Los diputados están a una sesión de finiquitar todas las mociones que pesaban sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, luego de casi tres meses dedicados a discutir una amplia cantidad de propuestas que, por la etapa del trámite, tocaba debatir en el plenario.
Este jueves, el plenario de la Asamblea Legislativa atestiguó el trámite de 30 mociones, algunas defendidas por Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y otras por José María Villalta, del Frente Amplio.
En los meses anteriores, se discutieron 349 mociones de reiteración presentadas por los legisladores, sobre propuestas que se habían rechazado en el trámite del proyecto en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración.
En la etapa actual, los legisladores están por terminar la discusión y votación de 188 mociones que planteaban revisar las decisiones tomadas sobre el 54% de las reiteraciones.
Para el lunes, los jefes de las fracciones políticas acordaron que, en una sola sesión, se podrán terminar de discutir las 17 mociones de revisión restantes y, después de eso, enviar el expediente 21.336 a consulta de varias instituciones.
Puesto que la consulta legislativa usualmente se extiende por ocho días hábiles, el plan sobre empleo público regresaría al plenario, para su votación en primer debate, para la segunda semana de junio.
Entre las mociones revisadas este jueves, Welmer Ramos hizo un último intento para que las universidades quedaran fuera del ámbito de aplicación de las nuevas reglas sobre empleo público, pero sus propuestas no fueron bien acogidas entre las demás fracciones.
Tampoco tuvo éxito el frenteamplista José María Villalta con sus intentos para modificar la cláusula de objeción de conciencia, que permitiría a funcionarios públicos negarse a participar de capacitaciones alegando desacuerdo entre sus creencias personales y la actividad.
Esa cláusula fue impulsada por Jonathan Prendas, legislador independiente del bloque Nueva República, e incluida en el plan de empleo público con la venia del Partido Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La reforma al empleo público sustituirá el sistema actual de pluses salariales del sector público por un esquema de salario global, en el que no existan lo pluses y en el que se aplique el principio de “igual trabajo, igual salario”, en el Estado.
La jefa del PAC, Laura Guido, planteó este jueves en la reunión de las jefaturas que el lunes se debe dedicar a finalizar las mociones de empleo público y manifestó su preocupación de que, ya que las bancadas buscan hacer control político, y aprobar el plan para frenar el aumento salarial de los congresistas, se siga atrasando empleo público.
No obstante, la mayoría de representantes partidarios expresó un ambiente favorable para que, después de tantas semanas del trámite, finalmente la iniciativa sobre empleo público termine el empedrado camino de mociones que atraviesa en el plenario del Congreso.
De la mano de ese avance, las fracciones también buscarán agilizar, una vez instaladas las comisiones legislativas, el trámite de varios préstamos, entre ellos el de ¢1.750 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).