Juan Lara Salas. 13 octubre
El regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, deberá acudir a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto a justificar los pagos extra a generadores privados que detectó la CGR. Foto de: Diana Méndez
El regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, deberá acudir a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto a justificar los pagos extra a generadores privados que detectó la CGR. Foto de: Diana Méndez

La Comisión de Control de Gasto Público de la Asamblea Legislativa convocó al regular general, Roberto Jiménez Gómez, a explicar cómo fue posible que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les pagara casi $24 millones de más en compras de energía a generadores privados.

Un informe de auditoría del Área de Fiscalización de Ambientales y Energía de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hizo un estimación incorrecta de la tarifa.

Según ese análisis, la Aresep fijó una tarifa única a la energía hidroeléctrica y a la eólica, aunque cada una debe tener un costo diferenciado. En consecuencia, según la CGR, se sobreestimaron los costos de explotación y se propició un pago extra en los últimos tres años.

La moción para esta comparecencia la presentó el diputado independiente, Érick Rodríguez Steller, el pasado 2 de octubre. La convocatoria también llama a comparecer a la contralora general, Marta Acosta; a la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas; y al intendente de Energía de la Aresep, Marco Cordero Arce.

El estudio de la CGR también llama la atención al ICE por considerar que no fundamentó las decisiones de compra de energía en 23 contratos por más $2.000 millones los cuales se suscribieron del 2010 al 2018.

“No consta la evidencia documental con la fundamentación técnica, económica y de oportunidad con base en la cual el Instituto tomó la decisión de contratar la compra de energía eléctrica”, dijo.

Asimismo, la Contraloría criticó el “débil seguimiento” que le da a siete plantas construidas que le serían transferidas al concluir el contrato.

Ante los señalamientos, la Aresep rechaza cualquier irregularidad mientras que el ICE asegura que siguió los procedimientos adecuados para hacer las compras.

Ante los hallazgos, la Contraloría decidió abrir una investigación administrativa sobre las actuaciones de las dos entidades, sin que por el momento figuren funcionarios específicos.

Igual que las entidades aludidas, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) también rechazó el informe y calificó de “ligeras” las afirmaciones del ente contralor en relación con el modelo tarifario.