Josué Bravo.   24 junio
Los diputados que votaron a favor del informe de mayoría que recomienda no reelegir al magistrado Paul Rueda, de izquierda a derecha son: Rodolfo Peña, del PUSC; Luis Fernando Chacón, del PLN; Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, del PRN; y Dragos Dolanescu, del PRSC. Fotos: La Nación

El informe de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que recomienda la no reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal, no encontró una sola falta que le impida continuar en el cargo durante ocho años más.

Cinco de los siete diputados de este foro, quienes respaldaron el dictamen negativo de mayoría, alegan que Rueda no debe reelegirse, bajo el argumento de que el Poder Judicial amerita “una renovación absoluta”.

Se trata de Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); así como Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Ellos sostienen que el rechazo a Rueda es para “reforzar principios democráticos” y recuperar la confianza en el sistema de justicia costarricense.

Pese a la posición de estos cinco legisladores, el expediente concluye, luego de escrutar la documentación del expediente y darle el espacio a Rueda para responder preguntas, que él “cumple con los requisitos que exige la Constitución Política para ejercer dicho cargo”.

En síntesis, la comisión determinó que Rueda es nacional de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tiene más de 33 años de labor profesional y no está ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con algún miembro de la Corte, entre otros.

El informe, tramitado en el expediente N.° 21.429, se dictaminó el 12 de junio en una votación secreta que duró apenas diez minutos. El resultado fue de 5 votos a favor y 2 en contra.

Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Jorge Fonseca, del PLN, fueron los únicos que se inclinaron por la continuidad de Rueda.

A pesar de la recomendación negativa, el informe no le achaca al magistrado alguna ineficiencia en el desempeño de sus funciones durante su actual periodo, el cual vence el 26 de junio. Este requisito lo exige el artículo 158 de la Constitución.

Tampoco hace referencia a que la Corte certificó, el 12 de junio anterior, que el magistrado no tiene sanciones, quejas ni procedimientos administrativos en su contra.

Además, en el informe omite indicar que el constitucionalista no tiene denuncias por delitos tributarios o violencia doméstica, o bien, deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por último, no se consignó que la Fiscalía General de la República desestimó cuatro causas en las que aparecía Paul Rueda, y una más está en proceso de desestimación, según lo hizo constar David Brown Sharpe, administrador del Ministerio Público.

‘Crisis de legitimidad’

No obstante, los diputados alegan que, por “la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial” que, catalogan como “la más grande de toda su historia”, no recomiendan la reelección del magistrado.

Dicha crisis, según el texto, se debe a "los sonados casos de corrupción conocidos por la opinión pública costarricense”, los cuales el informe no menciona. El dictamen tampoco señala que Rueda haya estado involucrado en alguno de ellos.

Avendaño, que cumple su tercer periodo como diputado, no está a favor de la continuidad de Rueda a pesar de que, en setiembre anterior, votó por la segunda reelección consecutiva de la magistrada de la Sala II, Julia Varela.

Para ese momento, Varela acumulaba 16 años en el cargo y tenía 67 años. Rueda tiene 53 años.

No obstante, los legisladores de la comisión consideran que las transformaciones del Poder Judicial deben de realizarse de conformidad con “el principio elemental de rotación” y con el fin de “propiciar el cambio generacional de las más altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia".

También alegan que la intención es mejorar la credibilidad del Estado social de derecho.

El informe será sometido a votación del plenario este lunes. Si la recomendación recibe el respaldo de 38 congresistas, impedirá la reelección del magistrado. De lo contrario, él continuará por ocho años más en el cargo.

La fracción del PAC presentó el viernes una moción para que el voto en el plenario sea público y este domingo, el presidente del PLN, Guillermo Constenla, pidió a los diputados votar con transparencia en el proceso.

Socialcristianos cuestionan voto de Rueda

El expediente también hace referencia a la comparecencia del magistrado Rueda que se celebró el 10 de junio en la Comisión. En esa oportunidad, los diputados Oscar Cascante y Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, acudieron a este foro para cuestionar al magistrado por una de sus sentencias.

Cascante le reprochó el voto 10540-2013 de la Sala Constitucional del año 2013, que declara inconstitucional la pesca de camarón con redes de arrastre. El fallo fue redactado por Rueda.

“Dejó sumergidas en la pobreza y en la incertidumbre a miles de familias puntarenenses”, le cuestionó Cascante.

También señaló que, posterior al fallo, los estudios técnicos no exponen problemas en la pesca semiindustrial de camarón.

Rueda respondió que esa sentencia fue bien fundamentada y la diferencia en la votación quedó 6 a 1. El magistrado mencionó que la pesca de arrastre no tiene control y sus efectos también los sufre la pesca artesanal.

Recordó que, precisamente, el fallo “dijo que se requerían esos estudios técnicos” sobre ese tipo de pesca, los cuales se han venido elaborando posteriormente.

El magistrado le mencionó a los diputados su voto a favor de la reforma fiscal y señaló que, por primera vez en Derecho Constitucional, se resolvió sobre el equilibrio presupuestario y se llevó a "una posición de mayor presencia, de mayor preeminencia”.

"Lo que se consiguió es una fórmula –me parece a mí se puede destacar– que consistió en elevar el Estado social de derecho y ratificarlo como un principio fundamental del Estado.

“Resulta que el Estado Social de Derecho tiene que ser financiado, el Estado social de derecho que no es financiado a mediano o corto plazo va a tener serios problemas en el plano de la estabilidad económica”, explicó Rueda.

Un día después de esa audiencia, los diputados de la Comisión de Nombramientos le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado de las eventuales quejas que puedan existir en el Poder Judicial contra el magistrado.

El 12 de junio, el día de la votación secreta en comisión, la Corte certificó que el magistrado Rueda carece de sanciones, quejas ni procedimientos administrativos en su contra.