EscucharLos diputados evadieron, este miércoles, la discusión de un proyecto de ley para regular la gasolina que ellos reciben, pese a la polémica desatada en los últimos días por los millonarios gastos en que han incurrido algunos congresistas.
Estaba previsto que dicha iniciativa fuera discutida hoy en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, pero no ocurrió.
En un video difundido una hora después de la sesión, el socialcristiano Pablo Abarca, presidente de la comision, reconoció que él prefirió no ver el proyecto, porque asegura que “no tiene un texto final acordado entre los miembros de la Comisión de Gobierno”.
Abarca admitió que, una semana atrás, se había hablado sobre la posibilidad de acordar un texto para este martes, pero sostuvo que no fue posible y que “la presidencia decidió no avocar el proyecto, porque no hay informe de subcomisión”. Aseveró que, cuando haya una redacción de consenso, el plan avanzará.
Tanto el socialcristiano como el independiente Jonathan Prendas alegan que la regulación al uso de combustible se debe extender a otros miembros de los supremos poderes.
El plan propuesto por Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), está presentado desde el 7 de abril del 2021 y su plazo vence en comisión el 31 de mayo del 2022, cuando se habrá terminado el periodo de los actuales diputados.
Tras enterarse de la decisión del socialcristiano, Hidalgo acusó al legislador de romper un acuerdo: “No hay intención de regular este recurso. Es una lástima y una vergüenza que Pablo Abarca no quiera avanzar con un proyecto que la ciudadanía está exigiendo”.
La propuesta toma relevancia después de que La Nación reveló que la independiente Ivonne Acuña gastó, en un solo día, el 30 de noviembre, ¢3,2 millones en combustible con el dinero que la Asamblea le da como ayuda técnica para su labor.
El medio ameliarueda.com, por su parte, dio a conocer gastos millonarios de la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, que en cuatro días, entre diciembre y enero pasados, pagó más de ¢2 millones con la tarjeta provista por el Congreso.
La Procuraduría General de la República ha dicho que los 500 litros que reciben los diputados cada mes constituyen una ayuda técnica para su labor legislativa y no se trata de una parte del salario. De hecho, si fuera parte de su remuneración, los diputados también tendrían que pagar impuestos sobre esa parte.
Al precio actual de la gasolina súper, los diputados recibirían este mes ¢411.000 en una tarjeta que les asigna el Congreso para la compra de combustible. Sin embargo, un criterio de la Asesoría Legal de julio del 2014 abrió la puerta para que los congresistas hagan gastos millonarios, al permitir que se quitara el tope de consumo mensual de la cuenta bancaria.
En la propuesta de Carolina Hidalgo, se modifica la redacción del artículo 5 de la ley 7532, Ley de remuneración de los diputados, para que diga que el combustible debe usarse en los vehículos automotores particulares y en los vehículos institucionales del Congreso.
También se limitaría para que el combustible se pueda utilizar solo para giras y desplazamientos vinculados con las funciones propias del cargo legislativo.
El proyecto le transfiere obligaciones al Directorio legislativo para emitir mecanismos de control que permitan garantizar el uso funcional de esa cuota de combustible.
‘No hay acuerdo’
Consultado este martes sobre el proyecto, Abarca reconoció que no está de acuerdo con la propuesta. “No hemos conseguido un acuerdo alternativo”, añadió. En sus redes, días atrás, respondió que el expediente 22.459 “no resuelve el tema del uso de combustible en diputados”.
“Hemos solicitado más tiempo en la Comisión de Gobierno y Administración para construir un texto que haga eficiente la norma y que garantice que el combustible es usado para labores propias del cargo y demás vehículos discrecionales del Estado”, aseguró Abarca.
Indicó que su intención es incluir dentro de ese mecanismo de control al combustible que usan el presidente de la República y la presidenta de la Asamblea, los magistrados de la Corte Suprema y los del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los vicepresidentes de la Repúoblica, los ministros y los presidentes ejecutivos, la contralora general, el procurador general, el fiscal general de la República y la defensora de los Habitantes.
No obstante, el proyecto en discusión de esa Comisión de Gobierno que Abarca preside es una reforma a la Ley de remuneración de los diputados.
El oficialista Víctor Morales Mora respondió que él está de acuerdo con la iniciativa y que fue Pablo Abarca quien dijo, este martes, que los diputados integrantes de la subcomisión no tienen un acuerdo sobre el texto.
Dicha subcomisión la integran José María Guevara, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), y el independiente Dragos Dolanescu.
Gourzong faltó este martes a sesión y respondió, consultado por La Nación, que no se había enterado de lo sucedido en el foro, pero no respondió cuando se le preguntó su posición sobre la iniciativa.
Mientras tanto, Zoila Volio se manifestó a favor, mientras que Jonathan Prendas respondió que él siempre va a “estar a favor de una mejora en la ley”, pero alegó que “el texto sigue en construcción”. Luis Fernando Chacón, del PLN, y el independiente Dolanescu no respondieron la consulta.
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