La Asamblea Legislativa acordó solicitar a la Corte Suprema de Justicia que le remita todos los documentos que se analizaron para sancionar por escrito a los magistrados de la Sala III.
Dicha petición se concretó a través de una moción promovida por el Partido Restauración Nacional (PRN) y aprobada por unanimidad, con el apoyo de los 43 diputados presentes en la sesión de este martes.
Los legisladores solicitan que se les entreguen las actas y demás documentos que valoraron los miembros de la Corte Plena cuando decidieron dictar una amonestación escrita por “falta grave” contra los altos jueces Doris Arias, Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez y María Elena Cortés.
Ellos enfrentaban un proceso disciplinario por haber desestimado una causa penal que seguía la Fiscalía contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Se les cuestionaba por acoger una solicitud de la Fiscalía para desestimar el caso contra los dos legisladores sin tomar en cuenta un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba centenares de llamadas telefónicas entre los congresistas y el importador de cemento.
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El miércoles 11 de julio, la Corte Plena valoró la posibilidad de sancionar a los altos jueces por una “falta gravísima”, pero al final solo se obtuvieron 12 de los 15 votos requeridos y entonces se les amonestó por una “falta grave”.
Dicha decisión fue revertida el pasado lunes. En medio de fuertes críticas internas y externas, los magistrados decidieron revocar su acuerdo inicial y reemplazarlo por una suspensión de dos meses.
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Pese a ello, el diputado restauracionista Jonathan Prendas consideró que hace falta mayor claridad sobre el proceso que culminó con la amonestación original.
“Lo que se busca es transparentar un proceso totalmente viciado, un proceso lleno de más preguntas que respuestas y que llama a la reflexión porque el día de ayer (lunes) se contradijo con los argumentos de la semana pasada”, aseguró Prendas.
El legislador aseguró que la solicitud es “totalmente respetuosa” de la Corte, aunque reconoció que es posible que los magistrados se rehúsen a entregarles los documentos. En ese caso, según dijo, los legisladores podrían convocar una comisión especial investigadora, “donde los magistrados ya no podrían rehusar a dar la información correspondiente”.