Política

Diputados pausan plan que cerraría puerta a nuevas pensiones de lujo

Proyecto también fijaría un nuevo tope a ciertas jubilaciones, pero la Procuraduría señaló roces constitucionales

Los jefes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa acordaron este jueves, en su reunión semanal, frenar por un mes el avance del proyecto que evitaría el nacimiento de nuevas pensiones de lujo en los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

La idea del plan es pasar al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios que entraron a trabajar antes de 1992 y que aún pueden pensionarse con anteriores regímenes de Gobierno que otorgan costosas ventajas.

En algunos casos, por ejemplo, los servidores pueden pensionarse con el promedio de los 12 mejores salarios mensuales entre los últimos 24. En 1992, la Ley Marco de Pensiones cerró estos regímenes, como los de Hacienda, General de Pensiones, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles y Músicos de Bandas Militares.

El proyecto de ley establece un último plazo de 18 meses para que los trabajadores que cumplan los requisitos se pensionen en estos sistemas.

El plan, además, fijaría un tope de ¢2,4 millones para ciertas pensiones vigentes. Esa cifra equivale a 23 veces la línea de pobreza según la determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

El tope solo se podría aplicar a las pensiones otorgadas después del 28 de diciembre 1998, siempre y cuando sus titulares no hayan postergado su jubilación.

La decisión por los jefes de fracción tomada es devolver a la comisión dictaminadora el expediente 21.345, del exdiputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), donde se le harían modificaciones de acuerdo con las observaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

El jefe del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, manifestó que un criterio reciente sobre dicha institución no fue evacuado, y este señala que el proyecto presenta “eventuales roces de constitucionalidad y claros inconvenientes a nivel jurídico” que, de acuerdo con la PGR, podrían ser solventados con una adecuada técnica jurídica.

Con el liberal coincidió la subjefa de Nueva República, Olga Morera, quien detalló que el proyecto iría a revisión en la Comisión de Asuntos Sociales.

El proyecto también crea una comisión de administración para los cotizantes de los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional.

El vocero frenteamplista, Jonathan Acuña, planteó dudas sobre el tamaño “de la cirugía” que se le debería hacer al expediente legislativo, pues indicó que si eran cambios puntuales, se podrían realizar solamente retrotrayendo el proyecto al primer debate, lo que permitiría al plenario hacer los ajustes en su seno.

“He visto los señalamientos de la Procuraduría y quizá no sean demasiado grandes”, indicó.

Si bien Feinzaig coincidió con Acuña en que se podrían utilizar cualquiera de las dos vías, manifestó que no se trataba de reformas que pudiesen estar listas en 24 horas, por lo que en todo caso se tendría que frenar el avance al menos dos semanas.

“El proyecto requiere mayor análisis y lo mejor sería que lo viera Sociales para que haga las correcciones, que la ley, cuando salga, tenga rigurosidad y calidad”, comentó la fabricista.

La socialcristiana Daniela Rojas agregó que, aunque todas las fracciones conocen del informe de la Procuraduría, no se ha determinado cuáles son las preocupaciones de cada bancada, como para que se alcance fácilmente un consenso entre partidos.

Liberación Nacional (PLN) acuerpó la pausa, según lo anunció la jefa, Kattia Rivera.

El plan tuvo acompañamiento de la Dirección Nacional de Pensiones y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que emitió un estudio técnico al respecto.

Adicionalmente, Rivera solicitó a la jefa oficialista, Pilar Cisneros, que se aporten los estudios actuariales más actuales respecto a los regímenes de pensiones que busca cerrar el proyecto, en torno a la afectación de las 462 personas que están en esos regímenes.

Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático, se comprometió a conseguir esos estudios actuariales más recientes.

“Estamos de acuerdo en esa moción para regresarlo a comisión con un plazo definido, y ocupando el primer lugar de la agenda hasta el trámite final, porque las pensiones de lujo o de privilegio es un problema grave para el país, por lo que estamos dedicando en dinero a pagar pensiones por las cuales nunca se cotizó. En la situación en que estamos me da vergüenza que no hagamos esfuerzos por que esto avance”, apuntó Cisneros.

El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, anunció que él coincide que la jefa del partido de gobierno porque es un tema que debe abordarse con mucha urgencia y continuar gestiones de las últimas administraciones en ese campo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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