Josué Bravo.   26 enero
El ICE, en la parte de telecomunicaciones, el BN y el INS son empresas públicas en competencia. Fotografía: Archivo GN

Con los votos de siete legisladores del PLN, PAC, PUSC, el bloque fabricista y dos independientes, la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso aprobó una moción que excluye a las empresas públicas en competencia, como el Banco Nacional o el Instituto Nacional de Seguros (INS), de la reforma al empleo público.

La iniciativa, propuesta por el legislador de Gobierno, Víctor Morales Mora, también contó con el respaldo de los liberacionistas Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca, el socialcristiano Rodolfo Peña, el fabricista Jonathan Prendas y los independientes Dragos Dolanescu y Zoila Rosa Volio.

La moción elimina el inciso d) del artículo 2 del proyecto de ley que define su ámbito de acción del proyecto sobre las instituciones del Gobierno Central, los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las instituciones autónomas como las universidades públicas y la CCSS.

También, incluía a las empresas públicas en competencia, pero los diputados las eliminaron del proyecto.

El inciso d) eliminado incluía a este sector definiéndolo así: “Las empresas e instituciones públicas en competencia, las cuales se regirán única y exclusivamente por los principios contenidos en la presente ley.

Víctor Morales, de Acción Ciudadana (PAC), dijo que, en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solo quedaría excluida la parte que está en competencia, es decir, la de telecomunicaciones.

“Obviamente, estamos hablando de la actividad económica de las empresas del Estado que están en competencia. Si no está en competencia, pues no se le aplica”, aseveró.

No obstante, el texto no lo precisa así. Votaron en contra el liberacionista David Gourzong y la socialcristiana Aracelly Salas.

El proyecto de empleo público propone crear un único régimen salarial para el Estado, en el que los salarios no dependan de los diversos pluses que hoy existen a lo largo del sector público. En su lugar, se crearía un esquema de salario global sin pluses, en el que se definirán escalas salariales para las diversas familias de puestos laborales.

La semana pasada, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para que las empresas públicas aporten hasta un 30% de sus ganancias para ayudar a pagar la deuda pública durante cuatro años. El plan es parte del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Negociación

Antes de la discusión, Morales adelantó que la exclusión de las empresas públicas en competencia era producto de las negociaciones que se han desarrollado entre las fracciones. Previo a la votación hubo dos espacios de receso para finiquitar negociaciones.

“Hemos llegado a la conclusión de que, ciertamente, a las empresas públicas en competencia hay que crearles condiciones diferenciadas para que, precisamente, puedan competir en un mercado abierto”, expuso Morales.

El rojiamarillo no cree que, a raíz de esta exclusión, otras instituciones pidan ser retiradas del texto, pero bajo la figura de instituciones autónomas.

“La posición nuestra aquí ha sido no excluirlas. Ni el Poder Judicial, ni las universidades que fueron temas de discusión; no se les excluyó”, puntualizó.

Recordó que en empresas estatales financieras como el Banco de Costa Rica (BCR) ya se implementa el salario global para nuevas contrataciones.

Indicó que algunos bancos estatales plantearon la idea de que están en un mercado agresivo, por lo que la reforma, aseveraron, les limitaba contratar personal para afrontar esa dinámica, dijo Morales.

“Recordemos que en un momento esas empresas no estaban en competencia, tenían el monopolio. Cuando se empezó a abrir el monopolio, se dijo sí, vamos a ponerlas a competir, pero vamos a darle los instrumentos. Aquí se trata de darle las posibilidades de competir y no que esté limitada”, aseguró.

Luis Fernando Chacón, vocero del PLN, también dijo que los bancos estatales plantearon ese señalamiento que mencionó Morales.

“Hemos escuchado preocupaciones de que la fuerte de la contención del gasto está en le Ley 9635 (reforma fiscal), donde todas las instituciones del país están obligadas a un control del gasto público y esto pasa por salarios, remuneraciones, incentivos, etcétera”, citó el verdiblanco.

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Agregó que, si esas empresas se someten a una nueva regulación salarial, tendrían poca flexibilidad para contratar personal con el perfil idóneo para poder competir.

“La reforma las metía en una camisa general donde no se puede relacionar a una institución pública en competencia con un ministerio que tiene que ver con política pública”, expuso Chacón.

“No pueden seguir siendo amarradas y que se las coma la parte privada. Hay instituciones que juegan un rol en el desarrollo del país, Estas deben seguir siendo fortalecidas, pero deben asumir una responsabilidad en la contención del gasto”, insistió el jefe del PLN.

Junto a la exclusión de las empresas públicas en competencia, se eliminaron los beneficios que estaban contemplados en los artículos 38, 39 y 40 del proyecto de ley.

El 38 otorgaba un permiso no remunerado de un tercio de la jornada del funcionario, durante un periodo máximo de un año, por razones de cuido de un familiar con consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, con discapacidad, enfermedad terminal o accidente.

El 39 ampliaba la licencia de maternidad sin remuneración hasta por dos meses en casos de nacimiento prematuro, discapacidad, enfermedad y partos múltiples.

El 40 indicaba que el padre podría obtener un permiso sin goce de salario de hasta un mes, posterior al nacimiento de un hijo, o al momento de concretarse la adopción.

El legislador José María Villalta y Paola Vega, del PAC, también propusieron eliminar a las empresas públicas en competencia. Vega había solicitado que también se excluyera a las universidades públicas.

Las mociones de ambos fueron rechazadas por la comisión.

En el primer día de discusión de la mociones de ajuste a la reforma al empleo público, la comisión evacuó 53 mociones. Aprobó otras siete iniciativas que básicamente ajustaban la redacción del texto, algunas de la diputada Paola Vega que variaba las palabras funcionario público por servidor público.

Aún restan discutir 248 propuestas, entre ellas las de salario global y regulación de la negociación de convenciones colectivas en el aparato público.

Morales, quien preside ese foro, anunció que esta semana habrá tres sesiones más, dos de ellas extraordinarias, para avanzar en la discusión del total de las 301 mociones de fondo.

“El ideal para mí sería que al jueves, al mediodía podamos llegar a las 301 moción. Dependerá mucho de las intervenciones de los diputados. Como ustedes lo vieron hoy, si vienen diputados a defender una moción tiene 15 minutos para tienen 15 minutos para hacerlo”, dijo.