Los diputados impulsan una lluvia de exoneraciones de impuestos sin conocer el impacto que estas medidas tendrán sobre las finanzas públicas y sin ofrecer medidas de compensación, ya sea de recorte al gasto o de recursos adicionales.

Solo en el caso del impuesto sobre el valor agregado (IVA), los diputados presentaron 28 proyectos de exoneración de ese tributo, nueve de ellos relacionados con la canasta básica.

Al menos cinco de estas iniciativas ya dieron pasos políticos importantes en la Asamblea Legislativa. Ya se aprobaron en el plenario las exoneraciones del IVA a los servicios turísticos y de construcción, por un año.

Además, fue dictaminado en comisión un plan de ley para eximir del impuesto todos los productos e insumos del sector agropecuario, pesquero y agroindustrial hasta el 31 de diciembre del año 2021.

A la vez, fue dispensada de todo trámite una iniciativa para eximir del IVA la canasta básica, los alquileres y los servicios públicos por seis meses.

También otra para que, ante una declaratoria de emergencia o de recesión económica, el Poder Ejecutivo aplique durante un año moratorias del IVA en los alquileres, la electricidad y la venta o entrega de agua que paguen las mipymes.

El tipo exoneraciones contenido en este último proyecto del Partido Restauración Nacional, aseveró la Contraloría General de la República (CGR), “son parte de la problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema tributario”.

“Por ello, conviene que las exoneraciones se justifiquen plenamente, estén sujetas a una temporalidad definida y revisión de su impacto, y de las causas o motivos que las fundamentan”, indica la CGR sobre las exoneraciones.

Incluso, existe otro proyecto para exonerar del IVA los productos de higiene y limpieza como jabones, desinfectantes en spray, sanitizantes, detergentes, alcohol líquido, alcohol en gel, cloro, toallas desinfectantes y guantes de látex o similares.

Otra de las preocupaciones de la Contraloría tiene que ver con las propuestas que buscan reducir en un 20% o 25% el cobro del marchamo para este 2021, el cual se cobraría entre el 1.° de noviembre y el 31 de diciembre.

Para este caso, la Contraloría manifiesta que aprobar esta propuesta de ley agravaría la situación de las finanzas públicas y generaría un disminución en la recaudación tributaria.

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Si bien el fin de los congresistas es ayudar a diversos sectores, existe una carencia común en los proyectos de ley: no poseen estudios sobre el efecto económico que tendrán en el déficit fiscal.

Al menos 440 leyes contienen 1.300 exenciones. Hace dos años, en junio del 2018, la entonces ministra de Hacienda informó a los diputados que los tributos que el Estado no percibe en impuestos por esas exoneraciones representan el 5,38% del producto interno bruto (PIB).

En este monto, también están incluidos los impuestos que se dejan de cobrar a las zonas francas o cooperativas.

Por ello, desde ese año, pidió a los diputados que todas las exenciones tengan un plazo de vigencia máximo de cinco años.

En 2018, la Contraloría también llamó la atención sobre el problema.

“Las exenciones se constituyen en un beneficio, por el cual se autoriza para dejar de pagar parcial o completamente un determinado tributo, por tanto es dinero que el Estado deja de percibir, y por ende es de suma relevancia que exista un adecuado control de estos beneficios otorgados, máxime en una coyuntura donde se busca una mayor eficiencia en la recaudación y control del gasto tributario”, dijo la entidad.

Ministro de Hacienda: ‘Sabemos que va a haber un golpe'

La ausencia de alternativas, para tapar los hoyos que dejarían estos proyectos, empeorarían las deterioradas finanzas públicas, advierte retiradamente la Contraloría General en sus pronunciamientos sobre estos textos.

Tanto la contralora general, Marta Acosta, como el ministro de Hacienda, Elian Villegas, han expresado su preocupación por el daño que las exoneraciones causarían si no hay alternativas.

“Sabemos que va haber un golpe. Esperamos que no sea tan fuerte, lo que habrá que ver es qué aprueban, porque sabemos que hay casi 30 proyectos de exoneraciones de distinto tipo, algunas son sobre las mismas cosas pero, si se llegaran a aprobar todo, pues ahí sí se provoca un desarme”, dijo el ministro de Hacienda.

“Hay impuestos como el del IVA que, si se tocan mucho, entonces empezamos a perder gran parte de la fuerza que tiene el impuesto, que al fin y al cabo es que está concadenado con las distintas actividades para, a partir de ahí, llevar los controles; entonces, no sirve”, manifestó Villegas .

Asimismo, el titular de Hacienda lamentó que se den exoneraciones ante el esfuerzo que se hizo hace dos años para aprobar la reforma fiscal, y considera que “con mucha facilidad se puede echar a perder”.

Recientemente, la Contraloría certificó una caída de ¢1,2 billones en la recaudación de impuestos a causa de la pandemia, lo que significa una reducción de un 21% en los ingresos corrientes previstos para el 2020.

Las exoneraciones de impuestos reducirán aún más estos ingresos.

En el caso del IVA al turismo, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, les ofreció a los diputados un plan alternativo al señalar que el proyecto sería contraproducente para los empresarios turísticos, pues no podrían trasladar a sus clientes el IVA que ellos sí deben pagar por insumos, pero los diputados no la tomaron en cuenta.

En el caso de la exoneración del sector agroindustrial y pesquero, el proyecto avanzó aun cuando la Defensoría de los Habitantes dijo al respecto: “Carece de criterios técnicos y objetivos que permitan determinar el beneficio de esta medida para los diferentes sectores productivos y para el consumidor final, así como se desconoce su impacto sobre la recaudación tributaria y, por ende, de su incidencia sobre el déficit fiscal”.

Menor impacto al déficit

Para compensar el vacío que dejarían las exoneraciones el jerarca de Hacienda le pidió al Congreso aprobar el plan para eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar, que según él generaría recursos por ¢40.000 millones y serían suficiente compensación.

Por otro lado el diputado Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN y uno de los legisladores que ha impulsado exoneraciones, afirmó: “Es un tema que hay que verlo con toda la delicadeza porque recordemos que el país aprobó la ley de Finanzas Públicas (reforma fiscal), que venía generando ingresos muy importantes al país y que estábamos generando mayor justicia tributaria a través del IVA”.

El legislador recalcó que se es importante discutir el tema de la renta al salario escolar como medida para compensar dinero a las arcas estatales.