensión complementaria, un derecho que tienen de jubilarse con una pensión justa y equitativa. No es justo, no es de recibo y no tiene ninguna justificación para tocar estos fondos de pensiones”, sentenció el verdiblanco.

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Su compañero de bancada, Roberto Thompson, agregó: “La pensión complementaria tiene que ver con la calidad de vida de la gente en su etapa de jubilación. Me parece que afectará directamente el futuro de los costarricenses en una etapa difícil. Para nada estoy de acuerdo con la iniciativa”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, recordó la reciente reforma a la Ley del Trabajador, aprobada en año pasado, para permitir que quienes se jubilen entre 1.° de enero del 2021 y el 18 de febrero del 2030 en el sistema del ROP, puedan retirar el fondo en una cantidad de meses equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen.

La finalidad, añadió el diputado de Restauración Nacional, era que los jubilados recibieran un mejor monto de la pensión.

“Me parece contradictoria que se venga a imponer un gravamen sobre los rendimientos que va en contra de esa suficiencia que genera la ley. Yo estaría totalmente en contra”, expresó Cruickshank.

En las tiendas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Diaz y Pablo Heriberto Abarca, manifestaron abiertamente su oposición.

“Es una irresponsabilidad que se toquen esos temas y se trate de afectar a la mayoría de los costarricenses a través de sistemas como el ROP y el FCL (Fondo de Capitalización Laboral), sin ningún tipo de consideración en una situación tan grave como la actual, sin propuestas serias de reactivación económica, ni reingeniería de la deuda y sin las decisiones que le corresponden tomar al Gobierno”, dijo Díaz, subjefa de fracción.

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Abarca aseguró que, posiblemente, esa propuesta es la “más injusta y menos viable que le haya visto a este Gobierno”.

“Es realmente preocupante la mediocridad en la lectura política, dado que esto no tiene ninguna posibilidad de aprobación. Lamento que el Gobierno siga perdiendo tiempo valioso disparando propuestas que no llegarán a nada y pretendiendo poner, entre la espada y la pared, a la Asamblea Legislativa. Así no van a conseguir nada y exponen al país a una crisis muy compleja”, consideró Abarca.

La propuesta

El plan del Gobierno es reducir a la mitad la exoneración del pago del impuesto de renta de las ganancias de capital que hoy gozan los fondos de pensiones y establecer un tributo del 7,5%.

El plan recaudaría unos ¢62.000 millones anuales que ayudarían a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.

Sería parte de la propuesta de ajuste fiscal que el Poder Ejecutivo negociaría, a partir de la próxima semana, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La norma afectaría los rendimientos del ROP, los planes de pensiones voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

También gravaría los sistemas de pensiones complementarios que existan en instituciones estatales y empresas públicas o privadas.

La superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, explicó que las jubilaciones finales del ROP se reducirían en un 9,63% por la imposición del impuesto sobre los intereses que cada trabajador gana en su cuenta de pensión complementaria.

La jerarca explicó que, cuando una persona se retira, más del 60% de los recursos de su fondo de pensiones proviene de los rendimientos obtenidos por las inversiones que su operadora de pensiones hizo con sus ahorros, durante la vida laboral del beneficiario.

Un trabajador que podría acumular ¢50 millones para su ROP después de 40 años de vida laboral, pasaría a acumular ¢45,2 millones a causa del impuesto. Perdería, ¢4,8 millones para su retiro.

El cálculo no toma en cuenta el efecto que el impuesto tendría sobre las ganancias de capital que los fondos de pensiones también obtienen al vender un bono.

Cruickshan asevera que el Gobierno “tiene muchas alternativas” para generar nuevos ingresos: “Pero no quiere tocar algunos sectores, no voy a mencionar, pero tiene mucha alternativas de sectores poderosos”.

Rodolfo Peña, jefe del PUSC, reiteró la decisión de su bancada de oponerse a más impuestos, aunque adelantó que sí respaldaría una reforma al empleo público que sea bien estructurada, “no represivo” y con sustento técnico, así como más créditos para canje de deuda.

“Pero más impuestos nosotros no estaremos apoyando”, afirmó el socialcristiano.