Los diputados liberaron de culpa al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, por el acuerdo que firmó con los sindicatos de la institución en febrero del 2019, en el que aceptó pagar los incentivos salariales de los empleados de manera contraria a la reforma fiscal.

En su lugar, los congresistas le endilgaron la responsabilidad al gobierno, al que acusaron de emitir normativa “cambiante”, la cual “se prestaba para interpretaciones diferentes”.

El acuerdo de Macaya con los sindicatos derivó en una huelga en agosto del 2019, al final de la cual se firmó otro acuerdo en el que tanto la CCSS como el gobierno aceptaron, de nuevo, seguir pagando los incentivos en forma opuesta a la reforma fiscal.

Este jueves, la mayoría de los legisladores de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos archivó la investigación abierta en agosto del 2019 contra el jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el pacto del 20 de febrero de 2019 con los sindicatos.

En ese acuerdo, Macaya se comprometió a seguir pagando a los funcionarios de la CCCS las anualidades y los pluses como porcentajes sobre el salario, en lugar de transformarlos a montos fijos como lo dispuso la reforma fiscal. Para ello, se fundamentó en un criterio jurídico de la propia Caja.

Cuando la investigación fue abierta, los diputados consideraron que el acuerdo suscrito por el presidente ejecutivo de la Caja “claramente violentaba la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (9635).

El artículo 50 de la reforma fiscal estableció que las anualidades debían migrar un monto nominal fijo para cada escala salarial, mientras que el numeral 54 ordena convertir cualquier otro incentivo o compensación a un monto fijo.

La situación se revirtió hasta que, en setiembre del 2019, ante una solicitud de diputados del PUSC, la Contraloría General de la República ordenó la CCSS aplicar la reforma fiscal y desconocer los acuerdos suscritos por Macaya al considerar que no constituyen actos administrativos.

Posteriores estudios de la propia Caja señalaron que esa orden de la Contraloría le ahorrará a la institución ¢1 billón en los próximos 12 años y extenderá en cinco años la sostenibilidad financiera del seguro de salud, pasando del 2027 al 2032 el año en que los ingresos no alcanzarán para cubrir los costos.

Este jueves 4 de junio, siete de los ocho diputados presentes en la Comisión de Control de Gasto votaron a favor de archivar la investigación sobre Macaya.

“No se da por probado que el actuar del señor Román Macaya Hayes, al firmar el 20 de febrero un acuerdo con los sindicatos de la CCSS, haya violentado la aplicación de ley 9635”, afirmaron los congresistas en el informe de mayoría.

Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), argumentó que, aunque él siempre ha sido un “un fiel defensor de la Caja”, no se encontraron fundamentos legales para abrir un procedimiento contra el presidente ejecutivo.

Además de él, se pronunciaron a favor de archivar la investigación Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Jonathan Prendas, del bloque Nueva República (PNR); Luis Ramón Cascante, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN); y el independiente Érick Rodríguez.

Solo Yorleny León, del PLN y presidenta de ese foro legislativo, votó en contra de desistir de la pesquisa.

“No estoy de acuerdo en que haya que archivarlo. Ahí hubo actos que, definitivamente, tienen que ser revisados no solamente por la Contraloría General de la República, sino por el Ministerio Público y por la Procuraduría de la Ética”, comentó la verdiblanca.

El único miembro de la comisión que no votó fue Carlos Ricardo Benavides, también del PLN, pues estuvo ausente.

Culpa del gobierno

Según el informe de mayoría, el Ejecutivo hizo cuatro variaciones al decreto N° 41564, mediante el cual se reglamentó el Título III de la reforma fiscal, referente al empleo público.

“La incertidumbre y el constante cambio en los decretos que definían el ámbito de aplicación de esta ley, no solo eran cambiantes, sino que se prestaban para interpretaciones diferentes”, dicta el documento.

Los diputados alegaron que la primera versión del decreto indicó que todas las anualidades se debían calcular en forma nominal, pero la segunda señalaba que esa regla regía para las adquiridas después del 4 de diciembre de 2018, cuando entró a regir el plan fiscal.

Asimismo, los diputados justificaron que Macaya firmó uno de los acuerdos para acabar con la huelga a la que habían ido los sindicatos de la CCSS reclamando el cumplimiento del pacto de febrero del 2020.

“Tenía como fin principal (el pacto) estabilizar los servicios de atención médica, en especial los de alto impacto para la salud de la ciudadanía, como el caso de las emergencias, operaciones y las además citas que generarían altos costos para la CCSS y el país si no se continuaba con el servicio”.

“Por esto, es que se plantea una solución ante los sindicatos dado el ambiente de inestabilidad y efervescencia que se daba en el país por lo ambiguo y poco claro en la forma de aplicar la ley N. 9635”, reza el informe.

Aunque el Congreso fue el que aprobó la reforma fiscal, los diputados investigadores alegaron que ni siquiera los creadores tenían claridad sobre la ley.

“Es claro que ni siquiera las autoridades competentes y quienes crearon y apoyaron la aprobación de esta ley, refiérase al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y entes involucrados como la Procuraduría General de la República y el Servicio Civil, tenían claridad de la forma en que se debía interpretar y aplicar la normativa en tema de anualidades y otros pluses salariales".

“Tanto así que el Poder Ejecutivo presentó cuatro decretos ejecutivos referidos a clarificar esta aplicación en diferentes tiempos, algunos de ellos cercanos, en días, a las negociaciones de la CCSS con los sindicatos”, agregaron los diputados.

La Nación intentó conocer la posición de Pilar Garrido. Sin embargo, al cierre de esta edición no había contestado.

El informe de mayoría lo firmaron Otto Roberto Vargas (PRSC), Paola Vega (PAC), Érick Rodríguez (independiente), Jonathan Prendas (NR), Xiomara Rodríguez (PRN), Shirley Díaz (PUSC), Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón (ambos del PLN).

Un segundo informe

Este mismo jueves, la liberacionista León presentó ante la secretaría de la Comisión de Ingreso y Gasto un nuevo informe para abrir otra investigación sobre el acuerdo firmado por Macaya.

Se trata de un acuerdo de minoría, firmado por ella y por Benavides, que traza “dos áreas de negligencia” relacionadas con ese mismo caso.

Una coincide con el informe de mayoría, en el sentido de que, efectivamente, la emisión de distintos decretos generó confusiones en torno a cómo debía aplicarse la ley.

La otra responsabiliza a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, “en términos de que, siendo ella la rectora de empleo público, nunca alzó la voz para manifestarse en contra de esos acuerdos que firmó Macaya con los sindicatos”, expresó León.

Para la verdiblanca, no hay un compromiso real de parte de la administración Alvarado con la reforma fiscal.

“La conclusión general es que, cada vez que el gobierno está en una situación conflictiva con un grupo o con una institución, decide apartarse de lo que está establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Lo vimos con las universidades, con la Corte, donde si no es por la intervención de la Contraloría (General de la República) el Ejecutivo se hace el loco. Lo vimos en esa negociación (de la Caja), donde el ministro de la Presidencia (en ese momento Víctor Morales Mora), que había sido un diputado sumamente activo en la aprobación de la reforma fiscal, decide acuerpar un conjunto de acuerdos contrarios a lo que dice la ley”, conluyó.

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