Este martes, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales impulsaron este martes el proyecto de ley que evitaría el nacimiento de nuevas pensiones de lujo en el futuro.
Se trata del expediente 21.345, el cual pasaría al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los empleados públicos que hoy aspiran a pensionarse por alguno de los regímenes exclusivos del Gobierno, los cuales tienen condiciones más ventajosas.
De siete diputados presentes, seis votaron a favor de dictaminar un nuevo texto sustitutivo. La liberacionista Yorleny León se obstuvo.
El proyecto, impulsado por el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales, plantea que los beneficiarios de los siete regímenes contributivos administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo, pasen al sistema de jubilaciones de la Caja.
Se trata de los regímenes de Hacienda, General de Pensiones, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles y Músicos de Bandas Militares.
Se trata de trabajadores públicos que entraron a trabajar antes de 1992, fecha en que estos regímenes fueron cerrados, con la aprobación de la Ley Marco de Pensiones, porque eran deficitarios.
Desde encontes, estas pensiones fueron cargadas al Presupuesto Nacional, lo que demanda una factura cercana a los ¢756.000 millones junto con las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.
El proyecto de ley establece un plazo de 18 meses para que los trabajadores que cumplan los requisitos se pensionen con el regímen al que aspiraban.
LEA MÁS: Proyecto para resucitar tope a pensiones de lujo gana fuerza en el Congreso
Vencido ese periodo, nadie más podrá jubilarse con sus antiguas condiciones. Todos pasarían al IVM.
Quienes en ese periodo no estén cerca de cumplir los 60 años de edad y los 30 laborados –requisitos de dichos regímenes– tendrán que trasladarse al IVM y pensionarse con las condiciones de la Caja: un mínimo de 300 cuotas y 65 años de edad.
El proyecto, además, sugiere cerrar los seis regímenes no contributivos con cargo al Presupuesto Nacional. Estos son los fondos de pensión de Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, Beneméritos y Guardia Civil, cuyo costo para el Estado es de ¢12.000 millones anuales.
Con el dictamen, ahora el proyecto pasará a análisis del plenario legislativo.
LEA MÁS: Gobierno impulsa una segunda reforma a pensiones de lujo
Los cambios del texto
Uno de los ajustes más suntanciales, hecho por los diputados al proyecto de ley, fue que eliminaron el artículo seis, que establecía un tope de 23 líneas de pobreza para las nuevas pensiones de lujo (¢2,4 millones).
En su lugar, agregaron el numeral 3 de la ley 7605, que habla de un tope equivalente a ocho de los salarios base más bajos pagados por la administración pública (¢2,2 millones).
Aunque este último es un monto menor, Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones, explicó que, para imponerse ese monto máximo de ¢2,2 millones por una pensión, sería necesario que los ministerios de Trabajo y de Hacienda emitan una resolución para hacerlo efectivo.
“Se elimina el artículo 6 (del proyecto de ler de Morales), que consideramos un error, porque así el tope quedaba sin necesidad de ningún tipo de resolución, automático. El artículo 3 de la ley 7605 (el que se agrega al texto), depende de una resolución, como la que, en su momento, estuvo accionada en la Sala Constitucional”, argumentó Mora.
En el pasado, aunque existía un tope de ¢2,7 millones, nunca se había activado porque, justamente, la ley decreta que para ello los ministerios de Hacienda y Trabajo deben emitir una directriz.
En el 2014, cuando Víctor Morales, siendo ministro de Trabajo, quiso activar esa disposición de la ley, llovieron una serie de reclamos en la Sala Constitucional que paralizaron la puesta en marcha del tope.
En diciembre de 2018, la Sala Constitucional determinó que el tope solo podría imponérseles a los pensionados que se retiraron después de 1998, siempre que no hubieran postergado su pensión.
Por su parte, Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la Comisión de Sociales, no votó ninguna de las mociones para dictaminar el proyecto vistas en ese foro este martes.
Según dijo, en los próximos días presentará un dictamen afirmativo de minoría donde abordará tres asuntos puntuales.
Uno de estos es que pedirá incorporar un artículo que fue sacado por los diputados para eliminar los regímenes de expresidentes y sus sucesores con cargo al Presupuesto Nacional.
El otro punto tiene que ver con el cambio en los topes apuntado por el Director Nacional de Pensiones.
“Yo soy de la tesis de que (el tope) tiene que ser un parámetro universal, en este caso, la referencia para los salarios, porque puede suceder que decidan subir los salarios, y ya con eso, autumáticamente, suben las pensiones. Por eso, en el dictamen volvemos a establecer las 23 líneas de pobreza como referencia para calcular las pensiones”, aseguró León.
El tercer argumento de la liberacionista es que los legisladores decidieron dejar dentro del proyecto de ley de Víctor Morales un artículo que menciona el tope para pensiones múltiples.
“Lo estoy dejando fuera, ya que en la práctica no se puede operacionalizar y, por tanto, debe estar exclusivamente en un proyecto sobre multipensiones”, agregó.
No obstante, no todos los cambios al expediente 21.345 son negativos, aseguró el jerarca de Pensiones.
Mora calificó como “importantísimo” que los dipuatados hayan incluido un numeral para que las sumas giradas de más por la DNP puedan cobrárseles a las pensiones futuras.
Las sumas giradas de más es dinero que esta Dirección deposita en las cuentas de pensionados que ya murieron o benficiarios cuyo derecho ya caducó, porque no cuenta con los mecanismos para verificar, a tiempo, el fallecimiento o la caducidad del derecho a pensión.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que, entre el 2014 y el 2018, esa instancia gastó ¢3.140 millones en sumar giradas de más.
Además del dictamen, los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales acordaron enviar el texto consulta de 16 distintas instituciones.
Entre estas, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, la DNP, la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto también pasará por el tamiz de las cinco universidades públicas, los tres bancos estatales, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).