Aarón Sequeira. 16 diciembre, 2017
Los presupuestos de 55 órganos desconcentrados, como el Conavi, el Fonabe y el Fodesaf, deberán pasar, a partir del próximo año, por aprobación del Congreso. Foto: Rafael Pacheco
Los presupuestos de 55 órganos desconcentrados, como el Conavi, el Fonabe y el Fodesaf, deberán pasar, a partir del próximo año, por aprobación del Congreso. Foto: Rafael Pacheco

A partir del próximo año, los diputados tendrían la potestad de cambiar los presupuestos para la construcción y mantenimiento de carreteras, así como para las ayudas sociales, la atención de emergencias y las becas para estudiantes de escasos recursos.

Será posible una vez que se apruebe el proyecto de ley 20.203, que devuelve al alero del Presupuesto Nacional de la República los presupuestos de al menos 55 instituciones desconcentradas. El plan ya está en el plenario muy cerca de ser sometido a votación en primer debate.

De esa forma, pasarían por el ojo de los diputados los presupuestos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Solo esas cuatro instituciones suman fondos por casi ¢900.000 millones, el equivalente al 10% del Presupuesto Nacional de este año.

Para el 2016, el plan de gastos del Conavi fue de ¢275.000 millones, el de Fodesaf de ¢560.000 milliones, el del Fonabe llegó a ¢50.853 y el de la CNE de ¢9.540 millones.

Los presupuestos de estas entidades hoy son aprobados por la Contraloría General de la República. En otros casos de organizaciones más pequeñas, por su monto, no pasan del todo por ninguna valoración.

También, entrarían en la aprobación del Presupuesto Nacional los gastos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo de Transporte Público (CTP).

El Cosevi, por ejemplo, manejó otros ¢22.240 millones y el CTP, ¢3.518 millones.

“La intención del proyecto es devolver a la Asamblea Legislativa el control pleno de la aprobación del presupuesto diseñado por el legislador constituyente”, establece la Contraloría en la exposición de motivos del proyecto, que fue la proponente de la reforma.

La Comisión de Reforma del Estado dictaminó el plan positivamente y lo envió para sus trámites finales.

De acuerdo con el ente contralor, el Congreso perdió control presupuestario cuando los ministerios desconcentraron en otras instituciones funciones que estaban asignadas a ellos. Tal es el caso de los consejos que salieron del MOPT, como el Conavi y el CTP. “Eso permitió dispersión y duplicidades”, dice la Contraloría.

“En la práctica, se ha dado una especie de huida del control por vía de la desconcentración; se les ha dotado de presupuesto propio e independiente y eso se ha tomado como factor diferenciador”, explica la entidad en su argumentación.

Aparte de huirle a ese control legislativo de sus presupuestos, la desconcentración ha hecho que se rehúya la función de direccionamiento del Poder Ejecutivo, bajo las figuras de los ministros respectivos.

Además de servir para tener un mayor control de los diputados sobre los presupuestos de esos órganos desconcentrados, la Contraloría cree que incluirlos en el Presupuesto Nacional serviría para reducir el déficit del Gobierno central en al menos en un 0,33% del producto interno bruto (PIB).

Eso sucedería porque muchos de estas instituciones desconcentradas tienen ingresos propios y esos ingresos pasarían a formar parte de los ingresos del plan de gastos gubernamental; actualmente, esas recursos no son tomados en cuenta más que para el cálculo presupuestario del órgano respectivo.

El presidente de la Comisión de Reformas al Estado, Mario Redondo, explicó que se dictaminó el plan de ley el martes pasado y se podrá debatir en el plenario la próxima semana, antes de que los diputados salgan a receso de fin de año.

Según Redondo, la iniciativa tiene buen ambiente para aprobarse en el Congreso. Él destacó la posibilidad de que, por cuestiones contables, se pueda bajar el déficit del Gobierno.

“Esto aumenta la capacidad de fiscalización y control político sobre los presupuestos de estas entidades, porque la Contraloría hoy solo hace una revisión financiero contable, pero la Asamblea puede hacer una fiscalización más política sobre la pertinencia o no de algunos gastos”, explicó Redondo.

Según el presidente del foro, con el proyecto se libera a la Contraloría de revisar muchos de esos presupuestos y se podrá especializar en el rol fundamental de fiscalización.

“La corrupción que existe en múltiples instituciones ha superado la capacidad de fiscalización y control, pero con este proyecto vamos a devolver a la Contraloría esa capacidad para frenar los goles de la mala gestión”, comentó el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

“Además, el nuevo modelo eliminaría las transferencias de Presupuesto Nacional hacia las desconcentradas, porque las asignaciones de recursos estarían dentro del Presupuesto y el monto ejecutado corresponderá a lo efectivamente gastado por las instituciones”, explica la entidad contralora.

Esta revisión legislativa, que se dará luego de que en el ministerio respectivo ya se haya realizado una primera revisión de los presupuestos, también ayudaría a incrementar la ejecución presupuestaria de esas instituciones.

De acuerdo con datos de la Contraloría, para el quinquenio 2011-2015, la ejecución del Gobierno central de presupuestos revisados en la Asamblea ha sido de un 94%, mientras que la de los órganos desconcentrados ha llegado apenas a un 62% para el mismo periodo.

De las instituciones que serán afectadas por la reforma legal, la mitad pasan sus presupuestos por el tamiz de la Contraloría, mientras que la otra mitad solo pasa por aprobación del jerarca respectivo, debido a sus bajos montos.

Sin embargo, los presupuestos públicos del 2016 fueron de ¢22 billones, o sea, un 72,8% del PIB. De ese monto total, solo el 36%, o sea, ¢8 billones, correspondió al presupuesto que aprueban los diputados.

Los ¢14 billones restantes son presupuetos cuya aprobación ha dependido de la Contraloría General de la República.