Josué Bravo. 3 septiembre
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar (derecha), al momento de presentar el presupuesto general del 2020 en el Congreso, el viernes anterior. Le acompañan de pie, a su derecha, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales; la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, y la vicepresidenta del Congreso, Zoila Rosa Volio. Foto: Jorge Castillo
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar (derecha), al momento de presentar el presupuesto general del 2020 en el Congreso, el viernes anterior. Le acompañan de pie, a su derecha, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales; la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, y la vicepresidenta del Congreso, Zoila Rosa Volio. Foto: Jorge Castillo

El presupuesto general austero, presentado la semana anterior por el Gobierno para el 2020, no convence a los diputados de oposición, que mantienen dudas en apoyar dos créditos internacionales por $850 millones, los cuales servirían para refinanciar la deuda pública y bajar el costo de los intereses.

Dicho plan de gastos, que decrece en un 4,3% con respecto al 2019, sigue siendo insuficiente para las fracciones del Partido Restauración Nacional (PRN) y del bloque fabricista Nueva República, que juntos suman 14 diputados.

Del mismo modo, Pedro Muñoz, subjefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios que deberá dictaminar los empréstitos, demandan mayor beligerancia del Ejecutivo en la aplicación de la reforma tributaria en otras instituciones del Estado, para contener el gasto.

En cambio, el independiente Erick Rodríguez dijo que espera un compromiso “expreso” del Poder Ejecutivo, en el que explique en qué se gastarán esos recursos provenientes del exterior. “Si no, con mi voto no va a contar”, afirmó el legislador.

Los créditos

El Gobierno urge que el Congreso le apruebe un préstamo por $500 millones suscrito por Hacienda, en mayo anterior, con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y otro por $350 millones acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambos empréstitos se discuten en Hacendarios y deben ser aprobados por al menos 38 de los 57 congresistas de la Asamblea.

Según el Poder Ejecutivo, los dos créditos servirán para refinanciar deuda interna y alivianar el pago de intereses que, para el próximo año, ascenderá a ¢2 billones.

Aunque el presidente de la República, Carlos Alvarado, consideró que se recuperaría la confianza de los diputados para aprobar esos financiamientos tras presentar un plan de gastos que se contrae para el próximo año, lo cierto es que el ambiente en la oposición del Congreso sigue frío, según consultas de La Nación.

Por ejemplo, Muñoz demanda al Gobierno dar marcha atrás con el acuerdo, que él considera “espurio”, suscrito el pasado 12 de agosto con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos, el cual sirvió para levantar la huelga que afectó los servicios médicos durante ocho días.

En dicha negociación se decidió mantener intactos los pluses salariales que reciben los 57.000 empleados de la entidad, tal y como las partes habían convenido en una negociación anterior, realizada el pasado 20 de febrero.

El convenio contradice lo establecido en la reforma fiscal, que sustituye el cálculo porcentual de incentivos y anualidades para los empleados públicos por un método de pago nominal (fijo) que pretende frenar el crecimiento exponencial de estos rubros.

“Que eche para atrás el acuerdo con la Caja y así se le vuelve a apoyar”, demandó Muñoz.

Además, el socialcristiano exige mayor firmeza del Ejecutivo con el Poder Judicial, que también se niega a aplicar medidas de ahorro contenidas en la ley fiscal, a pesar de que Hacienda le recortó ¢2.500 millones en el presupuesto para el próximo año.

Muñoz señaló que el Gobierno presupuesta más del 6% de sus ingresos corrientes a la Corte, en detrimento de ese límite establecido por la Constitución Política. “No es suficiente”, señaló en relación con el presupuesto austero presentado por Hacienda el viernes pasado.

En tanto, la jefa de bancada del PLN, Silvia Hernández, dejó, de momento, la discusión sobre el respaldo a los créditos del CAF y el BID en poder de los diputados verdiblancos que integran la fracción.

En ese sentido, Viales consideró que el hecho de que el presupuesto general próximo baje, en parte, por la disminución del 28,6% en las amortizaciones de deudas, “no significa” que el Gobierno haya hecho esfuerzos en disminuir el gasto en otras instituciones.

“De manera que voy a revisar con lupa el presupuesto. Me parece que la disminución del gasto debe venir desde los diferentes ministerios y no en la parte de amortizaciones porque es una expectativa que, si no se da, puede ocurrir lo que sucedió con el hueco fiscal”, estimó Viales.

Ana Lucía Delgado, legisladora liberacionista que preside la Comisión de Hacendarios, considera que el Gobierno debe ser más claro con “el destino de estos recursos, su impacto en el monto de intereses, en el déficit, y en las necesidades de financiamiento, así como la gestión de la deuda”.

Por su parte, Jonathan Prendas, vocero de Nueva República, sostuvo que el respaldo del bloque al Gobierno con esos préstamos está sujeto al control del gasto.

Señaló que el Ejecutivo “ignora” promover recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuyo presupuesto para el 2020 se estima en ¢513.000 millones.

Además, Prendas afirma que el Gobierno se ha quedado corto en la recaudación de impuestos en aduanas y tampoco ve esfuerzos de Hacienda en reducir la evasión.

Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional, mantiene la posición dada hace semanas de que la Administración debe dar señales claras de austeridad en el gasto, y que el acuerdo con la Caja no contribuye a ello.

El presupuesto general presentado por Hacienda en el Congreso reduce la erogación del Gobierno de ¢10,9 billones aprobados a ¢10,5 billones, en parte por la baja en la amortización de deuda y porque el crecimiento en el gasto corriente solo crecerá 3,91%, entre otros aspectos.