Política

Diputados evalúan aumentar deuda pública para satisfacer fondos a sectores

Mociones de tres legisladores pretenden incrementar la emisión de títulos de deuda interna para reducir en ¢62.400 millones el recorte al gasto público

Los diputados discutirán este jueves diez mociones que aumentarían el endeudamiento público para restituir recursos a diversas instituciones públicas, dentro del segundo presupuesto extraordinario del 2020.

De ser aprobadas, estas mociones disminuirían en ¢62.400 millones el recorte de ¢328.000 millones planteado por el Gobierno luego de que la recaudación de impuestos cayó en casi ¢1,2 billones por causa de la pandemia.

Las mociones que subirían la deuda pública fueron planteadas por los diputados José María Villalta, del Frente Amplio; y Erwen Masís y Oscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Sus iniciativas son parte de las 28 mociones de fondo presentadas al segundo presupuesto extraordinario 2020, las cuales deben ser discutidas por el plenario legislativo, de cara a la votación en primer debate.

Individualmente, Villalta presentó mociones que restituirían fondos, mediante la colocación de bonos de deuda pública, por ¢36.000 millones.

Luego, Villalta, Masís y Cascante presentaron una moción conjunta que sumaría otros ¢15.264 millones y, finalmente, Masís presentó una por aparte por ¢11.053 millones.

La tarde del miércoles, el plenario aprobó una primera propuesta de cambio de Villalta que aumentaría el endeudamiento en ¢2.840 millones para restituir transferencias a asociaciones de desarrollo que fueron cortadas debido a la caída del impuesto de renta. No obstante, luego quedó pendiente de revisión.

Otras tres mociones del frenteamplista, la 9, la 10 y la 12, según el orden de discusión, incrementarían la deuda en ¢7.199 millones para reponer fondos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), al cual el ministro de Hacienda, Elian Villegas, achacó tener un superávit de ¢76.500 millones de dinero no ejecutado de años anteriores.

El dinero se destinaría a las partidas de bono colectivo de vivienda y desarrollo de obras comunales.

Luego, la moción 13, también de Villalta, pretende restituir ¢20.160 millones, a través de deuda, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Otra propuesta del diputado frenteamplista, la número 11, también ordenaría que el Gobierno se endeude por ¢3.169 millones también para el Fodesaf.

La última propuesta individual de Villalta reintegraría ¢2.716 millones al Ministerio de Gobernación para que se redistribuyan a las asociaciones de desarrollo.

La moción conjunta del frenteamplista y los socialcristianos autorizaría nueva deuda por ¢15.264 millones para atenuar el recorte al Fodesaf.

En tanto, los ¢11.053 millones que Erwen Masís pide que sumar a la deuda serían para restituir el recorte al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Si el plenario aprueba todas esas propuestas, el monto total se sumaría a los ¢664.000 millones de nueva deuda que el Ministerio de Hacienda solicitó para tapar los ingresos caídos del Gobierno.

El resto será cubierto con un crédito de ¢217.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (BID).

La discusión legislativa

Al cuestionar las reducciones al Banhvi, Villalta mencionó que se estarían afectando familias con escasos recursos que no tienen garantizado el derecho a vivienda. “Es un tema altamente sensible”, dijo el legislador en la discusión de este miércoles.

“No estoy en contra de recortes, estoy en contra de este recorte”, añadió, al tiempo que advertía de la disminución de más de 2.000 soluciones de vivienda a familias si se concretaba la rebaja, muchas de ellas, dijo, hoy habitan en hacinamiento.

“Queremos proteger a esas personas que necesitan ser protegidas y reactivar la economía en la construcción de vivienda de interés social”, resumió. Luego, afirmó que, la construcción de viviendas sociales es parte de la atención de la pandemia.

El frentamplista afirma que es “mentira” que hayan superávits o recursos ociosos, porque, según indicó, este tipo de programas necesita de flujo permanente de recursos, debido a que los proyectos no se desarrollan de un día para oro.

Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, se había comprometido a no hacer ajustes en los presupuestos de inversión social.

“Jamás esperé que el gobierno entrara en contradicciones”, expuso la lineracionista. En la misma intervención, Nicolás propuso gravar con más impuesto de renta a los grandes capitales del país.

A las críticas de Villalta y Nicolás se sumaron Shirley Díaz, subjefa de fracción del PUSC; y Jonathan Prendas, de Nueva República.

Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, dijo que las reducciones contenidas en este presupuesto no deben entenderse sin el contexto económico actual, donde los ingresos cayeron ¢1,2 billones.

“El recorte no es interés de no hacer en inversión publica. Son recursos que no están, que no se van a recaudar, que no van a ingresar a las arcas públicas y que ni siquiera se puede garantizar que se van a buscar vía deuda”, expuso el rojiamarillo.

Afirmó que los recortes al Banhvi son recursos que no tienen urgencia de ejecutarse durante el 2020.

“Si hay urgencias del año 2020 se pueden compensar con recursos que el Banhvi tiene en bonos de inversión por más de ¢20.000 millones o recursos del superávits que sí tienen”, añadió el jefe del PAC.

“Lo que significa, en el mejor de los casos, es un aumento de la deuda pagando 8% de intereses, ¿para que se queden en un superávit o pasen a un fondo de inversión para el futuro? No es justo que el Estado tenga que endeudarse de esa manera. Eso no es defender derecho la vivienda”, cuestionó Sánchez.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.