Política

Diputados rechazan por segunda vez 2.000 plazas negociadas entre MEP y sindicatos

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó este martes, por segundo año consecutivo, la creación de 2.000 plazas de cocineras escolares pactadas entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y sus sindicatos en la convención colectiva de la institución.

El Gobierno había incorporado cerca de ¢5.000 millones para pagar los salarios de estas plazas durante seis meses dentro de la planilla del MEP, en el Presupuesto Nacional del 2022. De esa forma, el Poder Ejecutivo trasladaría al Ministerio a las cocineras que, actualmente, son asalariadas de las juntas de educación.

Sin embargo, con voto de ocho legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Republicano Social Cristiano (PRSC), el foro de Hacendarios aprobó rebajar esos recursos de los salarios del Ministerio y pasarlos al programa de Equidad del MEP, como “subsidio en la contratación de servicios mínimos requeridos para la preparación de alimentos en los comedores escolares”, tal como ocurre actualmente.

En contra se pronunciaron dos legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la independiente Shirley Díaz.

Este es el segundo año consecutivo en que los diputados rechazan crear esas 2.000 plazas, la mitad de lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos de educación dentro de la convención colectiva de dicha cartera.

El año pasado, los diputados rechazaron los ¢7.000 millones solicitados, al considerar que no existía evidencia de que la creación de las plazas en el MEP bajaría el gasto en comparación con el modelo actual, en el cual las juntas de educación contratan a las cocineras.

La presidenta de la comisión de Hacendarios, la liberacionista Ana Lucía Delgado, aclaró que vía presupuesto no se resuelve la legalidad de esas trabajadoras.

“Es muy importante resolverlo por la vía correcta y la vía de la legalidad, y no es por medio del Presupuesto Nacional, y sin mediar justificación técnica, jurídica y financiera.

“Es decir, no hay plena justificación de las plazas que se quieren incluir al presupuesto; no existe ningún informe que sustente este cambio presupuestario, ni el impacto en el mediano y largo plazo”, finalizó la verdiblanca.

Con los casi ¢5.000 millones, Hacienda pretendía pagar salarios de ¢344.300 mensuales a cada una de ellas, durante seis meses. El 99% de los recursos se financiaría con deuda interna.

Shirley Díaz alegó que, desde la primera discusión, hace un año, había un compromiso de resolver “la situación” de las trabajadoras. “Es una lástima que con esta moción se deje sin contenido presupuestario a esas plazas para que tengan calidad de vida. Salen perjudicadas al no tener oportunidad de contar con una plaza con garantías sociales”, lamentó la independiente.

Laura Guido, jefa de bancada del PAC, se manifestó en la misma línea. Expresó que la idea del Ejecutivo era cambiar la modalidad de contratación de las cocineras, al pasarlas de las juntas a la planilla del MEP, con lo cual se les garantizaría sus derechos laborales.

Para ello, dijo, se incorporaba contenido presupuestario para pagarles salarios durante el segundo semestre del próximo año, dado que en los primeros seis meses del año seguirían contratadas por las juntas mientras se hacía el traslado.

“En los territorios, las cocineras laboran con jornadas extenuantes, sin vacaciones o con vacaciones no remuneradas. No se les respetan derechos laborales; si las cesan no les pagan. Por este tipo de irregularidades no están siendo protegidas”, se quejó Guido.

Pese a que son contratadas por las juntas de educación, aseveró la rojiamarilla, cuando se les incumplen los extremos laborales las afectadas acuden a los tribunales. “Cuando el juzgado resuelve establece que es el Estado el verdadero empleador, aunque sea contratadas en juntas, y es el Ministerio de Educación el que termina pagando” la demanda, añadió Guido.

También señaló que a estas trabajadoras no se les trata igual con respecto a otros trabajadores de los centros educativos. El personal de limpieza de una escuela, puso de ejemplo, sí está contratada por el Estado, pero ellas no.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.