Los diputados decidieron modernizar el impuesto que hace 43 años impulsó el sacerdote Armando Alfaro, entonces presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para financiar el combate a la pobreza y contener el “desenfreno de alcoholismo, sexo y drogas” como se lee en actas de entonces.
El “impuesto a moteles y lugares afines” ya no será ese 30% sobre facturación, que se volvía incobrable para el IMAS ante las argucias de los empresarios moteleros.
Ahora se gravará con un sistema escalonado y por habitación existente, con la intención de mejorar la recaudación, pero ya sin el deseo de promover el pudor. Más bien bien “esto podría hacer crecer al sector (motelero) y así elevar la recaudación”, dijo Carlos Alvarado, cabeza actual del IMAS.
Queda lejano el martes de noviembre de 1972, en mitad del último gobierno de don Pepe Figueres, cuando tres diputadas oficialistas presentaron un proyecto de ley para gravar a los moteles, la modalidad de alojamiento de ocasión que surgía entonces y escandalizaba a un sector político importante.
Era un 30% sobre facturación, tasa que se repitió cuando en el 2002, en el gobierno de Abel Pacheco, la Ley de Contingencia Fiscal derogó la vieja legislación e instauró una nueva, casi igual en el fondo y en imposibilidad de cobrar.
La industria de los moteles, mientras, fue creciendo más allá de la zona clásica de San Francisco de Dos Ríos. Los tiempos han ido reduciendo el conservadurismo y, ahora, en el 2015, hay más de mil habitaciones y cientos de usuarios piden, sin necesidad de seudónimos, consejos en Facebook sobre cuál es el mejor motel.
Aún con algo de morbo, como lo prueba el acta de este 4 de agosto , pero sin el grado de escándalo que significaba en 1972 la frase “ir al motel”, los legisladores actuales han querido modernizar el tributo y hacerlo aplicable, pues hasta ahora ha la recaudación no supera los ¢300 millones anuales y con grandes costos administrativos en el IMAS.
Por eso, aprobaron una reforma legal que anula el 30% que acabó aprobándose en 1974 en la ley 5554, con Daniel Oduber apenas en inicios de su gobierno, y que intenta ajustarlo para lograr captar a fin de cuentas unos ¢700 millones por año, según fuentes oficiales. Ya lo del “desenfreno” ni se menciona.
Cambios. Este monto, calcula el Gobierno, se podrá recaudar por año al aplicar un impuesto que acabó siendo negociado con representantes de la industria de esos hoteles de paso, como se llaman también ahora. El gravamen quedó en 13% para los más grandes y completos, 10% sobre los medianos y 5% sobre los pequeños, según categorías que registrará el IMAS.
Estas tasas se fijan sobre el salario referencial judicial, de ¢403.000 mensuales. Es decir, los moteles grandes pagarán mensualmente (o eso espera el IMAS) unos ¢52.000 por cuarto, se use o no, independientemente de que se aprovechen 10 minutos o 10 horas, una pareja, trío o más. Entre los grandes están, por ejemplo, del hotel de paso Ruta 32, conocido como El Edén o Los Huracanes (antiguo Paraíso).
Los moteles medianos pagarán ¢40.000 mensuales por cada uno y los pequeños y de menor calidad, ¢20.000 cada mes por cada habitación. Para ello, funcionarios del IMAS deberán constatar el tamaño y condiciones del motel; no su facturación.
Así se reduce el margen de maniobras elusivas, como cobrar a un usuario (o pareja, o trío), ¢19.000 por servicio de comida y solo ¢1.000 por la habitación, para reportar al IMAS sobre esos ¢1.000. Porque además, cobran en efectivo y, cosa lógica, casi nadie está interesado en pedir una factura para llevársela a casa.
Una diputada en contra. Los porcentajes aprobados no contaron con el apoyo de todos los diputados en la votación en primer debate, la semana pasada. La socialcristiana Rosibel Ramos sufragó en contra de la reforma legal, pues aduce que los montos quedaron demasiado bajos por presión de los moteleros. Al principio de la negociación, las tasas estaban en 18%, 12% y 5%. Los que pagarán ¢52.000 por habitación habrían cancelado ¢71.000.
Hay en estos momentos unos ¢1.200 millones de colones en cobro judicial, según Carlos Alvarado, quien celebra la aprobación de la reforma legal, aunque sea con porcentajes inferiores a los fijados al iniciar la negociación.
“Se demuestra que dialogando podemos ponernos de acuerdo. Hablamos con el sector y con partidos políticos”, resaltó Alvarado, sin obviar que esta es una ley de impuestos y aún así hubo acuerdo sobre estos lugares de “descanso, albergue o reunión íntima”, como dice la ley.
Entre los que intervinieron estuvo, incluso, Otto Guevara, con todo y su discurso antiimpuestos. Fue una moción de Guevara la que finalmente dejó las tasas en 13%, 10% y 5%.
“Este impuesto nunca debió existir, pero existe y entonces quisimos bajar las tasas y simplificar el cobro, aunque no sabemos si esto afectará al consumidor”, dijo. No fue posible hablar con empresarios de moteles para conocer cómo impactará este cambio en las tarifas que, igual muchos seguirán pagando.