Los diputados superaron este martes la discusión del 60% de las 352 mociones reiteradas al proyecto de reforma al empleo público en el plenario legislativo.
Luego de seis sesiones, los congresistas han evacuado 210 propuestas.
Un total de 200 mociones fueron rechazadas, cinco fueron aprobadas y cinco retiradas por los proponentes. Tres más habían sido declaradas inadmisibles por haberse aprobado en comisión.
Hasta ahora, la discusión ha consumido cerca de 30 horas.
Ese tiempo de debate se distribuye en tres sesiones extraordinarias de jornadas de aproximadamente siete horas cada una (mañana y tarde), los días 22, 23 y 24 de marzo; así como un poco más dos horas de la sesión ordinaria del lunes 5 de abril y siete horas de dos extraordinarias de este martes.
La jornada del 25 de marzo se suspendió, pues el plenario no logró el cuórum de ley con 38 diputados, por lo que se desaprovechó en avanzar más en el trámite del proyecto.
En la sesión extraordinaria de la mañana de este martes, el plenario rechazó 22 mociones y por la tarde otras 23, para un total de 45 durante todo el día.
De estas, 13 corresponden a propuestas de Walter Muñoz, legislador del Partido Integración Nacional (PIN), quien reiteró en el plenario 84 iniciativas que fueron rechazadas cuando el proyecto se formó en la Comisión de Gobierno y Administración.
El diputado del PIN duró más de 13 horas defendiendo a sus mociones distribuidas en cuatro jornadas, pese a que el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, le propuso negociar convocatoria de proyectos en el actual periodo de sesiones extraordinarias, para que retirara mociones.
En todo ese tiempo, Muñoz se dedicó a atacar la reforma, la que considera violenta principios constitucionales; añade que no resuelve el problema del empleo público y que carece de estudios técnicos.
Este martes también se rechazaron tres mociones de la independiente Ivonne Acuña, dos de Welmer Ramos y las primeras tres de Paola Vega, ambos del PAC, y otra de la liberacionista Yorleny León, así como 23 del frenteamplista José María Villalta.
Con el 60% de avance, al plenario legislativo le restan por discutir 139 mociones de fondo; de ellas, 37 son de Villalta y 72 de Paola Vega y Welmer Ramos.
Partiendo de que por cada moción se puede durar en promedio ocho minutos de discusión, cinco de ellos usados por el proponente para hacer la defensa y alrededor de adicionales tres por cada proceso de votación, las 139 mociones restantes se discutirían en alrededor de 16 horas.
Ese cálculo no toma en cuenta el tiempo que podría demandar discutir por el fondo las mociones, en caso de que se apruebe someterlas a votación, para lo cual se destinan diez minutos de discusión por iniciativa, más el promedio de tres minutos por cada votación.
Para esta semana, hasta el jueves, restan 14 horas de sesión distribuidas en cuatro jornadas extraordinarias, por lo que es probable que algunas mociones de reiteración queden pendiente de discusión al final de ese plazo.
Superada la etapa de las reiteraciones, el plenario entraría a revisar votaciones de las mociones de reiteración. Antes de esta semana se habían presentado 90 solicitudes de revisión, 82 de estas solicitadas por Walter Muñoz, Paola Vega y la socialcristiana Shirley Díaz.
Por cada revisión, el artículo 155 del reglamento legislativo concede cinco minutos de discurso al legislador que la solicitó y otros cinco minutos a otro que se manifieste en contra.
En cada una de ellas se usarían en promedio 13 minutos si se rechazan, lo que implicaría alrededor de 20 horas adicionales, cerca de tres días con jornadas de 7 horas cada uno.
Si alguna revisión se aprueba, se entraría a votar por el fondo por unos tres minutos por cada moción que entre a esa etapa.
Este lunes, las ministras de la Presidencia y Planificación, Geannina Dinarte y Pilar Garrido, acudieron al Congreso para evacuar dudas de los diputados que más han presentado mociones, como Vega y Ramos, quienes piden excluir instituciones de la reforma.
Continuaron con la misma gestión este martes. Tras más de una hora de reunión con el diputado Ramos, en una sala adjunta del plenario, Dinarte confirmó que el Gobierno hará un texto para simular cómo quedaría el proyecto una vez que se incorpore una moción de Yorleny León.
Esa propuesta de la liberacionista volvería a incluir a las universidades públicas y a las municipalidades en el proyecto, las cuales quedaron excluidas durante la revisión del texto en la comisión legislativa de Gobierno y Administración.
Al mismo tiempo, la moción deja en claro que la rectoría política de empleo público queda en el Ministerio de Planificación, aunque no aclara las funciones de la Dirección General del Servicio Civil.