Silvia Artavia. 21 mayo
La Dirección Nacional de Pensiones, con sede en el Ministerio de Trabajo, tendrá mejores herramientas para evitar pagos de más. Foto: Albert Marín
La Dirección Nacional de Pensiones, con sede en el Ministerio de Trabajo, tendrá mejores herramientas para evitar pagos de más. Foto: Albert Marín

Por unanimidad, 43 diputados aprobaron una ley para frenar abusos en las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, las cuales le cuestan al país más de ¢700.000 millones al año.

El plan, tramitado bajo el expediente 21.063, limitará la posibilidad de que una misma persona reciba una alta pensión con cargo al Presupuesto y, al mismo tiempo, cobre dietas en la Administración Pública.

“Hoy, este portillo permite que pensionados de regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, por ejemplo, ocupen la junta directiva de un banco u otra institución y cobren jugosas dietas a pesar de tener la pensión”, afirmó el frenteamplista José María Villalta, proponente de la iniciativa.

Quedarán exentos de esa medida quienes, por concepto de dietas, reciban menos de ¢861.000, es decir, tres veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública.

Entre las pensiones con cargo al Presupuesto, hay jubilaciones de lujo hasta de ¢12 millones mensuales.

La reforma también limita la posibilidad de recibir una pensión con cargo al Presupuesto por viudez, cuando el cónyuge del jubilado fallecido desempeñe un cargo en la función pública.

El sobreviviente solo podrá heredar la pensión si su sueldo no supera cinco salarios base más bajos de la Administración Pública, o sea, ¢1,43 millones.

“Es otro portillo que se ha utilizado para hacer interminables las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. A pesar de que ya no se otorgan nuevas, se mantienen porque es muy fácil transferirlas, aunque esas personas no las necesiten”, adujo Villalta.

La iniciativa también prohíbe las recalificaciones de pensiones a quienes regresen a la función pública después de haberse jubilado.

“Se establece, por ley, que le revisión del monto de la pensión solo se podrá dar por un concepto de inflación. Es decir, se cierra definitivamente ese portillo”, adujo el proponente.

Además, se introducen herramientas para que la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo —administradora de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional— tenga mayores controles y evite pagar de más, por ejemplo, por pensionados que ya fallecieron o a herederos cuyos derechos ya caducaron.

Entre el 2014 y el 2018, dicha Dirección perdió ¢3.140 millones en sumas giradas de más, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Con esta reforma, por ejemplo, los pensionados que reingresen a la función pública tienen que comunicárselo a la DNP y, si no lo hacen, deben devolver las sumas pagadas de más, además de una sanción del 25%.

Además, la Dirección de Pensiones podrá rebajar las sumas pagadas de más a una persona, algo que antes no podía hacer.

La iniciativa recibió el apoyo de 16 congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), ocho del Partido Acción Ciudadana (PAC), cinco del Partido Restauración Nacional (PRN) y cinco del bloque Nueva República.

También votaron a favor tres legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos del Partido Integración Nacional (PIN), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), uno del Frente Amplio y una diputada independiente.

El segundo debate para la iniciativa de ley quedaría para lunes o martes de la semana que viene.